El bloque por la consulta acusa las primeras grietas
La decisión del Govern de la Generalitat de paralizar la campaña institucional y los preparativos para la consulta del 9-N, acatando el mandato emitido por el Tribunal Constitucional el lunes, ha provocado las primeras grietas en el hasta ahora pétreo bloque de partidos que acordaron celebrar la consulta del 9 de noviembre, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. El Ejecutivo catalán anunció este martes la suspensión cautelar de la campaña para “garantizar la seguridad jurídica de los empleados públicos” de la Generalitat, que podrían ser acusados de desacato si continuaran con los preparativos de la consulta, además de su intención de reunirse con los partidos soberanistas para consensuar una respuesta unitaria.
A la espera de esta reunión, para la que podría aprovecharse el pleno que comienza este miércoles en el Parlament, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, hizo blanco de sus críticas a “quienes prohiben votar”, pero lanzó un guante al Govern, al que conminó a obedecer “el mandato democrático de los catalanes expresado en las últimas elecciones”. Rovira remarcó que para Esquerra la legitimidad radica en la mayoría de ciudadanos de Catalunya y quitó validez a la decisión del Constitucional al considerar que en su providencia se pronuncia contra hechos futuros, algo que en opinión de la diputada “no es legal y no se sostiene en derecho”.
Más dura se mostró la CUP, formación que siempre ha sido partidaria de la desobediencia en caso de una paralización por parte del Estado. Quim Arrufat censuró la actuación del Govern tras la suspensión del TC: “Se nos dijo que habría una reunión cuando esto pasara, pero aún no tenemos noticias. Ya se están tomando decisiones que nosotros no quisiéramos que se tomasen”. El diputado independentista aseguró “no entender” que se haya retirado la campaña institucional y opinó que esa no es una actitud “acorde con los deseos de la mayoría social”.
En el mismo sentido de lo manifestado por la CUP se expresó Carme Forcadell, presidenta de la ANC, quien criticó que “ayer el Tribunal Constitucional dijo una cosa y hoy todos corremos a hacerle caso”. La cabeza visible de las entidades promotoras de las manifestaciones masivas de las últimas tres diadas aseguró que ahora es “el momento de demostrar si somos o no soberanos”, en referencia a la declaración de soberanía aprobada por el Parlament en enero de 2013 y tumbada dos meses después precisamente por el Constitucional.
Menos beligerante con la decisión del Govern se ha mostrado ICV-EUiA, la cuarta formación firmante del pacto por la consulta. El secretario general de Iniciativa, Josep Vendrell, aseguró que la medida es “razonable” para proteger a los funcionarios y trabajadores públicos puesto que “quien ha de asumir responsabilidades son los políticos, no los ciudadanos”.
Vendrell no ha querido adelantar la posición de su partido ante una posible resolución desfavorable del TC, limitándose a señalar, en la misma línea del Govern, que ahora en momento de presentar “todos los recursos que hagan falta” para levantar la suspensión. Pese a esto, el secretario general ecosocialista ha dejado claro que Inciativa siempre ha mantenido que la consulta debía celebrarse con “plenas garantías democráticas”, y que el Constitucional y el Gobierno tienen “mecanismos” para impedir esas garantías.
Las diferencias de criterio entre los partidos del bloque soberanista, Govern y entidades ciudadanas no habían salido a la luz con tanta claridad durante los más de 10 meses que han pasado desde la firma del acuerdo, en diciembre pasado. La CUP propuso hace dos semanas una resolución llamando a la desobediencia en caso de veto del Constitucional que ningún otro partido apoyó, y tan solo recibió la abstención de ERC.
