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CATALUNYA

La Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para el exalcalde convergente de Torredembarra

El ministerio público acusa a Daniel Masagué de alquilar ilegalmente dos naves, en el caso que derivó en la investigación del caso del 3% o Petrum

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La Fiscalía pide diez años de cárcel para el ex alcalde de Torredembarra

La Fiscalía pide 4,5 años de cárcel para el exalcalde de Torredembarra

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué (Convergència), por el alquiler presuntamente ilegal de dos naves. El titular del Juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona) ha cerrado ya la instrucción de la pieza uno del llamado caso Torredembarra, que derivó posteriormente en el caso del 3 % o Petrum, formado en total por siete piezas, la mayoría secretas.

Esta pieza se centra en el alquiler con derecho a compra de dos naves durante el mandato del exalcalde Daniel Masagué, presuntamente a dedo y con informes en contra.

Uno de los locales sigue vacío y sin uso y el otro, tras meses en la misma situación, se arregló y ahora acoge la comisaría de la Policía Local. Por esta operación, el exalcalde, cuatro concejales, la exinterventora, la exjefa de contratación, el exarquitecto municipal, el exingeniero, un abogado y dos empresarios locales están acusados de malversación y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre tres y seis años por el delito continuado de malversación, cuatro años por malversación e inhabilitación especial para el empleo o cargo público de entre cinco y nueve años a los catorce acusados.

En concepto de responsabilidad civil se pide la nulidad de los dos contratos de alquiler y que se devuelva el dinero al consistorio.

Por el local de la calle Garraf -la actual comisaría- asciende a 222.759,88 euros y por el local de la calle Riera Gaià, que sigue vacío y sin usar, 107.708,32 euros que deberán devolver las empresas que lo alquilaron.

La Fiscalía también pide distintas responsabilidades civiles a los acusados hasta los 330.000 euros. Según los dos fiscales anticorrupción, José Grinda y Fernando Bermejo, los acusados actuaron "a sabiendas" de que los dos contratos eran "tan contrarios a la Ley" como la pérdida de dinero del Ayuntamiento.

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