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La Fiscalía ordena a las policías locales que no dejen salir las urnas propiedad del Estado de los ayuntamientos

El Fiscal ordena a la Policía Local evitar que las urnas de 1-O salgan de los ayuntamientos

Oriol Solé Altimira

El celo de la Fiscalía para que el 1-O no se vote se ha concretado este miércoles en una nueva orden dirigida a las policías locales de los 948 municipios catalanes. En la instrucción de este martes, que ha adelantado la agencia EFE y han confirmado a este diario fuentes de tres municipios distintos, el ministerio público ordena a los agentes que no dejen salir de los ayuntamientos las urnas y el material electoral perteneciente al Estado que se guardan en los consistorios catalanes.

Pese a que la Generalitat ha dicho que ha comprado urnas específicamente para el 1-O y no usará las del Estado, la Fiscalía Superior de Catalunya ha ordenado a las policías locales tomar las “medidas oportunas” para impedir que el material electoral del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes pueda ser empleado para el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC.

En la instrucción dirigida a las policías locales, el fiscal recuerda que existe un “depósito de material electoral propiedad de la Administración General del Estado, confiado a los ayuntamientos para el correcto desarrollo de los procesos electorales”.

Ante el referéndum del 1 de octubre convocado por el Govern y suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), la Fiscalía Superior de Catalunya indica a las policías que deben “adoptar las medidas oportunas para impedir que el citado material sea utilizado” para celebrar la consulta de independencia.

En otra instrucción, el ministerio público obliga además a las policías locales, la Guardia Civil y la Policía Nacional a colaborar con los Mossos d'Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación del 1-O.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha trasladado este miércoles al fiscal que la orden de precintar colegios e impedir el voto el 1-O puede comportar “consecuencias no deseadas”, y, en concreto, “alteraciones de orden público”.

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