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Así fue el “tijeretazo” del Gobierno de Cospedal a la financiación pública universitaria

El último estudio del Observatorio del Sistema Universitario desvela que de 2009 a 2015 se recortó más del 38% en esta partida

Estos datos coinciden con el enconado debate entre el Gobierno actual y la UCLM por su contrato-programa de financiación

Castilla-La Mancha se encuentra por detrás de 34 países de la OCDE en cuanto a financiación pública en universidades

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La universidad pública pierde más de 77.000 alumnos desde 2012

EFE

En medio del continuo  'tira y afloja' que el Gobierno castellano-manchego mantiene con la Universidad regional (UCLM) por su financiación y el futuro contrato-programa, un informe del Observatorio del Sistema Universitario ha venido a marcar parte del origen de los problemas que ahora afronta la institución académica. Según el estudio, que abarca el periodo 2009 a 2015 -desde los dos últimos años del Ejecutivo socialista de José María Barreda hasta toda la legislatura del PP con María Dolores de Cospedal-, la financiación pública universitaria sufrió un recorte del 38%. Fue la región donde más se ha recortado, lo que la situó por detrás de todos los países y regiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe desvela que, en general, la financiación de las universidades públicas españolas presenta, desde hace tiempo, diferencias sensibles entre comunidades autónomas que se han acentuado en el período analizado. Estudia así su evolución y analiza su situación actual, comparándola con el contexto internacional.

Una de las principales conclusiones es que durante el periodo analizado, por comunidades autónomas, la disminución de los ingresos totales no financieros varió entre la bajada del 12,9% de La Rioja y la del 32,7% de Castilla-La Mancha. Es decir, esta última comunidad autónoma es en la que más bajó. También resulta significativa la disminución en esta comunidad autónoma en cuanto a la reducción de la financiación pública, un 38,2% menos, igualmente en última posición. Esto ha provocado, añade el Observatorio, que Castilla-La Mancha se encuentre entre las cinco regiones por debajo de 34 países de la OCDE en inversión en enseñanza respecto a su PIB.

Posteriormente, el informe se detiene en el año 2015, en lo que llama un “contexto de financiación menguada”, donde las “desigualdades” entre autonomías han aumentado, especialmente en financiación pública e ingresos por tasas y precios públicos.

Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y el País Vasco están por debajo de todos los países de la OCDE

La misma situación se produce en relación a ese contexto de los países de la OCDE. En relación al gasto total por estudiante universitario a paridad del poder adquisitivo, España se situó en 2015 un 16,8% por debajo de la media en Unión Europea, y un 13,1% por debajo de la media de la OCDE. De hecho, nuestro país es el sexto país de 28 que gasta una proporción más pequeña de su riqueza en universidades (1,08% el PIB), lo que a su vez implica que solo dos comunidades autónomas españolas (Comunitat Valenciana y Andalucía) alcancen la media europea mientras que otras cinco (Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, La Rioja y el País Vasco) están por debajo de todos los países de la OCDE.

La situación en Castilla-La Mancha no mejora si se atiende al total de ingresos no financieros en universidades. Aunque la variación es negativa en todas las comunidades autónomas, los valores son muy distintos: desde la disminución del 12,9% de la Rioja hasta la bajada del 33,3% en el caso castellano-manchego, es decir una reducción casi tres veces superior. El estudio incluso se detiene en este caso para afirmar que la disminución de los ingresos en esta región es “excepcional”. porque la comunidad que la sigue, la Valenciana, se quedó a más de siete puntos de distancia, con un 25,8%.

A la hora de ponderar las causas, el Observatorio deja claro que las diferencias no responden a variaciones en el número de estudiantes. En el mismo periodo 2009-2015 estos cambios fueron dispares pero no de la misma manera que los ingresos: en el conjunto de España es una reducción del 16,4% y la mayor reducción sigue correspondiendo a Castilla-La Mancha, con una bajada del alumnado del 25%. Es decir, la disminución del alumnado no se corresponde al cien por cien con la de los ingresos.

El PSOE ha querido interpretar este informe por boca de su diputado José Luis Escudero, quien manifiesta que los datos son el reflejo del “tijeretazo” que la expresidenta regional, María Dolores e Cospedal “asestó” al sistema universitario castellano-manchego. En concreto, afirma que fue la “verdugo” de la Universidad regional.

La expresidenta María Dolores de Cospedal y el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado

La expresidenta María Dolores de Cospedal y el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado Europa Press

A su juicio, la dirigente del PP "dejó tirados" a los jóvenes e "incrementó de forma significativa las tasas", añadiendo que "es una vergüenza que hundiera la universidad pública, la universidad de todos". Mientras tanto, el Gobierno de Emiliano García-Page, ha apuntado, "trabaja y se esfuerza por dar estabilidad, garantizar las nóminas e incrementar programas como los de investigación" en la institución académica.

Se da la circunstancia de que esta misma semana el Gobierno regional y la Universidad castellano-manchega  han mantenido una nueva reunión para analizar el borrador que prepara la comisión designada por la institución académica para el Plan Estratégico que entregará a la Junta a finales de febrero. Después, ya a partir de marzo, será necesario que ambas instituciones firmen un contrato-programa con un horizonte, probablemente a cuatro años, en el que se especificará la financiación adicional a la subvención nominativa de 140 millones de euros que la Junta destina a la institución académica en este año 2018, y que ha sido motivo de una amplia polémica en meses anteriores.

Por su parte, también esta semana el grupo de universidades G9 ha reivindicado en su asamblea de rectores una mayor financiación para poder sostener el sistema público español, más autonomía a la hora de rendir cuentas y tomar decisiones, y un aumento de fondos para la investigación, un campo que ha sufrido "unos importantes recortes", tanto del sector público como de fuentes privadas.

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