Un padre con discapacidad y su hijo con autismo severo son desahuciados de un piso en La Rambla de Barcelona

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el lanzamiento por finalización de contrato, tras la caída de la moratoria antidesahucios a finales de febrero.

Cerca de las 7 de la mañana, una treintena de vecinos, activistas por el derecho a la vivienda y algunos de los profesores de los pequeños se han concentrado frente a su portal para intentar frenar, sin éxito, el desahucio, que ha tenido lugar hacia las 9 de la mañana. Han tratado de frenar la entrada de la policía en el inmueble, aunque finalmente los agentes han conseguido romper la barricada improvisada con vallas de obra que los manifestantes han ideado para intentar blindar a Shahin y su familia.

Desde el Sindicato de Vivienda del Raval califican este caso de “especialmente grave” por la situación del hijo menor, que presenta un autismo severo. “Tener que pasar por un desahucio es algo duro para cualquier familia, pero en el caso de un niño en esta situación puede suponer un impacto mucho mayor por la ruptura de sus rutinas habituales”, señala Sara Vendrell, miembro del sindicato.

Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia. “Solo pedíamos quedarnos hasta tener el piso de protección oficial”, ha lamentado el padre, Shahin Anwar.

El inmueble en el que vivían fue adquirido en su totalidad a finales de 2021 por la inmobiliaria VOC Barcelona SL, junto con el resto de viviendas del edificio, con el objetivo de destinarlo a alquiler de temporada. Ese mismo año finalizó también el contrato de la familia con el anterior propietario.

En el momento de la compra, la empresa ofreció 4.000 euros por el piso a Shahin, una cantidad que el inquilino consideró insuficiente para afrontar cualquier alternativa de alquiler en Barcelona, teniendo en cuenta que entonces no trabajaba debido a que se estaba recuperando de una operación en el hombro.

En 2022 se emitió la primera orden de desahucio, que fue aplazada por la moratoria de protección a hogares vulnerables hasta principios de 2024. Ese mismo año, se volvió a posponerse por el mismo motivo, aunque tras la caída de la medida a finales de febrero, el procedimiento se reactivó, se programó para el viernes pasado –cuando fue paralizado– y finalmente se ha ejecutado este jueves.

Al finalizar el contrato, Shahin siguió pagando la mensualidad acordada con el antiguo propietario hasta 2023, año en que reconoce que se vio “obligado” a dejar de pagar por la falta de un empleo con ingresos estables y al encontrarse limitado para determinados trabajos a causa de su estado físico. Tiene una discapacidad del 49% derivada de una tendinopatía crónica que le limita la movilidad de ambos brazos y le provoca dolores intensos. Antes del diagnóstico, trabajaba como camarero en un restaurante del que fue despedido mediante un ERTE durante la pandemia de COVID.

Desde entonces no ha podido reincorporarse al mercado laboral debido al empeoramiento del dolor y ha intentado, con apoyo de los Servicios Sociales, acceder a trabajos compatibles con sus capacidades funcionales. Sin embargo, únicamente ha conseguido empleos puntuales como traductor, sin estabilidad ni ingresos regulares. “Quiero trabajar, pero la mayoría de lo que encuentro requiere esfuerzo físico y, con el dolor que tengo, no puedo”, explica a elDiario.es. En estos momentos, está estudiando para obtener la licencia de taxista.

Tanto el Sindicato de Vivienda del Raval como los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona aseguran que han intentado negociar un contrato de alquiler con la propiedad en numerosas ocasiones. Sin embargo, sostienen que la empresa no ha mostrado disposición a alcanzar un acuerdo y ha mantenido en todo momento su voluntad de continuar con el procedimiento judicial. Por su parte, VOC Barcelona SL ha rechazado hacer declaraciones.

Desde el Sindicato reconocen que en 2024 lograron reunirse con la propiedad para intentar alcanzar un acuerdo de pago de cuotas hasta la adjudicación del piso de la mesa de emergencias, pero explican que finalmente la empresa decidió no negociar. “Llegamos a reunirnos y parecía que estaban dispuestos a hablar, pero de un día para otro cambiaron de opinión”, explica Vendrell. A principios de este año, los Servicios Sociales intentaron también llegar a un acuerdo, pero obtuvieron el mismo resultado.

Sin alternativa para una menor con autismo

Shahin y su familia aún no saben dónde dormirán esta noche. Desde Servicios Sociales les han ofrecido alojamiento de emergencia en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Sin embargo, estos centros suelen tener sólo habitaciones compartidas con otras familias, una situación que no resulta viable para el menor de la familia, que presenta el grado más severo de autismo. “Mi hijo necesita espacio y tranquilidad, y en una habitación compartida sé que se va a asustar. Además, cuando hay cambios se pone muy nervioso: se muerde las manos, rompe ropa y necesita espacio”.

Anna Pérez, profesora y miembro de la asociación Docents 080 (formada por varios docentes en contra los desahucios de los alumnos) advierte del impacto de estos episodios en el rendimiento escolar de los menores. “Acudir a la escuela sin saber dónde dormirán por la noche les genera una gran situación de estrés que, evidentemente, afecta a su concentración”.

Desde Docents 080 advierten de la magnitud del problema a través de un estudio realizado el curso pasado. En él participaron 46 escuelas catalanas, que detectaron un total de 215 niños que sufrieron un desahucio durante el curso. Además, en octubre de 2025 había 1.597 niños durmiendo en pensiones en la ciudad de Barcelona, según datos facilitados por la Generalitat a la misma organización.

“No nos hacemos a la idea de lo que puede suponer para un niño vivir en una pensión. Además, el hijo de Shahin, entre otras cosas, necesita comer alimentos triturados y es extremadamente sensible a los ruidos y a todo tipo de estímulos externos”, ha explicado Irene Abilla, directora del Centro de Educación Especial Vil·la Joana, donde estudia el menor, y miembro de la asociación.

En este sentido, desde Servicios Sociales les han propuesto que busquen alojamiento temporal por su cuenta y, posteriormente, reembolsarles los gastos de las noches que pasen. “Aun así, nos preocupa que la ruptura de la rutina del niño pueda afectar al progreso que ha logrado en los últimos meses”, ha añadido Abilla.

Hasta el momento, la familia no ha encontrado ningún hotel para pasar la noche, aunque espera poder resolverlo y poder sufragar el coste hasta que los Servicios Sociales les reintegren los gastos.