La oposición acusa al Govern de querer hacer “listas negras” de funcionarios que no trabajen el día de la Constitución
El anuncio realizado este lunes por la Generalitat según el cual los trabajadores que lo deseen podrán trabajar en las festividades de la Constitución y el de la Hispanidad, es decir, los días 6 y 12 de octubre, ha hecho saltar a la oposición, que ve en ello un intento, o al menos un riesgo, de que esta medida sirva para hacer listas de trabajadores por perfil ideológico. Al entender de Ciudadanos, PSC y PP, permitir acudir a trabajar voluntariamente revelaría qué trabajadores siguen la fiesta de la Constitución y, por tanto, cuáles no son independentistas.
“Siguen señalando a los constitucionalistas”, exclamó en un tweet Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Catalunya, poco después de conocerse las intenciones del Govern. Roldán y los suyos denuncian que la medida tiene como objetivo “hacer listas de buenos y malos funcionarios y señalar a los que no comulgan con el separatismo”.
Horas después, el conseller de Administración Pública, Jordi Puigneró respondió a su mensaje preguntando: “Cuándo hablas de listas negras de funcionarios te refieres a estas, ¿verdad?”. Adjuntaba la captura de pantalla de un titular de elnacional.cat sobre las amenazas e insultos recibidos por los profesores de Sant Andreu de la Barca después de que Albert Rivera compartiera un artículo en el que se revelaba la identidad de varios de ellos.
Igual de contundente ha sido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quien se mostraba convencido de que la Generalitat prepara “listas negras” de funcionarios y trabajadores públicos para clasificarlos según su “adscripción ideológica”. “Esos días a quien vaya a trabajar se le meterá en un listado y a quien no vaya se le meterá en otro. Esas listas negras las están utilizando y es una clara violación de los derechos civiles”, ha criticado Fernández en una entrevista en la Cadena COPE.
En tono más suave, también el PSC ha expresado su malestar por la decisión de la consejería. Los socialistas han presentado una batería de preguntas parlamentarias sobre diferentes aspectos relacionados con esta medida, entre otras una en la que interrogan a Puigneró por los mecanismos de salvaguarda que tiene previsto habilitar el Govern para evitar esas listas de funcionarios desafectos al independentismo. El PSC pregunta también cuál es la necesidad social o del servicio detectada para permitir trabajar en esas fechas, y le exige que explique el “mecanismo legal” que tiene previsto habilitar.
El departament de Políticas Digitales y Administración Pública anunció este lunes que había “hallado” dicho “mecanismo legal”, por lo que este año permitiría que los funcionarios de la Generalitat que lo deseen puedan trabajar dos festivos estatales. Jordi Puigneró recalcó que se trataba de una opción voluntaria y, a su parecer, que tiene un respaldo legal. Según indicó, además, se trata de una demanda que habían hecho algunos colectivos de trabajadores y en concreto el sindicato independentista Intersindical-CSC, una central minoritaria pero que ha ganado peso en algunos sectores de la administración durante los últimos meses.
En respuesta al anuncio, el citado sindicato se felicitó por la medida, recordando que ellos han sido impulsores de la misma desde hace tiempo. “Satisfechos de que el Govern, el departament de Administración Pública y Jordi Puigneró haya escuchado las peticiones que le hicimos el año pasado y que este año los funcionarios puedan trabajar el 12 y el 6 de diciembre”, aseguraron, acompañando el mensaje con la etiqueta de “nada que celebrar”.
Pero los sindicatos también están divididos sobre esta cuestión. Pocas horas después del anuncio del conseller, CCOO cargó contra la posibilidad de permitir trabajar en días festivos estatales y expresó su “asombro” por la decisión. Tal y como recordó el sindicato en un comunicado, “los calendarios laborales los ha aprobado el ejecutivo catalán y están en vigor”, por lo que la decisión del departament dirigido por Puigneró contradice a otras consejerías. En opinión de Comisiones Obreras, esto es “una imprudencia y crea inseguridad jurídica”.
