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El proyecto del cementerio nuclear es un mar de dudas

Foto: EFE

Luis Enrique Espinoza Guerra

Continúa la tramitación administrativa del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos radiactivos de alta actividad, que se prevé construir en el municipio conquense de Villar de Cañas. Tras realizar consultas previas a los ayuntamientos afectados, se ha abierto el plazo de información pública del estudio de impacto ambiental y de la solicitud de autorización al Ministerio de Industria tanto del propio ATC como del denominado Centro Tecnológico Asociado realizada por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA).

Ediles de varias corporaciones del entorno de Villar de Cañas, pertenecientes a la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, han presentado ya alegaciones en el procedimiento de consulta a los ayuntamientos, tras revisar la prolija documentación facilitada con escasos días para su estudio.

Entre las deficiencias que se apuntan por parte de los alegantes destaca por ejemplo que a pesar de que “se ha comprobado que en la zona de estudio discurren 5 pasillos aéreos, 2 pares de espacio aéreo inferior y superior, y otro pasillo de navegación aérea de reactores militares”, tal como se indica en la documentación oficial, se descarta el riesgo de impacto de aviones y por lo tanto no se prevé en el ATC ningún diseño para hacerlo resistente a un choque a diferencia de un almacén considerado homólogo (el HABOG de Holanda), que sí se ha diseñado resistente al choque de aeronaves.

Residuos atravesando los pueblos

Además se ha dado a conocer que todos los residuos radiactivos de alta actividad (más de 4.000 contenedores en unos 1.300 convoyes) pasarán por los pueblos de Villares del Saz y Villar de Cañas, a muy pocos metros de las viviendas, con una dosis estimada de 0,012 mSv (milisieverts) por cada convoy, equivalentes a una radiografía de cráneo.

Tal como apuntan desde la Plataforma los vecinos de las viviendas más próximas podrían recibir anualmente dosis superiores a 0,15 mSv, sin consentimiento, sin beneficio alguno y de forma indiscriminada (a embarazadas y niños también). La dosis acumulada durante los 20 años en los que se prevé transporte puede ser preocupante, incluso aunque no se produjesen averías o paradas, y sin entrar a considerar que existen daños por radiación que no dependen de la dosis, sino del azar o mala suerte.

Riesgo geológico incompatible con el ATC

La información contenida en la documentación aportada ahora permite conocer más datos sobre los terrenos, que no hacen sino corroborar, en opinión de la Plataforma, que los riesgos geológicos e hidrogeológicos son incompatibles con una instalación como el ATC. Así, se indica textualmente que “en los pozos excavados la profundidad del agua está muy próxima a la superficie del terreno no sobrepasando, en general, los 2 ó 3 m”.

Se aportan datos de la vulnerabilidad de las bóvedas de almacenamiento al riesgo de migración de los radionucleidos, puesto que éstas se encontrarían por debajo del nivel del acuífero, que además tiene una rápida conexión con el río Záncara y una capacidad de movilización de hasta 10m/h.

Optimismo de Gil-Ortega

Al dar a conocer los citados pasos administrativos el presidente de ENRESA, el político “popular” Francisco Gil-Ortega, ha manifestado que se prevé que los movimientos de tierra para construir el ATC comenzarán en los meses de enero o febrero del año 2015.

Gil-Ortega se ha mostrado convencido de que no habrá ningún problema con el estudio “ya que se ha hecho bien” y ha querido dejar claro “que no tenemos ningún retraso”.

En cuanto a las obras que se realizan en el emplazamiento ha indicado que “a día de hoy el Vivero de Empresas está al 50 por ciento de su construcción” y se “está preparando el perfil de las empresas que albergará”.

Desde la Plataforma se sigue cuestionando el fin de esos edificios que distrae fondos a I+D, que sí es un fin estatutario de ENRESA a diferencia del Vivero, y lo asocian a la intención de comprar voluntades y adhesiones.

Retrasos, sobrecoste y adjudicaciones polémicas

Por su parte el Gobierno no es tan contundente como Gil-Ortega al responder a una serie de preguntas en torno al ATC planteadas por el diputado de Izquierda Unida Cayo Lara. Se reconoce en las respuestas que si bien el programa se está cumpliendo caben dilaciones motivadas por los tiempos que precise la evaluación de impacto o el informe sobre la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear.

También admite el Gobierno que se han producido revisiones en el presupuesto inicial de 700 millones de euros hasta los 900 actuales, motivados por la inclusión de nuevas instalaciones no previstas inicialmente y de obras complementarias en carreteras, subestación eléctrica, etc.

Finalmente, respecto de la polémica suscitada por el fraccionamiento de contratos para su adjudicación y que algunos hayan recaído en la misma empresa de la que es alto directivo Ignacio López del Hierro, marido de la Presidenta de la Junta y máxima valedora del proyecto del ATC, el Gobierno niega el fraccionamiento intencionado, aunque admite que hay “contratos con denominaciones similares en distintos periodos” que estarían técnicamente justificados, y sostiene que Iberdrola Ingeniería tanto sólo se ha adjudicado un 9,97 % del importe de obras licitado hasta ahora, y lo justifica porque no existen mucha empresas con su capacidad.

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