Un trapacero en la corte de Camps
Es una lástima que la juez no estuviera por la labor de dejar que Álvaro Pérez se explayara en su declaración, a petición propia, sobre los manejos que se produjeron en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, el más llamativo de los grandes eventos, y el más ruinoso, de cuantos promovió el PP en los años del despilfarro y la sobreactuación.
El pasado jueves día 15, cuando llegó esposado procedente de la cárcel al juzgado de instrucción número 17, el Bigotes quería hablar, pero a la juez solo parecían interesarle las confesiones que incidían en aspectos ya explorados de la investigación. Seguramente la magistrada tiene ganas de cerrar la instrucción de la causa. De ahí que interrumpiera sistemáticamente al cabecilla de la trama Gürtel en Valencia cuando ponía sobre la mesa más nombres para explicar cómo funcionaba en aquella primera década del siglo XXI la cúpula del poder valenciano; cómo actuaba, en definitiva, la corte de Francisco Camps.
“A Álvaro le han entregado los planos de todo el tema del circuito”, decía su jefe, Francisco Correa, en una conversación grabada meses antes de que la instalación de las gradas en las calles de Valencia saliera a licitación y se hiciera público el trazado. El Bigotes cumplió bien su misión de conseguidor de información privilegiada, aunque en el caso concreto de la Fórmula 1 da la impresión de que la trama Gürtel no le sacó demasiado provecho. Fue el propio Camps, según su testimonio, quien le mostró los planos y el entonces vicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla quien se los dio.
Camps está cada vez más hundido en las arenas movedizas de la investigación judicial sobre la construcción del circuito urbano y la organización de aquellos grandes premios de automovilismo que, en un derroche de vanidad, urdió con Bernie Ecclestone a cargo de las arcas públicas. Aquella fantasía de la política convertida en gran evento todavía la estamos pagando los valencianos.
Rambla, sin embargo, había salido indemne del juicio por la financiación ilegal del PP valenciano celebrado en la Audiencia Nacional y ahora aparece seriamente en peligro de precipitarse en otro de los agujeros negros de la corrupción que marcó aquella época. Ricardo Costa, que entonces era uno de los suyos, ya había aportado en sede judicial con anterioridad datos de la existencia de mordidas y otros supuestos delitos en la construcción del circuito automovilístico, suficientes como para ampliar el foco inicial de la investigación. Así que Álvaro Pérez venía, en medio de una notable expectación, a completar el panorama y a darle al conjunto su inefable tono de picaresca y locuacidad.
Convertido a la vez en una suerte de ayuda de cámara, que se preocupaba de la ropa y otras necesidades de sus integrantes, y un bufón, encargado de las diversiones, el Bigotes tuvo acceso de sobra a aquella corte de Camps como para explicar, con todo lujo de detalles, quién hacía de chambelán, quién de canciller, quién era el preceptor y hasta qué punto tenía influencia la reina madre sobre los lugartenientes y ayudantes de campo.
Juan Cotino, Gerardo Camps o Esteban González Pons, los dos últimos todavía en ejercicio como diputado en el Congreso y parlamentario en Bruselas, respectivamente, surgieron en el relato de ese trapacero de la trama Gürtel que se infiltró en el núcleo del PP valenciano y en el mismísimo hogar de su líder y “amiguito del alma”. Pero a la juez, según cuentan quienes asistieron a la declaración, se la vio impaciente por confirmar los indicios del cobro de mordidas en las adjudicaciones de la Fórmula 1 y dejar de lado toda esa otra información que Álvaro Pérez estaba dispuesto a aportar sobre el comportamiento interno de aquella corte de los milagros que una vez gobernó amparada en la mayoría absoluta y el abuso de poder. Lástima de material para una crónica que está por hacer.
