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Una jueza ordena registros en dos domicilios para investigar el 'hackeo' a un sindicato de Mossos d'Esquadra

Captura de pantalla de la cuenta de twitter 'hackeada' del SME

Oriol Solé Altimira

El juzgado de instrucción 33 de Barcelona ha ordenado el registro y el decomiso de material informático en dos domicilios para investigar el ataque informático que sufrió el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) el pasado mes de mayo.

Los 'hackers' difundieron datos personales de 5.000 agentes y exagentes de la policía catalana (nombres, apellidos, números de teléfono y cuentas bancarias). Además, se hicieron con el control de la cuenta de Twitter del sindicato, desde donde enviaron tuits llamando a una huelga de policías y emitieron un falso comunicado anunciando la “refundación” del SME en un “Sindicato de Mossos d'Esquadra para los Derechos Humanos”.

La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, no ha tenido a bien facilitar información sobre el caso. Este diario, sin embargo, ha tenido acceso al auto, fechado el pasado 26 de enero, en el que la magistrada ordena a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Nacional registrar este martes un domicilio en Barcelona y otro en Salamanca. Las diligencias ordenadas se enmarcan en la investigación de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Fuentes cercanas a la investigación han informado que han sido detenidos un hombre y una mujer en Barcelona, en el barrio de Sants.

La magistrada ordena a la policía “decomisar equipos y soportes informáticos” relacionados con los hechos investigados “a los fines de recoger pruebas e indicios”. Asimismo, autoriza a los agentes a analizar los equipos informáticos, teléfonos móviles y otros soportes digitales, mensajes y documentos de los domicilios, así como el contenido de los discos duros y los contenidos en la nube.

Después del ataque informático, el conseller de Interior, Jordi Jané, anunció que la Unidad de Delitos informáticos de los Mossos se había puesto en contacto con el SME para investigar el “grave ataque” que, a juicio del conseller, “compromete la privacidad de los agentes, no sus investigaciones”.

Fuentes próximas al caso han explicado a este diario que la Policía ha mantenido esposado durante el registro de su domicilio de Salamanca al hombre dueño de los ordenadores sin leerle sus derechos, y que una vez terminado se lo han llevado a comisaría, de donde ya ha salido. Según estas mismas fuentes, los agentes se han llevado dos ordenadores y un móvil.

Asimismo, estas mismas fuentes han negado cualquier participación del detenido en el ataque informático y han considerado que la policía lo usa como “cabeza de turco”. En este sentido, han explicado que la participación del detenido con el caso se limita a “hacer un tuit” sobre el ataque informático una vez ya se había producido.

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