La Fiscalía mantiene que puede acusar por organización criminal a altos cargos del Govern por el 1-O pese a no haber sido imputados

La Fiscalía sigue considerando una organización criminal a los empresarios y altos cargos del Govern procesados por la preparación del referéndum del 1-O. Así lo ha mantenido la fiscal Isabel Nevot este lunes en una vista celebrada en la Audiencia de Barcelona sobre el procesamiento de los altos cargos. La representante del Ministerio Público ha defendido que puede acusar por organización criminal a los investigados aunque la jueza de instrucción primero y la Audiencia de Barcelona después hayan descartado imputarles y procesarles por este delito.

En la sección 2 de la Audiencia de Barcelona se han empezado a celebrar este lunes las vistas sobre el procesamiento de la treintena de altos cargos del Govern y empresarios procesados por el 1-O por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Las defensas de los altos cargos se han opuesto a su procesamiento, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, han abogado por mantener el procesamiento de los investigados por distintos delitos –desobediencia, malversación, prevaricación o revelación de secretos, entre otros.

La fiscal Nevot ha sostenido que, en base al auto de procesamiento, los hechos relativos a la preparación del referéndum del 1-O desde el Govern “pueden ser calificados” como un delito de organización criminal en el futuro juicio que se celebre, en línea con lo planteado por la jueza de instrucción cuando rechazó la primera petición por imputar por este delito a los presuntos organizadores del referéndum.

Nevot también ha rechazado la petición de la defensa del director de TV3, Vicent Sanchís, de separar la causa en lo relativo al anuncio del 1-O emitido por los medios públicos catalanas y que esta parte se juzgue al margen de los procesados por crear el censo, la aplicación de voluntarios para las mesas o comprar papeletas. Según la argumentación de Nevot el objetivo común de la organización era celebrar el referéndum, por lo que de separar las causas “se perdería la visión de conjunto”. “Por ahora seguimos manteniendo el delito de organización criminal”, ha zanjado Nevot.

La insistencia de la Fiscalía en el delito de organización criminal llega después de que la Audiencia de Barcelona haya confirmado la decisión del letrado de administración de justicia de declarar desierto el recurso de apelación contra la negativa de la jueza a imputar por grupo criminal tras no comparecer el Ministerio Público en el plazo legal. En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, los magistrados recuerdan a los fiscales que no se presentaron para sostener su recurso “vencido ampliamiente el término legal para hacerlo”. De esta forma, los magistrados confirman que, por el momento, el delito de organización criminal debe quedar fuera del caso.

Tras más de dos años de investigación, la Fiscalía quiso introducir por primera vez el delito de organización criminal el pasado mes de mayo, una vez la jueza instructora ya había recopilado suficientes indicios como para procesar a los 30 investigados por malversación, desobediencia, prevaricación o falsedad documental. A principios de junio, también la Fiscalía del Supremo mencionó, durante el final del juicio del procés, por primera vez la organización criminal, pero finalmente no acusó por este delito.

La diferencia entre añadir o no la organización criminal en la causa de los preparativos del 1-O no es menor, habida cuenta de que es un delito castigado con hasta ocho años de prisión. De los 33 procesados, diez lo están por delitos como la desobediencia o la prevaricación, que no conlleven penas de cárcel, a diferencia de la malversación, la falsedad documental o la revelación de secretos.

En el último tramo de la instrucción del caso, la Fiscalía ha intentado introducir por dos vías el delito de organización criminal. Primero pidiendo procesar por este delito a 28 de los investigados, solicitud que fue rechazada por dos veces por la jueza, que finalmente ni siquiera aceptó tramitar el recurso de apelación del Ministerio Público. La segunda vía fue la petición para que los altos cargos declararan como imputados por organización criminal, algo que ahora también ha sido descartado por la Audiencia de Barcelona.

En contra de la fianza de 5,8 millones

Por otro lado, en las vistas celebrados este lunes en la Audiencia de Barcelona –que se alargarán hasta el jueves– los abogados de cuatro de los procesados por el 1-O han reclamado a las magistradas que revoquen la fianza de 5,8 millones de euros que la jueza instructora impuso a los 17 procesados por malversación de caudales públicos en el referéndum.

Los abogados han argumentado que la responsabilidad contable por los eventuales gastos públicos del 1-O ya se están resolviendo en el proceso abierto por el Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 4,1 millones de euros las sumas que el Govern de Carles Puigdemont destinó al referéndum, y han recordado que incluso el Tribunal Supremo dejó fuera de la malversación gastos que la jueza de Barcelona sí ha incluido.