Cuatro organismos de control que desaparecieron en la legislatura del PP
“Evitar duplicidades” fue la razón por la que el Gobierno de María Dolores de Cospedal decidió eliminar organismos cuya principal función era el control. Tanto en términos de contabilidad, como de derechos ciudadanos, o de libre competencia. El último en desaparecer fue la Sindicatura de Cuentas, cuya desaparición se hizo oficial en las Cortes de Castilla-La Mancha en abril de 2014. La presidenta de la Junta de Comunidades anunció la intención de eliminar la Sindicaturas en el Debate de la Región de 2013.
La fiscalización castellanomanchega pasó a estar a cargo del Tribunal de Cuentas, ahorrando, según indicó el Gobierno regional, 1,6 millones de euros. Como fue habitual durante la última legislatura, ninguna de las enmiendas socialistas fueron aceptadas por el Grupo ‘popular’, que sacó la propuesta sólo con sus votos. Leandro Esteban, portavoz de Gobierno señaló entonces que se intentaba construir una “administración del siglo XXI, racional y que entiendan los ciudadanos”, y rechazó que se “menoscabara” cualquier función de control del Ejecutivo regional. El PSOE señaló que la verdadera intención era eliminarlo porque “nunca podría hacer informes favorables a los inhumanos recortes”.
España pasó a tener cinco Comunidades Autónomas sin Defensor del Pueblo cuando Castilla-La Mancha eliminó esta oficina, donde trabajaban treinta personas. En los últimos días de diciembre de 2011, pocos meses después de ser elegida, María Dolores de Cospedal promovió unas leyes que hacían oficial no sólo la desaparición de esta figura, sino también del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha. Una vez más, la razón fue la “grave situación financiera” de la región. Los castellanomanchegos han tenido que recurrir al Defensor del Pueblo estatal desde entonces. El Gobierno subastó, además, la sede de la oficina en Albacete.
Sólo Melilla carecía del equivalente al Consejo Económico y Social cuando el Gobierno del Partido Popular decidió eliminar esta figura también en Castilla-La Mancha. La ley que hizo que el organismo desapareciera fue, junto a la que eliminó al Defensor del Pueblo regional, la primera que aprobó el entonces recién estrenado Ejecutivo. En dicho Consejo funcionaban representantes de empresarios, sindicatos, e instituciones representativas de la sociedad civil, pero la Administración decidió que existían otros mecanismos que podían garantizar la participación de este tipo de agentes.
La Comisión Regional de Competencia fue el primer órgano en desaparecer, en julio de 2011, para conseguir “un mayor nivel de austeridad y eficiencia”, según publicó el mismo Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El ejecutivo señaló que la Administración Regional se “racionalizaba” y “simplificaba” pero los derechos de los ciudadanos quedaban “garantizados”. La Consejería de Economía quedaba con facultades plenas para desarrollar el Decreto que derogaba la creación de este órgano, que se encargaba de defender la competencia libre en la región.
