El agua que queremos, el agua que necesitamos

Incolora, Inodora e Insípida. Así es el agua en su estado natural, y así me gustaría que saliera por los grifos de mi casa. Pero no, el agua que sale por los grifos de la ciudad de Valencia huele a cloro y tiene un sabor desagradable. La pagamos como si lo fuera y, además, asumimos el coste de comprar agua embotellada para beber sin torcer el gesto e incluso para cocinar. Un agua que, pese a parecer más apetecible puede afectar a la salud, que contribuye al calentamiento global por el abuso de plástico y por el transporte, y es un gasto superfluo por innecesario.

El agua es IMPRESCINDIBLE. Es tan necesaria que sin ella la muerte puede sobrevenir en menos tiempo que si dejamos de comer, y su uso es la manera más sencilla de cuidar nuestra salud por medio de la higiene corporal y la de nuestro entorno. Por esas razones, disponer de agua en cantidad y calidad suficientes fue declarado como Derecho Humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 28 de julio de 2010. Sin embargo, en la ciudad de Valencia no está garantizado un mínimo de agua por persona y día, con independencia de que pueda o no pagar su coste. También se pueden dar casos de cortes de suministro por falta de pago, salvo si los servicios sociales del ayuntamiento asumen esta carga

El agua es un bien ESCASO. Y con los efectos del cambio climático lo va a ser en mayor medida. El abastecimiento de agua requiere una estrategia basada en el ahorro, la diversificación de fuentes y la protección frente a cualquier riesgo de contaminación o agotamiento, de forma que se garantice a largo plazo la cantidad y, sobre todo, la calidad del suministro.

En estas circunstancias ¿es buena idea otorgar la gestión del suministro del agua potable a una empresa privada? La respuesta, obviamente, es no, porque la empresa tiene como principal objetivo obtener el máximo beneficio y, para lograrlo, intentará que el precio sea lo más caro y que el coste sea lo más bajo posibles a costa, habitualmente, de la calidad del servicio.

En la ciudad de Valencia el suministro de agua lo gestiona una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Valencia y un socio privado que, con la conformidad del ayuntamiento, posee el 80 % de las acciones, es decir, manda. Manda y, con la conformidad del ayuntamiento, tiene plena libertad para adoptar decisiones técnicas y para subcontratar en la forma y con quien crea conveniente las obras y servicios que la gestión requiera, sin que el vecindario lleguemos a saber si estos contratos se someten a un procedimiento de concurrencia competitiva ni si las obras son las necesarias para mejorar la calidad del servicio. El Ayuntamiento aprueba las subidas de precios que le propone la empresa y, que sepamos, las aprueba siempre, pero no estamos seguros porque carecemos de información al respecto. En los supuestos de congelación de precios suele haber acuerdo entre ayuntamiento y empresa, ¿no resulta sorprendente?.

En el sector del agua no hay apenas competencia. Está controlado por un reducido número de grandes empresas (como ejemplo Aquagest/Agbar, Aqualia/FCC, Acciona, Aguas de Valencia/Omnium Ibérico en la Comunitat Valenciana). ¿Pueden los ayuntamientos oponerse, plantar cara y defender el disfrute de ese derecho humano en condiciones óptimas tratándose de grandes empresas o multinacionales con una capacidad económica y de influencia enormes?. Podrían, pues es un servicio público de su competencia, pero la realidad es que en la Comunitat Valenciana el 92 % de la población recibe el agua de empresas privadas o mixtas. Ahí se incluyen la práctica totalidad de las grandes ciudades, que son las más rentables.

En este ámbito los ayuntamientos han dimitido de sus obligaciones como servidores públicos entregando la gestión del servicio a aquellas empresas privadas a las que nos hemos referido. Es cierta la tradicional escasez de recursos económicos de las arcas municipales en España: según EL ECONOMISTA, de 19 de enero de 2019, la distribución del gasto público entre las administraciones territoriales en 2017 era de casi un 60 % para la Administración del Estado, algo más de un 30 % para las comunidades autónomas y sobre el 11 % para los Municipios. Por lo que a los municipios se refiere, el gasto público se mantiene fluctuando alrededor de ese porcentaje desde la década de los 80, y se supone que para que los municipios presten los servicios de su competencia con eficacia y eficiencia, debería alcanzar el 25 %.

