Alicante deja a sus vecinos sin la ayuda de emergencia habitacional de 435 euros al mes por no solicitarlo a la Generalitat

María, nombre ficticio de una vecina de alicante que cobra una pensión de invalidez, acudió al Ayuntamiento de Alicante a pedir ayuda de emergencia porque su casero le quiere rescindir el alquiler para vender el piso. La mujer cobra menos de 900 euros y con la turistificación de las ciudades medias el precio del alquiler se ha disparado, por lo que no encuentra una vivienda o directamente los arrendatarios no la quieren por su situación. 

La mujer acudió al consistorio para que los técnicos de bienestar social del Ayuntamiento le dieran alguna solución a su situación a las puertas de quedarse en la calle. María preguntó por las ayudas de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para emergencia habitacional, a lo que le contestaron que no podían acceder porque el de Alicante, un Ayuntamiento presidido por Luis Barcala del PP con Ciudadanos como socio de gobierno y que cuenta con el apoyo de Vox,  no está dado de alta en este recurso, algo que sí que hacen las demás capitales de la Comunitat Valenciana.

Valencia, por ejemplo, ya ha tramitado 80 ayudas que ofrece la conselleria que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, de Podemos, para otros tantos vecinos o familias de la ciudad. Estas personas han recibido esta prestación que en la capital valenciana es de hasta 480 euros al mes durante un año. En total, 5.760 euros para que la familia o la persona pueda tener un respiro temporal a sus apreturas económicas. Pero es solo un ejemplo.

Las ayudas para emergencia habitacional del Gobierno valenciano tienen un presupuesto en 2019 de dos millones de euros y una familia de Alicante que se acogiera a este recurso -si el Ayuntamiento decide hacer la gestión- podría recibir 5.220 euros al año, 435 al mes. Esta ayuda intenta posibilitar el acceso a la vivienda o evitar su pérdida en situaciones de emergencia. De hecho, salva la casa a muchas familias cuyos arrendatarios no se fían aunque sí que confían en la Generalitat.

La idea de esta ayuda es que las rentas del alquiler en familias con riesgo de exclusión social no supongan más del 25% de los ingresos. No puede suponer más del 80% del coste del arrendamiento y se fija según los ingresos. Esta prestación no puede combinarse con otras como las ayudas al alquiler de la Renta Valenciana de Inclusión o las ayudas al alquiler para jóvenes. 

El pasado mes de julio el Ayuntamiento de Alicante, tras una denuncia de Podemos, argumentó que no se acogía a esta ayuda porque la Generalitat Valenciana no le daba recursos para gestionarla. Con María, el drama que se justifica en un conflicto de competencias tiene nombre y apellidos.