La batalla contra el poder arbitrario y la corrupción se disputa en diferentes campos. La transformación de los principios que rigen la política de contratación municipal es uno de los principales. La oscuridad, la falta de transparencia, son el terreno propicio para la proliferación de vínculos escabrosos entre el poder público y el privado. Es allí, precisamente, donde se producen intercambios de favores, la financiación encubierta de partidos o el enriquecimiento de unos pocos aprovechados. La trama de la operación ‘Térmyca’, también conocida como el caso Efial, lo demuestra una vez más. Y recuerda la importancia de una buena contratación pública como cortafuegos contra el mal gobierno.
La semana pasada, por orden de un juzgado del Vendrell, se registraron ocho ayuntamientos que habían contratado con la consultora Efial y se pidió información a 15 más, entre ellos el de Barcelona. Asimismo, se detuvo a dos exalcaldes, ambos de CiU.
En realidad, Efial fue fundada en 2007, y desde entonces se ha especializado en ofrecer servicios a administraciones públicas, sobre todo en materia urbanística.
La consultora ya se encontraba en la picota desde el estallido de un caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Torredembarra, en 2014. En aquella ocasión, las investigaciones condujeron a la detención del alcalde de CiU, Daniel Masagué, y de seis ediles del equipo de gobierno. El escándalo puso de relieve que los trabajos de Efial no solo se encontraban bajo sospecha en Torredembarra, sino que acumulaban denuncias en otros consistorios, como el de Ascó o el de Ametlla de Mar, también gobernados por CiU.
Con las últimas investigaciones, se arrojan nuevas sospechas sobre las prácticas de la vieja coalición alumbrada durante el pujolismo y ahora inmersa en un supuesto proceso de refundación que pretende dejar atrás ese pasado.
Cuando Barcelona en Comú llegó al Ayuntamiento de Barcelona, procuramos que los contratos que se realizaran con esta empresa fueran cuidadosamente evaluados. De hecho, la Oficina de Transparencia creada al llegar al gobierno está inventariando todas las adjudicaciones que el Ayuntamiento firmó con Efial desde 2010. Gracias a ese trabajo, sabemos que el consistorio –al margen de las empresas que dependen de él y que también trabajaron con Efial– ha contratado 493.575,63 euros con esta consultoría desde ese año. La mayor parte, en plena época de la alcaldía de CiU: en 2014 el volumen de contratación llegó a los 283.941,86 euros. Desde mayo del 2015, ha caído a los 52.302,21 euros.
La gran mayoría de estos contratos son menores, es decir otorgados sin publicidad, lo cual es una fuente potencial de irregularidades.
Evidentemente, un Ayuntamiento no puede dejar de contratar de manera arbitraria una empresa, como Efial, solo porque esté siendo investigada. Pero puede, y debe, introducir mecanismos que eviten que la contratación pública sirva para encubrir relaciones opacas, muchas veces ilícitas, con actores privados.
Por ello, el gobierno decidió, hace unas semanas, limitar a tres los contratos menores a los cuales puede acceder cualquier empresa sin publicitarlo. Un mismo proveedor no podrá acumular adjudicaciones menores por valor de más de 200.000 euros si es en obra pública, o de 100.000 en el resto de tipos. Asimismo, el gobierno ha prohibido usar el procedimiento negociado sin publicidad.
Estas medidas fueron adoptadas después de hacer una extensa radiografía de los años 2014 y 2015: por primera vez, el Ayuntamiento disponía de una fotografía global de los contratos efectuados durante ese periodo. Y el resultado era inquietante: el 70% del importe contratado se había adjudicado sin publicidad, y 60 proveedores habían acumulado el 79% del total en esos años.
Las nuevas medidas para limitar esta contratación directa permitirán diversificar el tejido empresarial que puede acceder a los contratos públicos y favorecer así pequeñas y medianas empresas. Y también permitirán aumentar la transparencia. Ya no será posible que empresas como Efial puedan acumular de forma opaca tantas adjudicaciones a dedo.
Además, una de las sospechas del juez que entiende el caso Efial es que esta consultora evadía el dinero que obtenía y lo ocultaba en Andorra. Si se confirma esa actividad, Efial quedaría sujeta al decreto de alcaldía que prohíbe contratar empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales.
Todo esto era impensable solo un año atrás. Pero está siendo posible. Como en tantos otros terrenos, el nuevo municipalismo está demostrando que es posible instaurar nuevas reglas contra el privilegio y el mal gobierno. Con determinación política, con imaginación técnica y con la apelación constante a un control social, ciudadano, que es el único capaz de asegurar su efectivo cumplimiento.
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