Los okupas de Fraguas confían en que Podemos presione para que la Junta retire la denuncia

“Queremos una solución dialogada y consensuada a nuestra situación”. Ésta es la voluntad de Jaime Merino y de todos sus compañeros de la comunidad de Fraguas para resolver el conflicto judicial que mantienen con el Gobierno de Castilla-La Mancha desde que decidieron asentarse en 2013 en este núcleo, ubicado en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, a unos 60 kilómetros al norte de la capital de la provincia.

Después de la expectación mediática que despertó hace unos meses la historia de ocupación de este pueblo, forzosamente expropiado por el franquismo en los años 60 para convertirse en monte de utilidad pública y dejar de ser considerado jurídicamente un municipio, el caso se encuentra en vía muerta desde el punto de vista político y judicial. “Estamos inquietos porque no sabemos qué nos espera en el futuro, pero tenemos claro que lo más importante es conseguir que la Junta eche marcha atrás con la denuncia”, explica Merino a eldiarioclm.es.

La situación judicial a la que se enfrenta este grupo de okupas es ciertamente grave. El Gobierno de Castilla-La Mancha interpuso contra ellos una denuncia, entre otras razones, por repoblar al margen de la ley un lugar que ya no está catalogado oficialmente como municipio. La Fiscalía reclama para ellos una pena de 26 años de prisión, dos para cada uno de los seis miembros del movimiento reivindicativo, tras ser denunciados por presuntos delitos de usurpación del monte, contra la ordenación del territorio y por daños al medio ambiente. Además, en caso de que la causa prospere, deberán asumir  una sanción de 26.000 euros en concepto de responsabilidad civil para demoler todas las construcciones del poblado y gestionar los residuos generados este tiempo.

Este medio se ha puesto en contacto con el Gobierno regional para conocer cuáles son las decisiones que va a adoptar para solventar el problema. Sin embargo, desde la Junta se limitan, sin ofrecer más declaraciones, a ratificar su posición de mantener la denuncia, a la espera de que se celebre el juicio oral, que previsiblemente tendrá lugar en la primavera de 2018. Alberto Rojo, delegado de la Junta en Guadalajara, manifestó en abril a eldiarioclm.es su voluntad de llegar a un acuerdo con los okupas e incluso les ofreció  la alternativa de que se asentaran en otros pueblos de la provincia de Guadalajara escasamente poblados. También admitió que el emplazamiento de Fraguas “no es apto para ser repoblado” por ubicarse dentro del Parque Natural de la Sierra Norte, no disponer de servicios y estar considerada como una zona con alta probabilidad de incendios.

 

Una de las voces más críticas de la política regional con respecto al proceso judicial abierto y que se ha significado más a favor del colectivo ha sido José García Molina, actual vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Durante una visita que el secretario regional de Podemos realizó en abril a Fraguas para interesarse por el proyecto ecologista puesto en marcha por los jóvenes, calificó la denuncia como “absolutamente desproporcionada”. “Nos apoya, se comprometió a mediar ante la Junta para que se anulara la denuncia y aunque todavía no hemos recibido su respuesta, confiamos en que nos respalde porque este proyecto es acorde a su ideología”, resume Jaime Merino.

García Molina afirma a eldiarioclm.es que sigue “comprometido a mediar para alcanzar un acuerdo negociado que permita dar continuidad a un proyecto que no daña el medio ambiente”. Y, aunque reconoce que “no hemos vuelto a hablar sobre el caso de Fraguas”, el vicepresidente compromete su disposición a “llegar a un entendimiento”. De hecho, durante este tiempo, la comunicación con la formación morada no se ha cortado hasta el punto de que algunos miembros de Podemos han ofrecido asesoramiento al grupo para ayudarles con el empadronamiento, tal como confirman los propios okupas.

Precisamente, el tema del empadronamiento es uno de los principales obstáculos a salvar por este colectivo. El hecho de que Fraguas dejara de ser municipio hace 50 años les impide inscribirse en el padrón de Monasterio, una localidad situada a unos 10 kilómetros, a la que Fraguas estuvo vinculada históricamente como pedanía. Los okupas sospechan que el Ayuntamiento de Monasterio “ha recibido órdenes de la Junta” para que no se les conceda el empadronamiento. Un trámite con el que se regularizaría su presencia en Fraguas y les equipararía en seguridad y derechos al resto de municipios de la provincia de Guadalajara

María Victoria Delgado, alcaldesa de Monasterio, asegura que “no hemos recibido ninguna directriz del Gobierno de Castilla-La Mancha para no dar el empadronamiento, pero lo cierto es que, aunque les hemos entregado los papeles en varias ocasiones, no pueden empadronarse, porque Fraguas no es un municipio.  No nos manifestamos ni a favor ni en contra de este repoblamiento, simplemente es un tema delicado que compete solo a la Junta”.

Por su parte, Gonzalo Bravo, alcalde de Arbancón, otra de las poblaciones más próximas a Fraguas, considera que el problema se tendría que haber resuelto hace tiempo de forma negociada con la Junta: “No estoy en contra de que hayan repoblado Fraguas, pero considero que esta asociación se debería haber asentado de forma legal hablando con la Junta desde el principio. Necesitamos gente en nuestros pueblos y por eso les llegué a ofrecer hace tiempo que vivieran en Arbancón”.  

Reconstrucción del pueblo

A la espera de que el conflicto se resuelva en los tribunales dentro de unos meses, cuando los seis compañeros del colectivo de Fraguas denunciados declaren en el juicio oral, la reconstrucción del poblado prosigue a buen ritmo y otros tres miembros se han unido a la ‘familia okupa’. “El proyecto sigue adelante, continuamos trabajando para recuperar el pueblo y estamos contentos porque cada vez son más los apoyos que recibimos”, cuenta Merino.

Esta iniciativa de repoblamiento rural se basa en la autosuficiencia, el ecologismo y la sostenibilidad del medio. Entre las actividades diarias de los habitantes de Fraguas se encuentra el cultivo de un huerto ecológico o la fabricación de productos artesanales. Además, construyeron una placa solar junta a la vivienda principal que funciona como su fuente básica de energía.

A lo largo de estos meses, el grupo se ha concentrado en contactar con asociaciones de Guadalajara con el objetivo de sumar más adeptos a su causa. Entre ellos se encuentran la organización Ecologistas en Acción, que se ha ofrecido a declarar a su favor de los okupas en el juicio; además de algunos trabajadores del grupo de retén de incendios de la zona y el alcalde de Campillo de Ranas. “Queremos estrechar los lazos con movimientos sociales de la provincia y nos sentimos cada vez más arropados por ellos y por los antiguos vecinos de Fraguas que nos visitan de vez en cuando”, señalan desde el colectivo okupa. El respaldo creciente que han recibido se ha transformado en una intensa actividad cultural en el poblado con la organización de  concentraciones ‘scouts’ o un concierto del grupo musical guadalajareño ‘Espejismo Sonoro’, al que asistieron alrededor de 300 personas. Diversos colectivos españoles y europeos han demostrado también su solidaridad con el proyecto Fraguas donando dinero a la cuenta bancaria que el grupo ha abierto para sufragar los gastos judiciales a la que, según los propios okupas, habrían llegado ya “miles de euros”.