Webs, publicidad, mítines y dinero oculto: qué se sabe de la investigación secreta del referéndum

“Abuso de poder” y “preludio del estado de excepción”. En estos términos se han referido distintos políticos soberanistas al interrogatorio este jueves del coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, Joan Ignasi Elena, por parte de la Guardia Civil. Pero, ¿qué investiga la Guardia Civil? ¿Y el juez instructor? ¿Por qué una querella sobre el caso Santiago Vidal ha derivado en una investigación sobre el referéndum?

A estas preguntas solo se puede responder en parte ya que la causa en la que se enmarcan los sucesivos interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos y funcionarios de la Generalitat está bajo secreto de sumario. De hecho, este jueves el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha prorrogado el secreto otro mes.

Lo que sí se sabe de momento es que las pesquisas de la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, versan sobre la preparación del referéndum. En concreto, la campaña de publicidad en los medios de comunicación que el Ejecutivo promovió para incentivar la inscripción en el registro de catalanes en el extranjero.

También se ha preguntado a los interrogados por dos webs. La primera, garanties.cat, propiedad del grupo parlamentario de Junts pel Sí, informa sobre aspectos del referéndum a cargo del Govern, aunque el portal no cuenta con ningún sello de la Generalitat. Los agentes, por orden del juez, también acudieron al Teatre Nacional de Catalunya para recabar datos sobre el mitin organizado por JxSí en el que presentaron la web.

La segunda web es la del Pacto Nacional por el Referéndum, la plataforma que agrupa a partidos, sindicatos y entidades tanto partidarias como contrarias a la independencia pero que están a favor de un referéndum pactado con el Estado. El portal es propiedad de Òmnium Cultural, el Centro Internacional Escarré para Minorías Étnicas y las Naciones (CIEMEN) y lafede.cat, entidad que agrupa a las ONG catalanas.

La Guardia Civil no ha imputado a ninguno de los interrogados porque solo puede hacerlo el juez. Lo que sí han hecho los agentes, en el caso del director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, y el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, es parar su interrogatorio al detectar que sus respuestas les podían incriminar en la causa. Según fuentes conocedoras del caso, tras esta advertencia el interrogatorio ha concluido. Todos ellos han acudido a declarar a la Guardia Civil, aunque no estaban obligados.

Previsiblemente, añaden las mismas fuentes, la Guardia Civil entregará un informe al juez una vez termine las pesquisas en el que informará al magistrado de los presuntos delitos que se podrían atribuir a los interrogados. En cualquier caso, será el magistrado quien decida su imputación.

Por ahora, el juez se lo está tomando con calma. El magistrado admitió a trámite en febrero y en marzo las querellas de VOX y de Miguel Durán (abogado defensor de Pablo Crespo en la Gürtel) contra el exjuez Santiago Vidal, el secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, y el asesor gubernamental Carles Viver i Pi Sunyer. No obstante, todavía no ha citado a ninguno de los tres como imputados.

En un inusual comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que los interrogatorios de la Guardia Civil de esta semana no han sido ordenados por el magistrado instructor. Con todo, cabe recordar que la Guardia Civil no va por libre y todas sus actuaciones están avaladas por el juez, aunque no las ordene expresamente.

En este caso, las riendas no las lleva el fiscal del juzgado de instrucción 13 sino la Fiscalía Superior de Catalunya, que ha querido pilotar la investigación desde las primeras querellas, y la Guardia Civil.

El origen: las conferencias de Santi Vidal

El juez, en el auto en que rechazó la personación de la CUP en la causa, aseguró: “Esta causa no tiene por objeto la organización política ni la convocatoria de un referéndum”. No obstante, la conexión entre la investigación del referéndum y la querella inicial por las presuntas ilegalidades cometidas por el Govern en relación a los datos fiscales de los catalanes reveladas por Santi Vidal está, precisamente, en las indiscretas conferencias que dio el exjuez y exsenador de ERC.

En concreto, fue la partida “camuflada” de 400 millones que Vidal aseguró que tenía el Govern para el referéndum y las estructuras de Estado la que abrió la puerta para que el juez investigara el 1-O, ha informado en primer lugar la agencia EFE y ha podido confirmar este diario.

“Oculta en los presupuestos hay una partida de 400 millones destinados al referéndum y a las estructuras de Estado. No os diré en qué epígrafes, porque están debidamente camuflados y si no nos los impugnarían inmediatamente”, aseguró Vidal en sus conferencias, palabras que los investigadores consideran que permiten indagar si la Generalitat ha incurrido en una malversación de caudales públicos.

El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, incluyó en las cuentas una partida de 5,8 millones destinada al referéndum, que el Constitucional anuló a principios de este mes. En la presentación de los presupuestos en noviembre del año pasado, cuando se preguntó a Junqueras si existía una partida oculta para asegurar el referéndum en caso de que el TC tumbara los 5,8 millones, el vicepresident consideró que estas partidas no eran “impugnables”, y añadió: “¿Alguien en esta sala cree que no haré todo lo necesario para cumplir el mandato de los catalanes? Haré todo lo que pueda y más”.

Lo más parecido en el mundo real a la cantidad “oculta” que reveló Vidal son los 330 millones de euros del fondo de contingencia incluido en los presupuestos de la Generalitat, dinero que el Constitucional ya ha advertido que no se puede destinar al referéndum.

Con todo, lo más probable es que tras las vacaciones, cuando la Generalitat, si cumple lo que ha prometido, empiece a dar pasos sin marcha atrás hacia el referéndum, parte o toda la causa del juzgado de instrucción 13 pase al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ya investiga el referéndum a raíz del fallido concurso de urnas.

Tormenta política

Los interrogatorios han provocado una tormenta política que ha recalentado más si cabe el ambiente de cara al 1-O. La Generalitat ultima su denuncia por los interrogatorios a altos cargos y la podría presentar ante el juzgado de guardia el sábado o este mismo viernes, jornada en la que continuarán los interrogatorios en la comandancia de la Travessera de Gràcia de Barcelona. Se ha citado al menos a un cargo de la conselleria de Asuntos Exteriores y a otro de Presidencia.

Solo el PP y Ciutadans han defendido los interrogatorios. El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha acusado a los independentistas de “haber perdido el norte y el 'seny' (cordura)” por confundir a la opinión pública sobre las actuaciones de la Guardia Civil. Por contra, soberanismo en bloque ha salido a criticar la investigación policial. “Cuando se investiga el hecho de promover un referéndum acordado, el problema de fondo es la democracia”, ha dicho el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Un abuso de poder que puede ser delito de prevaricación. Una imputación policial en un caso judicializado es, sencillamente, un abuso de poder”, ha sostenido el teniente de alcaldía de Barcelona y abogado, Jaume Asens (BComú). Desde la CUP, Quim Arrufat ha advertido de que los interrogatorios “sean el preludio de un estado de excepción”, por lo que ha pedido “estar preparados” para responder “a la represión”.

Las palabras más contundentes las ha dicho al salir de la comandancia Joan Ignasi Elena, un ex del PSC que nunca se ha declarado partidario de la independencia y ha promovido tan solo el referéndum pactado con el Estado: “Hay poderes que utilizan los instrumentos del Estado para perseguir y destruir la disidencia política. Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma o de otra, va de democracia y de respeto a la diferencia”.