El estado español se vuelve a salir de la foto, no sólo por ser el estado de la Unión Europea dónde más se desahucia, con más vivienda vacía y con el parque público más pequeño, sino porqué también lidera el ranking de los países que menos invierten en políticas públicas de vivienda.
Estos días se debaten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la cruda realidad es que, lejos de invertir entre el 1,5% y el 3% del PIB en políticas públicas de vivienda, como pasa en los países de nuestro entorno europeo, el PP propone destinar tan sólo un 0,05% del PIB español a vivienda. Si echamos la vista atrás, podemos ver como desde la entrada al Gobierno de Mariano Rajoy, el presupuesto en políticas de vivienda se ha recortado en un 61,7%. Los dos últimos años la inversión ha sido de 587 millones de euros, mientras la deducción fiscal por compra de vivienda ha sido de más de mil millones de euros.
Los Presupuestos 2017 contemplan una partida inferior a los 500 millones de euros, lejos de los 16 mil millones de euros que se deberían destinar a inversión en políticas públicas de vivienda para llegar al menos al 1,5% del PIB. Y “abróchense los cinturones”: de 2009 a 2017, se ha recortado la partida de vivienda en un 71%, es decir que si el PP sigue a este ritmo, en 5 años se habrá extinguido de los Presupuestos Generales del Estado la inversión en vivienda.
Es importante señalar que las políticas públicas de vivienda dependen en gran parte de los presupuestos generales pero también –y mucho- del Plan Estatal de Vivienda. Estos días se está discutiendo la propuesta de Plan Estatal de Vivienda del Gobierno para el período 2018-2021, herramienta que marcará la política de vivienda de los próximos 4 años y que en su borrador ya apunta al fomento de la especulación sobre el alquiler, la obsesión por la propiedad y la connivencia con la banca.
El borrador de Plan Estatal de Vivienda del gobierno Rajoy establece una línea de ayudas al pago del alquiler para personas o unidades de convivencia con escasos recursos económicos, subvencionando hasta un 40% los alquileres que no superen los 900€. En este mismo sentido se establece una ayuda al alquiler para menores de 35 años y otra para mayores de 65. Como demostró la Renta Básica de Emancipación, lo que puede parecer una buena medida para fomentar y facilitar el acceso al alquiler, al no ir acompañado de una limitación de los precios del alquiler, acaba fomentando la especulación y contribuye a seguir inflando la burbuja de los alquileres. Incluso las pocas personas que cumplan los requisitos de “precariedad suficiente” y que lleguen a percibir estas ayudas, al finalizar la subvención a los 3 años, se verán expulsadas de sus municipios porque no podrán pagar los precios de mercado. La experiencia de Francia, según el estudio de Grislain-Letrémy Trevien, ha demostrado que las subvenciones al alquiler, siendo un mercado de oferta muy inelástica, tienen efectos inflacionistas. El autor afirma que los precios de la vivienda suben el equivalente al 80% de la cantidad del subsidio. El caso francés muestra como las personas que no reciben la ayuda al alquiler también se ven perjudicadas por el aumento de los alquileres.
El Plan fomenta la compra de viviendas entre los jóvenes, destinando una ayuda de hasta el 20% de la compra de una vivienda, la cual no puede superar los 54.800€, algo imposible de encontrar en los grandes núcleos urbanos. Además, la ayuda a la compra sólo obliga al propietario a mantenerla durante 5 años, luego puede vender la vivienda o alquilarla sin retornar la subvención pública recibida. Esto es tirar el dinero público a la basura.
En cuanto a las desahuciadas por impago de hipoteca o de alquiler, el plan prevé extender el modelo voluntarista y fallido del Fondo Social de Viviendas, creando Fondos de Viviendas autonómicos con los pisos que la SAREB y las entidades financieras estén dispuestas a ceder. Los alquileres rondarán entre los 150€ y los 400€, rentas que serán subvencionadas hasta el 100% con recursos públicos, siguiendo una vez más la lógica del PP: el enésimo mecanismo del rescate bancario. Las personas que vayan a ser desahuciadas y puedan acceder a uno de éstos alquileres tendrá que aceptar que un gestor del banco pueda entrar a su casa para ver en qué estado la mantiene, indignante!
Otra medida que vale la pena comentar es el programa para fomentar el parque de vivienda en alquiler con el cual subvencionar tanto a promotores privados como públicos la construcción o rehabilitación de viviendas para el alquiler. La transferencia de recursos públicos a promotores privados solo obliga a mantener durante 25 años las viviendas en alquiler, a diferencia de los 50 que se hacía con la vivienda de protección oficial. La tendencia debería ser la contraria: si recibes recursos públicos la protección se mantiene para siempre.
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no solo no va a facilitar el acceso al alquiler, sino que lo va a dificultar al generar inflación y no apostar claramente por la creación de un parque público de viviendas. Mantiene la lógica de las políticas del PP frente a los desahucios, la interpelación a la buena voluntad de la banca y la subvención de sus beneficios y vuelven a fomentar la propiedad, el sobreendeudamiento como mecanismo de acceso al derecho a la vivienda, sin tan siquiera haber modificado la ley hipotecaria.
Revertir el guión pasa por invertir 16mil millones en políticas públicas de vivienda como se hace en Europa, por un Plan Estatal de Vivienda que aborde las reformas estructurales con una apuesta clara por lo público en la provisión de vivienda asequible, pasa por reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, limitando precios y duración de los contratos de alquiler, y aprobando de una vez por todas la dación en pago y el alquiler social. En definitiva, empezar a garantizar el derecho a la vivienda pasa por hacer realidad propuestas como la Ley de Vivienda de la PAH.
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