El Haití contemporáneo nació en el siglo XVIII como una colonia agraria esclavista basada en el monocultivo del azúcar. Una vez suprimido este sistema productivo, el campo haitiano ha mantenido una proporción minoritaria de cultivos dedicados a la exportación (azúcar, cacao, café), como parte de un sector agrario poco desarrollado y básicamente enfocado hacia el mercado interior. Desde los años 80 el cultivo del arroz, alimento esencial en la dieta haitiana, se ha visto muy afectado por la liberalización comercial y la importación cada vez más masiva del subvencionado Miami rice[1]. Por otra parte, el ecosistema rural también se ha ido degradando por la deforestación incontrolada y la intensificación excesiva de los cultivos. Si en vez de subvencionar a los agricultores de los países más ricos se ayudase a Haití a reducir su dependencia energética respecto al carbón vegetal, esto permitiría regenerar la capacidad productiva y los recursos naturales del país.
Todo ello ha ido depauperado la frágil economía rural haitiana, hasta el punto de forzar migraciones masivas. La salida habitual para la población que el campo no puede absorber, además de la arriesgada navegación hacia las costas de Florida, han sido las ciudades, y muy particularmente la capital. Creada en 1749, Puerto Príncipe terminó superando la antigua capital colonial de Cap Français (ahora Cap Haitien), para convertirse, a lo largo del siglo XX, en una aglomeración de más de 3 millones de habitantes. Una enorme e incontrolable extensión de bidonvilles ha terminado engullendo las ciudades del entorno, como Petionville o Carrefour.
Las ciudades haitianas son costeras, y suelen estar separadas unas de otras por cordilleras que dificultan la conexión terrestre. La falta de una comunicación eficaz se suma a la muy precaria existencia de las instituciones que configuran un Estado moderno (como el sistema judicial, el sistema tributario, etc.), para limitar la eficacia de políticas que podríamos considerar esenciales para el desarrollo y el bienestar, como la sanidad, la seguridad o la gestión de los residuos. Y si hablamos de educación, en el jovencísimo Haití las escuelas son omnipresentes, pero de baja calidad, y las universidades hasta hace poco sólo existían en la capital.
De hecho, se podría decir que sólo Puerto Príncipe ha conocido la modernidad del siglo XX, si por ello entendemos edificios de más de dos plantas, calles de más de un carril, aeropuerto comercial, hospitales, librerías, etc. Prácticamente todos los entes públicos se ubican allí, y la dinámica política se mueve en torno a sus barrios nobles y sus suburbios. En este sentido, el problema de la organización territorial de Haití no ha sido de excesivo control y ahogamiento de la periferia por parte del centro, sino de puro y simple abandono. Se ha acuñado el concepto “República de Puerto Príncipe” para caracterizar a un Estado en el que las élites capitalinas controlan los flujos de intercambio con el exterior para su único y exclusivo beneficio.
Estas élites no han tenido hasta ahora ningún interés en una descentralización real y efectiva, de la misma manera que no lo han tenido en un sistema democrático que pudiera cuestionar sus privilegios y los intereses occidentales colocados en un sector industrial de mano de obra baratísima. La entusiasta democracia surgida en 1986 tras la caída del dictador Jean Claude Duvalier, no fue capaz de superar el abismo social y territorial que divide Haití. Terrorismo de extrema derecha y una muy acusada fragmentación política mantuvieron al país prácticamente ingobernable hasta que el año 2004 la ONU, comisionada y apoyada por EEUU, Canadá y Francia, ocupó Haití para expulsar al presidente electo Aristide, reprimir a las clases populares más politizadas y garantizar una cierta estabilidad[2].
