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Victoria ecologista contra el chalé ilegal del hijo del exalcalde de Bellver de Cerdanya

Oriol Solé Altimira

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A primera vista es un marco incomparable: prados, el valle, las montañas al fondo.... Pero rápidamente la cámara instalada en el 'dron' capta una construcción que rompe toda armonía. Es la Casa Alay, una finca que ha provocado un terremoto en la pequeña población de Bellver de Cerdanya. El caso es un ejemplo de cómo el interés privado de un político se impone al público, pero también de una reacción ciudadana que se ha saldado con una victoria del colectivo ecologista SOS Pirineus y con la dimisión del alcalde.

“Nos enteramos por casualidad”, rememora Núria Martí, portavoz de SOS Pirineus. A mediados de 2019, a la entidad le empezaron a llegar por distintas vías fotografías y noticias de que habían empezado unas obras en Casa Alay, una construcción en ruinas que había servido como caseta de herramientas de los mineros que explotaban el manganeso de la zona en los años 20 del siglo pasado. La finca está ubicada en una colina fuera del núcleo urbano con vistas privilegiadas a la comarca pirenaica de la Cerdanya.

Ahí empezó el trabajo de hormiguita de los ecologistas de la comarca. Primero constataron que las obras para edificar un chalé en la Casa Alay se estaban realizando en un suelo catalogado como no urbanizable. Después descubrieron que el propietario de la casa era Joan Porta, concejal de Bellver e hijo del alcalde del municipio, Xavier Porta, de la formación local Endavant Cerdanya.

Con el desconfinamiento llegaron las acciones ecologistas. Empieza entonces una maratón de trámites administrativos con los que el consistorio liderado por Porta intentó legalizar unas obras a todas luces irregulares en la finca de su hijo. La fórmula fue incluir la Casa Alay –una caseta de herramientas– en el catálogo de masías y casas rurales, pese a que no aparecía en el catálogo municipal editado en 2006 de masías a conservar. Los ecologistas descubrieron que tampoco se menciona ninguna Casa Alay en el libro 'El desert verd' (Garsineu), que documenta todas las masías del Pirineo catalán. El consistorio aprobó de forma inicial su inclusión en el registro de masías en julio de 2020, pero la definitiva todavía no se ha realizado.

En noviembre de 2020 la autoridad entra en escena. Los Agentes Rurales documentaron las obras para convertir la Casa Alay en un chalé de dos plantas, con una superficie de 68 metros cuadrados cada una, hasta con un balcón. Unas obras que quizás podrían hacerse en una masía ya existente, pero había un problema: Casa Alay no era una masía ni a su alrededor había campos de cultivo. Un mes después intervino la Generalitat, que a través del servicio de Urbanismo requirió al consistorio proteger la legalidad. El Ayuntamiento ordenó suspender las obras por realizarse en suelo no urbanizable.

Menos de dos meses después de suspenderse las obras, Porta acude al consistorio con una propuesta de legalización de las obras consistente en solicitar construir una “construcción agrícola”. La Junta de Gobierno local lo aprueba en tan solo 15 días, pese a contar con un informe desfavorable del departamento de Agricultura por falta de adecuación de las obras a un almacén agrícola.

El proceso administrativo terminó en mayo de 2021, cuando la Junta de Gobierno local aceptó la licencia de obras para construir una cubierta agrícola. Como condiciones particulares se impuso que la edificación no se pudiera destinar a uso residencial y se descartó el balcón en la casa. En suma, se legalizaron las obras ya realizadas para un chalé declarándolas como cubierta agrícola.

Este último movimiento fue la gota que colmó el vaso de los ecologistas, que empezaron a reunir documentación para llevar el caso ante la Sindicatura de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán. En paralelo, el enfado de vecinos del pueblo fue creciendo, y todo ello terminó por precipitar la renuncia del alcalde y su hijo en abril del año pasado. En un comunicado, Porta defendió la legalidad de las obras del chalé, y cargó contra SOS Pirineus y la oposición “desleal” del municipio.

La resolución de la Sindicatura de Greuges ha llegado ahora y es un espaldarazo a todas las tesis de los ecologistas. “No sé si es como David contra Goliat, pero sí que el caso es un ejemplo de que no por ser hijo de un alcalde se puede hacer lo que se quiera”, asevera Molina, que recuerda que hubo enfado en la comarca por el “agravio comparativo” y el tiempo que cualquier otro ciudadano debe esperar para la tramitación de una licencia de obras.

Concluye la Sindicatura que las obras en Casa Alay empezaron sin licencia en 2019 y expresa la “duda” de si la legalización de obras como almacén agrícola fue “la única vía posible para dar cobertura jurídica” a la edificación ya construida. Por ello entiende la institución que “dadas las circunstancias” y el conflicto de intereses del consistorio, debería haber sido el servicio de Urbanismo de la Generalitat quien hubiera decidido si debía otorgarse la licencia de obras de almacén agrícola.

La institución liderada por Esther Giménez Salinas finaliza su informe instando al consistorio a revisar el acuerdo de legalización de obras y de licencia de almacén agrícola de 2021 “para acreditar” si están efectivamente vinculadas con la actividad del campo. Si no lo hace de oficio el Ayuntamiento, la Síndica sugiere que se lo pida a la dirección general de Territorio y Urbanismo. Y pide también la Sindicatura que el consistorio actúe “con transparencia, congruencia y coherencia” en relación a la inclusión inicial de Casa Alay en el catálogo de masías, además de pedir a la comisión territorial de urbanismo que “valore con rigor la situación planteada y emita el dictamen oportuno”.

“No es que hubiera un gran miedo al alcalde, pero es una persona conocida, llevaba quince años en el cargo y aquí poco o mucho nos conocemos todos”, responde Martí a la pregunta de si los vecinos que han colaborado con SOS Pirineus en las pesquisas tenían miedo a la reacción de Porta. Para SOS Pirineus ahora solo queda una opción: que el Ayuntamiento de Bellver derribe las obras ilegales de la familia Porta. Este diario se ha puesto en contacto con la alcaldesa de Bellver, Laia Serra, y Endavant Cerdanya, la formación donde militan los Porta, sin obtener respuesta.

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