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Objetivo: eliminar hasta 2020 todos los vertidos de residuos que sean reciclables

Neumáticos abandonados junto al río Júcar / Ecologistas en Acción

Alicia Avilés Pozo

Englobar en un único instrumento de planificación todas las medidas sobre gestión de residuos, peligrosos y no peligrosos, que existen en Castilla-La Mancha es el objetivo fundamental que el Gobierno regional se ha marcado en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado el pasado mes de diciembre mediante decreto. Tras siniestros como los incendios de Seseña y Chiloeches, que han puesto en tela de juicio el tratamiento de estos materiales, el objetivo de este proyecto es servir como marco de referencia para la implantación en el territorio de las actuaciones necesarias para la prevención y correcta gestión de todos los residuos.

Esta planificación costará un total de 24,5 millones de euros hasta 2022, es decir, algo más de 4 millones de euros por año contando desde el presente ejercicio. De todas las partidas, las mayores se destinarán a inversiones, instalaciones, maquinaria y equipos, y el resto para estudios y trabajos, y también para campañas de formación, comunicación y sensibilización. En cuanto al origen de la financiación, las previsiones contemplan que del total, unos 7,8 millones sean financiados por el Gobierno regional y 16,7 millones por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El Plan se orienta por los principios de economía circular y desarrollo sostenible, buscando contribuir asimismo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la lucha contra el cambio climático. Así, y con un horizonte temporal que alcanza la horquilla entre los años 2020-2022, el Plan aborda de forma integrada las actuaciones en relación con los distintos flujos de residuos generados en Castilla-La Mancha.  

En el mismo se establece que tras dos años de ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado en noviembre de 2014, cuando gobernaba el PP, una de las  principales carencias detectadas ha sido la falta de información relativa a la generación y gestión de este flujo de residuos, especialmente en los industriales no peligrosos.

Por eso, la consecución de los objetivos fijados en este Plan se aborda mediante nueve programas de actuación: residuos domésticos, residuos de envases y embalajes, residuos industriales, residuos de construcción y demolición, lodos de Estaciones Depuradores de Aguas Residuales (EDAR), residuos agrarios, neumáticos al final de su vida útil, y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para cada uno de estos programas, se definen una serie de objetivos y medidas, así como indicadores para poder valorar periódicamente el grado de cumplimiento.

Reducción del 10% hasta 2020

Los datos más destacados de las reformas hechas en el nuevo Plan aparecen en materia de prevención. Así, se establece la reducción de la cantidad de residuos industriales generados con el objetivo de alcanzar en 2020 una reducción de un 10% respecto a los generados en 2010; incrementar la cantidad de estos residuos que son reciclados; aumentar su valorización en la industria agroalimentaria; y favorecer la valorización energética de aquellos que no pudiendo ser valorizados materialmente, puedan ser destinados a la eliminación.

Por otra parte, en materia de reducción de la eliminación, el Plan incluye que la cantidad de residuos industriales eliminados mediante depósito en vertedero alcance el 0% (es decir, eliminación total) para aquellos que sean reciclables. Y en cuanto a la recogida selectiva y tratamiento, el proyecto incorpora el fomento de la separación en origen, el análisis de puntos de recogida, y el fomento de las líneas de investigación sobre la valorización integral de residuos de la industria agroalimentaria.

En otro orden de cosas, y en cuanto al programa de neumáticos al final de su vida útil, el Gobierno regional recuerda que, según la legislación vigente, la obligación de hacerse cargo de su gestión es de la persona física o jurídica que fabrique, importe o adquiera neumáticos que sean puestos en el mercado nacional de reposición.  “Actualmente se tiene constancia de la existencia de varios acopios abandonados, que implican unos riesgos notables ante posibles incidencias o accidentes”, añade, cuya eliminación y “correcta  gestión” es una de las prioridades.

Reutilización y recauchutado de neumáticos

En materia de tratamiento, el Plan Integrado aboga por alcanzar en 2020  un  porcentaje  mínimo  de  preparación para la reutilización (segundo uso y recauchutado) del 15%, debiendo alcanzarse en 2018 un objetivo intermedio de un 13%. O también, alcanzar en 2020 un porcentaje mínimo de reciclaje del 45%, debiendo alcanzarse en 2018 un objetivo intermedio de un 42%.

En cuanto a los acopios no autorizados, el Ejecutivo establece su eliminación y también mejorar la colaboración con todos los sectores y las administraciones públicas implicadas, para lograr la “detección precoz” de los mismos y el desarrollo  de las actuaciones pertinentes para evitar o solucionar los problemas ambientales.

Se refuerza también en este punto la inspección y control para evitar grandes acumulaciones, prácticas no regladas en las importaciones y exportaciones, y se propone el impulso de la utilización de neumáticos recauchutados en camiones o vehículos industriales en el sector público; el uso de polvo de estos materiales en  la  fabricación de mezclas bituminosas para pavimentos de carreteras; valoración de la  contribución al reciclado de algunos de los materiales contenidos en los neumáticos;  y reconversión en combustible similar al diésel para uso en automoción, polvo de negro de humo para la industria química y metal para fundiciones y acerías.

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