Dos años después de la dana, la jueza acorrala a la Generalitat y mantiene en barbecho al aforado Carlos Mazón

Dos años después de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha acreditado con una detallada y compleja instrucción la pobre actuación de la Generalitat Valenciana ante la catástrofe del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 233 fallecidos. La jueza mantiene personado, en una insólita condición de 'preinvestigado', al expresident Carlos Mazón, aforado por su condición de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca.

La jueza, según el recuento de la agencia EFE, acumula 71 tomos de sumario, 646 resoluciones dictadas y 690 declaraciones de testigos y perjudicados. La instrucción de la magistrada ha permitido aclarar, de entrada, la cronología del día de autos y, singularmente, qué sucedió en la desastrosa reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Además de su tardía convocatoria, el Cecopi fue lastrado por eternos debates sobre las medidas de autoprotección a comunicar a la ciudadanía, con una poca agilidad manifiesta que ha contrastado de plano con episodios similares de dana acaecidos posteriormente. Las testificales han permitido conocer que una alto cargo del Consell —Rosa Tourís, capitana de la Guardia Civil— propuso desde casi el inicio de la reunión “alarmar” a la población ante la delicada situación en la presa de Forata.

Los debates (especialmente entre el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset), así como las pausas en la reunión, lastraron una decisión que a la postre se revelaría como trascendental: el envío del mensaje automático Es-Alert a los móviles de la población, que llegaría finalmente a las 20.11, una hora convertida en metáfora de la tragedia. No en vano, un alto cargo del Ejecutivo de Mazón ha llegado a tildar ante la jueza aquel Cecopi de “desorganizado”.

Al sumario han incorporado los mensajes recibidos de parte de José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, en pleno Cecopi, en el teléfono móvil de la entonces consellera Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa junto con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. De los whatsapps —“Salo, de confinar nada”— se desprenden ciertas presiones del entorno más cercano al president para que Pradas no tomara determinadas decisiones. Unas órdenes que Cuenca ocultó inicialmente a la jueza.

La instrucción también ha servido para desmentir sistemáticamente las mentiras —no hay otra definición— de Carlos Mazón y de su equipo. La jefa de prensa del president reconoció explícitamente durante su testifical que el ala oeste del Palau de la Generalitat se inventó varias versiones falsas sobre el paradero de Mazón la tarde de la dana. Eso sí, “nunca con intención de engañar”, según esgrimió la testigo.

Los mensajes de WhatsApp aportados por Pradas también confirman que Carlos Mazón pasó de dar órdenes por la mañana sobre la dana, con alguna expresión indecorosa incluida, a desconectarse y desentenderse de la gestión de la emergencia en su fase más crítica.

Sobremesa con Maribel Vilaplana en El Ventorro

Las pesquisas de la jueza han logrado acreditar que el exjefe del Consell alargó una inoportuna sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro. Las llamadas del móvil del chófer de Mazón, así como la testifical de sus escoltas, confirmaron que el PP mintió durante meses sobre los pasos del entonces jefe del Consell.

Hasta Alberto Núñez Feijóo tuvo que reconocer ante la jueza que hubo “concreciones” sobre el baile de versiones.

La tardía hora de llegada de Carlos Mazón al Cecopi también fue objeto de una discusión casi metafísica sobre el paso del tiempo y la percepción humana de las agujas del reloj. Si bien Mazón afirmó inicialmente que fue “pasadas las siete” de la tarde, lo cierto es que se plantó en el Centro de Emergencias de l'Eliana a las 20.28, cuando ya había fallecidos y un número incalculable de ciudadanos permanecía atrapado por las inundaciones.

El expresident adujo posteriormente que era “un hecho fáctico” que “las 20.28 es después de las siete y media” y negó haber mentido o cambiado de versión. Mazón llegó al Cecopi como un “extraterrestre” y “perdido”, según la descripción de un testigo.

Dos años después de la dana, aún colean algunos de los principales argumentos de defensa del PP. La Audiencia de Valencia, que ha avalado prácticamente todas las resoluciones de la jueza Ruiz Tobarra, recordó recientemente —y por enésima vez— que la Generalitat tenía la “competencia exclusiva” ante la dana.

Otro de los principales errores de la gestión de la emergencia, la retirada de los efectivos de los Bomberos que debían vigilar sobre el terreno el caudal el barranco del Poyo, también va camino de aclararse.

Los alcaldes de las zonas afectadas engordan la última tanda de testigos de relevancia para el esclarecimiento de los hechos. Dos alcaldesas del PP han acreditado que avisaron a cargos de su partido presentes en el Cecopi, como el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del desbordamiento del barranco del Poyo.

Sin embargo, Mompó ha expresado versiones contradictorias que desembocaron finalmente en una grave amnesia testifical. Un fenómeno similar sufrió otro participante en aquel Cecopi, el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, quien dijo hasta 90 veces ante la jueza que no recordaba nada. También fue llamativo el contraste entre la actuación de la alcaldesa de València, María José Catalá, y el papel de Mazón.

La cronología de cada fallecimiento

La jueza trata de afinar la cronología de los 233 presuntos homicidios imprudentes, la mayoría acaecidos por asfixia mecánica, según los informes forenses que constan en el sumario. Con las numerosas declaraciones de familiares de las víctimas, menos mediáticas pero muy relevantes para el procedimiento, la magistrada cuadra cada fallecimiento en relación con la falta de avisos a la población por parte de la Generalitat.

La instrucción también ha revelado la nefasta gestión de varios consellers del Ejecutivo autonómico de Mazón, especialmente de la vicepresidenta Susana Camarero, que optó por desconectarse del Cecopi para acudir a una entrega de premios organizada por la patronal, a pesar de que la reunión de emergencias encaraba un escenario gravísimo. La magistrada aludió a un “flagrante” fallo sistémico del Consell.

El aforado Carlos Mazón

Por su parte, el jefe de aquel Consell, Carlos Mazón, sigue en barbecho en la causa de la dana, una situación que combina con sus sesiones de playa y con una más que discreta actividad parlamentaria.

Personado con su abogado, Ignacio Gally, el aforado figura como una suerte de investigado potencial, a pesar de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) descartó cualquier tipo de indicio de delito contra Mazón.