El juicio a Trapero supera su ecuador sin poder situar al major a las órdenes de Puigdemont

Alejado –para alivio de las defensas– del foco mediático fijado durante meses en el Tribunal Supremo por el juicio del procés, la vista oral que se sigue en la Audiencia Nacional contra el major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y la antigua cúpula de la conselleria de Interior ha superado su ecuador. La Fiscalía ha consumido esta semana sus testigos de cargo sin conseguir que ninguno valide por completo la tesis del Ministerio Público y sitúe de forma clara y rotunda al major a las órdenes de Carles Puigdemont.

A partir de este lunes continuarán los testigos de las defensas, que intentarán mover a favor de los intereses del major los tres ejes en discusión en este juicio: la connivencia de Trapero con el Govern en favor del procés, la inacción de la policía autonómica catalana el 20-S y el 1-O y la ascendencia sobre el major de los dos excargos políticos acusados, el exdirector general de la policía Pere Soler y el exsecretario general de Interior Cèsar Puig.

Trapero, señalado en base a opiniones

En un juicio no basta con afirmar; la acusación debe probar lo que dice. La petición de once años de prisión por rebelión que la Fiscalía mantiene contra el major se basa en un supuesto acuerdo entre Trapero y el Govern de Puigdemont para imponer la independencia de forma unilateral. Trapero niega la mayor y blanda para ello el plan ideado para detener al president y a los consellers en caso que lo ordenaran los jueces pese a que la sentencia del procés del Supremo sí consideró que hubo connivencia entre uniformados y políticos.

De los testigos de cargo que han desfilado ante el tribunal hasta ahora, los más contundentes a la hora de secundar las tesis fiscales han sido el coordinador policial del 1-O y exalto cargo del Ministerio del Interior Pérez de los Cobos y el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, investigador principal del procés. El primero acusó al major de estar “alineado” con Puigdemont para facilitar la votación. El segundo llegó a vincular el nombramiento de Trapero como major con el objetivo de “garantizar el buen fin” del referéndum.

Las cómodas explicaciones de Pérez de los Cobos y Baena a preguntas de los fiscales se convirtieron en dudas cuando tocó responder a la letrada de Trapero, Olga Tubau. Ambos terminaron por reconocer que la vinculación que trazaron entre Trapero y el procés se basaba en sus “percepciones” y “valoraciones”, sin que conste en ningún documento objetivo.

Por si el trabajo de aminorar daños de Tubau con Pérez de los Cobos y Baena no hubiera sido suficiente, dos supuesto testigo de cargo propuestos por la Fiscalía han desmentido las tesis acusatorias. El comandante de la Guardia Civil que fue el número dos de Baena en la investigación del procés concluyó, tras un extenso interrogatorio, que Trapero “en ningún momento dijo de modo explícito que estaba de acuerdo” con el procés. Y el exdirector general de los Mossos Albert Batlle negó la mayor al negar que Trapero estuviera alineado con el procés. Además, el excomisario de Información de los Mossos Manuel Castellví ha atestiguado que la policía catalana colaboró con las pesquisas que la Fiscalía tenía abiertas desde 2015 en relación al procés.

Los dispositivos del 20-S y el 1-O

El supuesto concierto entre Govern y Mossos para avanzar en el procés se concretó, según los fiscales, en la pasividad de la policía catalana el 20-S en la protesta en Economía y en la inacción el 1 de octubre para impedir el referéndum. Este es el principal punto débil de la defensa del major, habida cuenta de que están documentados episodios de pasividad e incluso de enfrentamiento de patrullas de los Mossos con agentes de la Policía y la Guardia Civil en los colegios. El major alega que todas las malas praxis de mossos el 1-O fueron objeto de expedientes reservados.

El principal alegato de defensa del major en este sentido es que el coronel Pérez de los Cobos supo y avaló que una pareja de mossos acudiera a cada colegio el 1-O, algo que el coordinador del 1-O negó haber conocido de forma clara. Al igual que con la supuesta vinculación de Trapero con el Govern, tampoco hay ningún documento que corrobore al 100% si Pérez de los Cobos sabía cómo iban a actuar los Mossos el 1-O. Con todo, sí hay un documento que es negativo para los intereses del major: la sentencia del Supremo, que concluyó que los binomios “tuvieron como finalidad disminuir el potencial de actuación de los Mossos para dar legitimidad” a la votación.

Para la acusación, el llamado 'binomio', unido a que los Mossos sabían antes del 1-O de las masivas concentraciones en los centros, fue el cóctel perfecto para que la policía catalana permitiera la votación en vez de impedirle. A esta tesis dio munición el excomisario jefe de Información de la Policía en Barcelona, Juan Manuel Quintela, un duro testigo para las defensas, quien acusó a los Mossos de haber dado “esperanzas” de que las resistencia en los centros el 1-O sería pacífica cuando las previsiones de los cuerpos estatales eran de reacciones violentas de los votantes.

Castellví desmintió a Quintela y afirmó que ningún cuerpo preveía “grupos organizados” para acometer contra la policía de forma violenta. Pero otra vez no hay prueba del algodón para validar cuál versión es la correcta, ya que no se levantó acta de las reuniones previas al 1-O en la que los servicios de información de todas las policías pusieron en común los riesgos que preveían de cara a la votación.

Puig y Soler, dos secundarios con peticiones de 11 años

Del juicio se esperaba que el major fuera protagonista, pero ha sorprendido el papel muy secundario que los propios testigos han dado a los otros dos acusados con la misma petición de pena de once años de prisión por rebelión. En su escrito de acusación, la Fiscalía sitúa a Trapero, Puig y Soler como un triángulo que casi tomaba decisiones de forma coordinada en favor del procés, para evidenciar así la unidad de criterio entre el nivel gubernativo y operativo de la policía catalana.

Pero incluso los testigos propuestos por la Fiscalía han contribuido a borrar este triangulo: el comandante de la Guardia Civil y 'número dos' de Baena reconoció que en los más de 4.000 correos analizados de Trapero no hay ninguno en el que Puig y Soler, para quienes se pide la misma condena que a Trapero, dieran alguna instrucción al cuerpo de cara al dispositivo del 1-O. Batlle incluso afeó un “error conceptual” de la Fiscalía al equiparar a Puig con el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio, que sí está en la cadena de mando de los cuerpos, cuando en realidad el secretario del departamento de Interior solo tiene competencias en el presupuesto y el personal, no es aspectos operativos.