La constitución vigente, aprobada en 1987, contempla una potente descentralización, basada en 10 departamentos, 140 municipios y 568 secciones comunales, con un sistema perfectamente homologable de democracia local[3]. Su desarrollo normativo, sin embargo, no se hizo efectivo hasta 20 años más tarde. Fueron justamente los alcaldes y los equipos surgidos de las primeras elecciones democráticas los que tuvieron que enfrentarse sobre el terreno los efectos del terremoto de 2010[4]. De hecho, a pesar de la escasez de recursos, los ayuntamientos fueron las únicas instituciones del país que quisieron y supieron dar algún tipo de respuesta en una situación de extrema necesidad. Sin embargo, al poco tiempo el mandato de aquellos alcaldes expiró, y en vez de convocar nuevas elecciones el presidente Martelly optó por cesarlos y nombrar sus sustitutos a dedo, situando los municipios bajo la tutela efectiva del Ministerio de del Interior.
Actualmente, después de tantas decepciones, en la población haitiana el clamor por la descentralización y democracia local convive con un descrédito casi absoluto de la política y de todo aquello que representa. Las élites económicas, nacionales e internacionales, se apoyan en este sentimiento antipolítico para mantener en enfoque meramente técnico a la cuestión del desarrollo. Pero esto tiene un recorrido muy limitado, porque sin discurso y sin un proyecto basado en valores compartidos, desaparece la posibilidad de articular algo que vaya más allá del interés privado de millones de haitianos, buena parte de los cuales simplemente se esfuerza por sobrevivir día a día. En Haití es realmente chocante el contraste entre la dignidad del espacio particular, empezando por la actitud y la imagen de las personas, y la indignidad del espacio público, desde la omnipresente problema de la basura al mal funcionamiento de las instituciones públicas.
Pero a pesar de las enormes dificultades, es un hecho que la sociedad haitiana no se ha hundido. Su rica vida comunitaria ha suplido muchas carencias, y la cooperación internacional, a pesar de sus errores, ha aportado recursos y conocimientos imprescindibles. En un Haití que hierve no faltan ideas para sacar adelante el país, pero éstas no se podrán llevar nunca a la práctica sin instituciones que respondan a la voluntad de la ciudadanía. Y cada vez se es más consciente de que sin gobiernos locales capaces de garantizar un conjunto de servicios básicos no habrá ni desarrollo ni mejora de la calidad de vida[5]. En este sentido sería especialmente necesaria la consolidación de una red de ciudades intermedias[6], razonablemente densas y bien equipadas, que ofrecieran polos de desarrollo y de oportunidades laborales alternativos a la sobresaturada ciudad de Puerto Príncipe.
Una de estas ciudades intermedias, capital de la provincia del Sureste, es Jacmel (170.000 habs.). Al tiempo que la cooperación oficial española impulsa la restauración de su centro histórico, devastado por el terremoto, la Asociación Catalana de Universidades Públicas[7] lleva a cabo un proyecto de cooperación que combina la formación en planificación y políticas urbanas con la praxis sobre el terreno. Se trata de definir cómo debe desarrollarse la ciudad, teniendo en cuenta el fuerte crecimiento demográfico presente y futuro, y poniendo en valor sus activos paisajísticos y culturales. Se trata, en segundo término, de acordar y realizar una mejora urbana que tenga un impacto significativo en la calidad de vida de la gente. Se trata, en definitiva, de reforzar la esfera pública local, el conocimiento y la interrelación entre los actores que están llamados a ser protagonistas del futuro de Jacmel, al servicio de un país que a pesar de todo no pierde la esperanza.
[1] http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-11472874
[2] http://newleftreview.org/II/37/justin-podur-kofi-annan-s-Haití
[3] http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADN818.pdf
[4] Entre los cuales más de 300.000 muertos, un número similar de heridos y 1,2 millones de personas sin hogar (http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_d%27Ha%C3%AFti_de_2010).
[5] Esto presupone también la disponibilidad de un sistema fiscal eficaz, que permita dotar ayuntamientos y departamentos de capacidad de financiación. Actualmente el gasto público efectuado por los entes locales sólo supone un 3% del total, con niveles de gasto per cápita ínfimos en prácticamente todo el territorio.
[6] Ciudades intermedias en el sentido de dimensión, pero también funcional, de intermediación entre local y global; para profundizar véase: http://www.unesco.org/most/ciudades.pdf
[7] Con implicación de la UAB (Dept. d'Antropologia i IGOP), la UdL y la UPC
