Suspendido 'in extremis' el desahucio del Gimnasio Social Sant Pau en Barcelona

Una jueza ha paralizado en el último instante el desahucio del Gimnasio Social Sant Pau, que mantenía en vilo a buena parte de los movimientos sociales de Barcelona. El desalojo estaba previsto para este viernes, pero un escrito del Ayuntamiento a los juzgados, en el que pedía más tiempo para negociar la compra del inmueble a la propiedad, ha servido para aplazar la fecha y garantizar la continuidad del recinto, que hace las veces de equipamiento y punto de reparto de comida sobre todo para personas sin hogar.

La decisión de aplazar el desahucio la ha tomado el juzgado de primera instancia 5 de Barcelona, que de momento no ha acordado ninguna nueva fecha. En las últimas horas, las negociaciones entre la propiedad y el Ayuntamiento, que desde hace meses se muestra dispuesto a comprar el inmueble, se habían intensificado, aunque no habían dado resultados. El consistorio ofrecía 9,5 millones, que ha subido hasta 9,7, pero consideran que no pueden pagar más que el precio de tasación. Además del gimnasio, el recinto tiene la posibilidad de levantar encima una cuarentena de pisos sociales. Pero los titulares de la finca, Samaranch Viñas, piden oficialmente 14 millones.

El Gimnasio Social Sant Pau, ubicado en la ronda que lleva ese mismo nombre, a caballo entre los barrios de Sant Antoni y del Raval, es un equipamiento deportivo que siempre ha estado acompañado de una clara vocación social. Ya desde su fundación, en 1940, como baños populares, pero sobre todo a partir de 2012, cuando los trabajadores asumieron la gestión de la empresa, que iba a cerrar. Desde entonces, han funcionado como cooperativa, con numerosos programas contra la exclusión social. 

Durante la pandemia, han repartido a diario 150 comidas, principalmente a personas sintecho, que usaban también el recinto para ducharse. Esto lo han hecho a través de un convenio con el Ayuntamiento que precisamente finaliza este mes. 

El futuro de este proyecto es incierto sobre todo desde el pasado verano, cuando finalizó su contrato de alquiler y la empresa propietaria de la finca no quiso renovarles. Años antes, el pleno del Ayuntamiento ya había aprobado comprar el inmueble dado el carácter social de su actividad y las pocas perspectivas de que les mantuviesen el alquiler, pero esta adquisición nunca se ha materializado.