A esta situación se unió, en los años 90, una campaña internacional de claro contenido neoliberal, apoyada por la mayoría de los gobiernos y entidades financieras públicas y privadas, nacionales e internacionales, para privatizar ese bocado del pastel de los servicios públicos municipales. (POR UN MODELO PÚBLICO DE AGUA. Triunfos, luchas y sueños. Transnational Institute & Corporate Europe Observatori. 2005)

Los ayuntamientos, ante la dificultad de conseguir una distribución del gasto público acorde a las competencias que les corresponden, optaron por la externalización total o mayoritaria de la gestión de este servicio esencial. De esta forma, se quitaban de encima una actividad que consumía una cantidad importante de sus recursos económicos y de personal (beneficio nº 1), encontraron una sencilla manera de obtener ingresos inesperados por medio del canon que las empresas beneficiadas les pagarían y que trasladarían a los vecinos y vecinas a través del recibo (beneficio nº2) y, además, recibirían otro ingreso extra por el reparto de beneficios de acuerdo con su porcentaje de participación en la misma, también a costa de los vecinos y vecinas (beneficio nº 3). (Según el periódico digital Valencia Plaza, edición del 18/07/2019, EMIVASA obtuvo unos beneficios en 2018 de 5,6 millones de euros. De ellos, 1,1 millones de € van al Ayuntamiento y, se supone que se destinan a financiar inversiones, pero eso el vecindario no lo sabemos.)

Con esta decisión, que vecinas y vecinos no tuvimos más remedio que aceptar dado que sin agua no se puede vivir, perdimos el control de la gestión y tuvimos que hacer frente a posibles negligencias en la calidad del la prestación del servicio. Hay que tener bien presente que la actividad administrativa municipal está sometida a control presupuestario, a informes de legalidad de secretarios e interventores, al control de los grupos municipales y, en democracia, al control ciudadano a través de la transparencia y la participación, controles que una empresa privada o mixta puede evitar con cierta facilidad. El Ayuntamiento de Valencia no puede eludir su parte de responsabilidad puesto que, si es previsible que una empresa anteponga sus intereses al interés general, para un Ayuntamiento democrático esta actitud es inadmisible en el caso de un servicio público esencial reconocido como un derecho humano. (“La gestión insostenible del agua en nuestras ciudades”. Enrique Lapuente. Levante-EMV 04/03/2020)

Para que el interés general vuelva a ser el objetivo prioritario del ayuntamiento, el agua que queremos, la que necesitamos, ha de ser DEMOCRATICA, PARTICIPATIVA Y MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLE. Democrática: que el modelo elegido para la gestión del servicio sea el resultado de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas, expresada en un proceso abierto de diálogo y con toda la información necesaria para poder formarnos una opinión realista. Participativa: que en todas las decisiones de gestión que nos afecten nuestra su opinión sea tenida en cuenta, incluyendo el control del gasto, el cumplimiento de los compromisos de inversión y la adopción de medidas que garanticen la calidad del servicio. Medioambientalmente sostenible: lo será aquella agua cuya captación y distribución sea compatible con la protección y preservación de las fuentes, de los ecosistemas que la contienen, de su calidad y su salubridad; que no solo no perjudica a los ecosistemas de los que forma parte sino que contribuye a protegerlos y conservarlos.

Hoy, que el cambio climático amenaza con alterar profundamente nuestras fuentes de abastecimiento tradicionales, es precisa una gestión diseñada para el largo plazo: que reduzca sustancialmente las pérdidas de caudal, que imponga medidas de ahorro, que penalice los consumos abusivos o no esenciales, que implemente medios eficaces de recuperación y reutilización de las aguas residuales y las aguas de lluvia, que establezca garantías presentes y futuras de suministro a la población cualquiera que sea su situación económica o su ubicación geográfica. Hoy, más que nunca, hay que pagar el precio real del agua y establecer precios disuasorios que fuercen al ahorro y a la austeridad solidaria.

Frente a la ofensiva neoliberal, frente a la lógica del beneficio, frente a empresas cuya potencia económica es muy superior a la de cualquier ayuntamiento hay que revalorizar y dotar de contenido solidario al concepto de servicio público, dejando de lado cualquier desidia burocrática y/o veleidad mercantilista. Hemos de recuperar la gestión pública del agua para consumo humano, pues mediante la gestión privada nunca llegaremos a disfrutar del agua que queremos, del agua que, en estos momentos, necesitamos.