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CATALUNYA

Los sindicatos de Mossos reclaman al nuevo Govern que les deje fuera del debate político

Las centrales sindicales de la policía catalana quieren sacar a los Mossos del foco del 1-O y que no se les instrumentalice políticamente

La consellera de Justicia y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya retoman el contacto después de la crisis de la pasada legislatura

El principal sindicato de funcionarios de prisiones cree que el traslado a cárceles catalanas de los presos independentistas "ayudaría a normalizar la situación"

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Agentes de los Mossos d'Esquadra EFE

Definir el sentir de todos y cada uno de los 17.000 agentes de los Mossos d'Esquadra ante el Govern de Quim Torra es misión imposible. En lo que sí coinciden los representantes sindicales del cuerpo es en reclamar al flamante conseller de Interior, Miquel Buch, la apertura de una nueva etapa tras las turbulencias por el papel de la policía catalana en el otoño soberanista de 2017. Las centrales sindicales piden al conseller dejar fuera a la policía del debate político.

El calendario judicial puede complicarlo: la antigua cúpula de la policía catalana, empezando por el exmajor Josep Lluís Trapero, afronta un juicio por sedición en la Audiencia Nacional por el papel de los Mossos en la protesta en la conselleria de Economía del pasado 20 de septiembre y el 1-O. Buch, por el momento, no ha propuesto abiertamente la vuelta de Trapero al frente del cuerpo. Se da por descontado que Trapero rechazaría cualquier oferta.

El portavoz del sindicato SAP-FEPOL, mayoritario en el cuerpo, Valentín Anadón, pide a Buch que no "instrumentalice políticamente" a los Mossos d'Esquadra. "Se lo pedimos a todos los nuevos consellers", recuerda en declaraciones a este diario. En la misma línea se ha expresado el sindicato USPAC en una carta enviada al conseller. La central recuerda al nuevo titular de Interior que los Mosos "no tienen que ser objeto de debate político ni tienen que ser politizados". "Pedimos respeto para la institución de la policía y que nos dejen hacer lo que mejor hacemos, proteger a la ciudadanía", agrega el sindicato en su misiva.

"Lo que el cuerpo necesita ahora es tranquilidad", receta el portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), Toni Castejón, que solicita tanto a políticos partidarios como detractores de la independencia "no volver a meter a los Mossos en medio del debate político". "El precio que hemos pagado, sobre todo por el 1-O, es muy alto", añade.

La reorganización de la cúpula del cuerpo será una de las primeras decisiones que tendrán que tomar los nuevos responsables políticos de los Mossos –Buch y el secretario general de la conselleria, Brauli Duart, que ya había ocupado el cargo en los gobiernos de Jordi Pujol. La continuidad del comisario Ferran López, que sustituyó a Trapero con el 155, al frente de los Mossos es una incógnita, pese a que su nombramiento fue bien recibido entre las bases del cuerpo. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha descartado este jueves una "purga" en los mandos de la policía autonómica.

Buch ha rescatado para la cúpula política del cuerpo a cargos de la etapa de Felip Puig al frente de Interior. Joan Andreu Martínez se perfila como nuevo director de los Mossos d'Esquadra, cargo que quedó vacante por la destitución de Pere Soler –también imputado por sedición en la Audiencia Nacional– por el 155. Uno de los puestos vacantes es el de la dirección de la escuela de la policía después de la destitución por parte del Gobierno de Annabel Marcos –que ha sido nombrada este jueves nueva secretaria de administración y función pública– por llevar urnas para la votación del 1-O.

En materia laboral, Anadón solicitará a Buch reactivar la negociación colectiva en el cuerpo, "muy parada" después de siete meses de 155, reivindicación compartida con las otras centrales.  Asimismo, Anadón ve "imprescindible" que desde la conselleria se genere un clima de "normalidad institucional" con el resto de cuerpos policiales y los jueces y fiscales que trabajan en Catalunya para restablecer la "confianza mutua" con los Mossos. "La relación entre cuerpos se ha ido normalizando poco a poco y es indispensable para la seguridad de todos: compartimos muchas investigaciones, no hay otra que no sea colaborar", abunda Castejón.

Judicatura y prisiones

En este objetivo Buch deberá remar junto a la consellera de Justicia, Ester Capella. La exdiputada de ERC en el Congreso y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, han dado un primer paso epistolar para abrir una nueva etapa tras la frialdad y las críticas abiertas de la legislatura anterior a cuenta del 1-O.

En una carta, Barrientos ha trasladado a Capella su vocación de colaborar "desde la lealtad y el respeto institucional". La consellera ha agradecido al magistrado su misiva y le ha pedido una reunión "con la voluntad de romper la dinámica de tensión de los últimos meses". En círculos judiciales se confía en que el nuevo Govern abandone la desobediencia abierta a los tribunales que presidió la legislatura de Carles Puigdemont y cuyo mayor exponente fue el 1-O.

Más allá del plano institucional, Capella también tendrá que completar la reorganización del sistema penitenciario catalán –la Generalitat tiene competencias exclusivas en prisiones– iniciada por su antecesor, Carles Mundó. El portavoz de la sección sindical de CSIF en Instituciones Penitenciarias catalanas, mayoritario en el sector, Juan Luis Escudero, reclamará a Capella que acelere la construcción del nuevo centro de preventivos de la Zona Franca.

"El cierre de la Modelo era necesario pero fue precipitado", valora Escudero, que lamenta que las agresiones a los funcionarios han aumentado en la cárcel de Brians, el nuevo centro de preventivos. Los funcionarios de prisiones también solicitarán a Justicia que inste al ministerio a llevar a cabo la equiparación salarial, la jubilación anticipada y a lograr su reconocimiento como agentes de la autoridad. Escudero considera que el sistema penitenciario catalán está preparado para el traslado a cárceles catalanas de los presos independentistas. "No sería ningún problema y ayudaría a normalizar la situación", asegura.

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