Tras la concentración del pasado sábado para cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en la que participé como mediador, un fotoperiodista sufrió un problema médico. Su pareja me pidió que me quedara con ellos mientras eran atendidos. En aquel momento, un agente del Área de Recursos Operativos del cuerpo de Mossos d'Esquadra me ordenó que me fuera. Yo intenté explicarle que era amigo de la pareja y que ella me había pedido que me quedara.
El Mosso d'Esquadra me comunicó que quedaba denunciado por infringir el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que puede conllevar una multa de 600 a 30.000 euros. Era lógico, claro, me había dedicado a entorpecer una actuación policial y sanitaria en el momento que una ambulancia llegaba a socorrer a un fotoperiodista por el cual siento un gran afecto. El área de comunicación del cuerpo de Mossos d'Esquadra validó en una nota de prensa una versión policial falsa.
Como ya dijimos en el lugar de los hechos, y a pesar de que un agente intentó que desistiera y así no me denunciaban, hemos interpuesto una queja por la actuación policial ante el conseller de Interior desde el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia. En unas semanas o meses sabremos si, efectivamente, me llega el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador con la propuesta de sanción y si hay una investigación interna sobre los hechos.
Sin embargo, más allá de la denuncia que me han interpuesto, en lo que ha pasado estos días hay varios elementos importantes.
1. ¿Qué directrices tiene el cuerpo de Mossos d'Esquadra a la hora de aplicar la Ley Mordaza?
La reacción que tuvo el agente policial fue preocupantemente clara. A la mínima (o ni eso) tiró de multa en base a la Ley Mordaza. Hace unos días, antes de entrar a un juicio, otro agente de Mossos amenazó con sancionar a una persona que consideraba que le estaba grabando (cuando en realidad estaba mirando el móvil).
Las entidades de derechos humanos de Catalunya, del Estado español y un sinfín de organismos internacionales han alertado por activa o por pasiva del gran retroceso en lo que se refiere a derechos y libertades que supone esta ley. El anexo V de la declaración del pasado 9 de noviembre advierte que “en coherencia con este recurso, el futuro gobierno ha de velar en su actuación en materia de seguridad ciudadana por la plena vigencia y el respeto de los derechos fundamentales”.
Dicha resolución parece papel mojado si se confirma la dirección que comenzamos a atisbar y la naturalidad con la que se emplea dicha ley. Lo sabremos en las próximas semanas o meses. Pero la ciudadanía lo tiene claro: más de 80 entidades se han adherido en 24 horas a un comunicado que exige que de manera urgente que la Ley Mordaza sea derogada.
2. ¿Es excepcional el tipo de trato que recibí por parte de dicho agente policial?
“Te vas a ir denunciado. Te identificas por las buenas o te engrilleto”, me dijo el agente en el marco de una emergencia médica de una persona cercana. No lo es. Si lo hace con esa naturalidad al lado de compañeros que observan la situación con la misma naturalidad es porque no estamos ante un calentón excepcional. Estamos ante un problema estructural.
¿Dónde radica el problema? En la falta de voluntad política para cambiarlo. Es más fácil no tener problemas con los sindicatos policiales y de funcionarios de prisiones que afrontarlo con valentía. Y en la falta de mecanismos verdaderamente eficaces de control de dichos cuerpos. Supervisarse a sí mismos no es suficiente. Estamos cansados de ver informes del departamento de asuntos internos del cuerpo de Mossos o de la Policía Nacional (en el caso del CIE) que justifican lo injustificable. Que incluso en procedimientos penales operan como salvaguarda de los agentes encausados.
Es necesario que el control operativo, no sólo preventivo, esté en manos de un organismo independiente de estos cuerpos, que pueda tener funciones de policía judicial, que sea capaz de romper con el corporativismo.
3. ¿La situación que viví es una mala praxis policial?
Desde el momento en que se permiten y toleran situaciones cómo esa, así como vejaciones leves y faltas de respeto, empieza a generarse el espacio necesario para que exista impunidad también ante situaciones muchos más graves. Situaciones graves que se repiten como un bucle social silenciado. Y si no, hablen con personas que han acudido a manifestaciones.
Personas como Iván Jiménez quien, estupefacto, observó como un agente le golpeó con la porra directamente en la cabeza cuando se acercaba a la plaza de Sants en el contexto de las movilizaciones de Can Vies. Por cierto, agente que no ha sido expedientado por la Dirección de la Policía a pesar de las pruebas concluyentes que hay en el caso. También se lo pueden preguntar a muchas personas anónimas que han sufrido vejaciones, insultos, amenazas, intimidaciones, agresiones y montajes policiales por ir a una manifestación. Personas como Arturo, o como Joan, o como Áurea. Como tantas otras.
También pueden hablar con personas que en el contexto de una detención han tenido que soportar agresiones, bromas de mal gusto, humillaciones, también malos tratos o torturas. ¿Cuántos al año? Imposible saberlo, recogemos tan sólo la punta de un Iceberg. Personas como Malabo, a quien un agente de la ARRO le abrió la cabeza hace un par de años en el interior de una nave en Poblenou.
Él mismo tuvo que soportar cómo, el día que se llevó a cabo la rueda de reconocimiento para identificar a los autores, los mismos se presentaran (con el consentimiento de su señoría) con el uniforme puesto, el casco con la visera y un pasamontañas para evitar la identificación. Personas como Modou, un mantero que fue brutalmente torturado en la comisaría de Las Ramblas de la Guardia Urbana hace 4 años y vio cómo su denuncia se archivaba sin más investigación a pesar de los inapelables partes médicos, mientras aún está pendiente de juicio con una petición de cárcel de 3 años por un atentado a la autoridad que nunca ocurrió. Personas como Alfredo, que fue brutalmente golpeado en dos intentos de deportación en Barcelona. O como Zouhir, o como Elvia o como Sandra.
Si de verdad hubiera voluntad política para poner cerco a las situaciones de arbitrariedad, vejaciones, y malos tratos o torturas, los responsables políticos llamarían cada pocos días a las personas que desde la base trabajamos en nuestras organizaciones contra la violencia institucional. Y no nos encontraríamos con un Director General de la Policía que se niega a recibir a la campaña Stop Taser o con consellers de Interior que tardan años en reconocer el sufrimiento de las víctimas de balas de goma.
Tampoco nos encontraríamos con la negativa sistemática que desde hace años la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB tenemos para entrar en las prisiones catalanas, la cual exigimos que cesa ya. Ni a directores de prisiones con apariencia progresista que, ante la comunicación de que una persona en su prisión ha sufrido malos tratos adoptan una posición férrea de defensa a los “suyos”, antes que investigar.
Lo de menos es mi denuncia, sinceramente. Lo importante es que entre todas cada vez tengamos más fuerza para responder ante cualquier vulneración de derechos humanos. Seguiremos trabajando desde el máximo rigor y desde la máxima contundencia. Y obviamente estamos más que abiertas a que haya un cambio de rumbo político. A que de verdad haya voluntad política para acabar con este grave problema social. Ya saben dónde encontrarnos, estaremos encantados. A los que habéis mostrado vuestro apoyo, mil gracias. Sentir ese apoyo mutuo que nos damos entre la familia de defensores existente es lo que hace caminar en momentos difíciles.
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