La consellera de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián ha anunciado hoy en el pleno de les Corts el acuerdo alcanzado con la Comunidad General de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura para abonar el pago aplazado de los 11 millones de euros que una sentencia obliga a abonar a esta comunidad de regantes, a modo de compensación, por la prohibición a la caza en el coto de el Parque Natural de El Hondo.
La condena del Tribunal Supremo fijó en 9.182.736 euros esta compensación a la que hay que sumar el abono por los intereses legales, que han ido asciendo desde la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2016. En concreto, más de 40.000 euros por cada día que pasaba.
En total, “más de 11 millones de euros”, ha recordado Cebrián, quien ha puntualizado que se trata de “otra de las deudas impagadas en diferido del anterior equipo de gobierno, que se suman al estado de precariedad, infrafinanciación y de déficit en el que nos encontramos esta Administración”.
El acuerdo alcanzado establece unos pagos aplazados y una reducción de los intereses, que quedan limitados a los establecidos hasta el 1 de octubre con el límite de 1.926,179,15 euros, excluyéndose así los posteriores a esta fecha. La cantidad de indemnización se abonará en tres plazos, tres millones cuando se firme el convenio, otros tres este mes de diciembre y 3,1 millones en diciembre de 2019. Asimismo, los intereses legales, algo más de 1,9 millones, se abonarán durante el primer trimestre de 2020.
Elena Cebrián ha valorado la solución alcanzada como “satisfactoria para ambas partes” y factible también para la actual situación financiera de la Generalitat. El correspondiente convenio se encuentra en la fase final de tramitación. En esta línea, la consellera ha destacado que “la buena relación de entendimiento y el clima de confianza que tenemos actualmente con los representantes de esta comunidad de regantes ha permitido solucionar un problema histórico –que data desde 1994- y demuestra que se han superado tiempos anteriores”.
En una línea similar se ha mostrado la diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà. “Hemos pasado de un clima de crispación entre el Partido Popular y la Comunidad de Regantes a uno de entendimiento para avanzar en la consecución de intereses que resultan beneficiosos para el conjunto de la sociedad”, ha dicho la política ilicitana.
Sobre los casi dos millones de euros en intereses, Mollà ha recordado que obedecen a la decisión la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig cuando siendo consellera de Medio Ambiente en 2013 denegó la indemnización definitiva de 9,1 millones que reclamó la comunidad de regantes por reclamación patrimonial.
El PP “dilató en el tiempo y en las instituciones judiciales provocando costes de los procesos e intereses innecesarios, y que ahora, es este gobierno el que da la solución a una demanda histórica y además consigue la modernización del enclave para el mejor aprovechamiento de las aguas con la desalobradora que construirá Riegos de Levante”.
Otros acuerdos
Mireia Mollà ha hecho hincapié en que “gracia a esa indemnización” será posible la construcción en el Parque Natural de una desalobradora que permita completar los recursos disponibles para los agricultores.
La consellera Cebrián también avanza que se contemplan, asimismo, actuaciones de mejora de gestión hídrica, gestión del vaciado del embalse de Poniente y control de especies invasoras. Como último fin se busca mejorar la conservación del enclave de especial relevancia ambiental al albergar poblaciones de especies consideradas en peligro de extinción, como la cerceta pardilla.