Archivadas las querellas de una asociación ultra contra dos altos cargos de la Generalitat valenciana por una campaña de educación sexual

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha archivado la querella de una asociación ultra a dos altos cargos de la Generalitat Valenciana por acciones informativas sobre el 'chemsex'. La asociación Abogados Cristianos, prolífica en querellas contra dirigentes valencianos por acciones en memoria histórica y diversidad sexual, denunció por la vía penal a los responsables de Salud Pública y Juventud a raíz de varias campañas sobre esta práctica sexual, que incluye el uso de drogas para largas jornadas.

La asociación denunció una jornada virtual sobre los riesgos del 'chemsex' con recomendaciones para reducir riesgos asociados a esta práctica a cargo de una asociación por los derechos sexuales y un psicólogo del servicio Orienta LGTBI, realizadas a través del Instituto Valenciano de la Juventud. También una campaña financiada por Sanidad, que realizó el Comité Antisida de la Comunitat Valenciana, con anuncios en apps utilizadas para el chemsex, argumentando que se trataba de un delito contra la salud pública.

En el momento de declarar ante el juzgado, los responsables de las entidades, Ofelia Gimeno, secretaria autonómica de Sanidad; y Jesús Martí, responsable del IVAJ, argumentaron que se trataba de “acciones informativas y de sensibilización para llegar a determinadas franjas de edad que usan las redes sociales”.

En el auto de archivo del procedimiento, el juez argumenta que se desprende de las campañas que el objetivo principal del proyecto era “mejorar la salud HSH y de las mujeres trans, HTS, proporcionar informaciones a colectivos, informar, prevenir el diagnóstico precoz, promocionar atención psicológica y emocional, e impulsar una coordinación transversal en la promoción de la salud sexual”. HTS son las siglas utilizadas en epidemiología para referirse a los hombres que tienen sexo con hombres, con independencia de su orientación sexual. Así, concluye, “la subvención [de Sanidad] encaja en el marco de la legalidad porque se fomenta el proyecto de protección citado sin desprenderse ninguna actividad ilegal”.

Las ayudas, insiste el auto, se destinan para promover la salud sexual en la población vulnerable y reconoce que el Ministerio de Sanidad publicó un documento informativo sobre los riesgos de esta práctica. Campañas como estas se han realizado en otras comunidades autónomas en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

“Esta querella no tenía sentido desde el principio”, apunta Ofelia Gimeno, secretaria autonómica de Salud Pública, que recalca que las subvenciones se otorgan a entidades que trabajan en promoción de la salud. En este caso, defiende, la entidad adjudicataria realiza acciones sobre una app de contactos para incitar a las personas a realizarse pruebas de VIH o informar sobre adicciones, advirtiendo de los riesgos para la salud pública. La campaña, realizada por el comité antisida, ha derivado centenares de casos, sostiene.

“Quieren amedrentarnos”

“En salud publica trabajamos por la educación sexual, hay que hablar desde bien pequeños, para evitar las enfermedades de transmisión sexual”, insiste Gimeno, que apunta: “Es llamativo que nos toquen las querellas a los cargos del Compromís. Pone a los Abogados Cristianos en evidencia, quieren amedrentarnos”.

En el caso de la campaña de juventud, archivada definitivamente tras rechazar el recurso, la asociación ultra realizó una transcripción de unas publicaciones en el instagram del IVAJ, apuntando a un vídeo en directo en Youtube. Vistas las publicaciones, el juez consideró que los autores “no dejan claramente establecido la promoción del chemsex, sino solamente unos comentarios para quienes lo practiquen”. Y posteriormente añade: “Es decir, que no se está invitando a nadie a iniciarse en el consumo de drogas, sino a personas que ya lo tienen decidido, por lo que no concurre el referido tipo penal, pese a que se pueda haber cometido algún exceso o sea reprochable, sin llegar a merecer un reproche penal”. El Ministerio Fiscal también consideró que las publicaciones no estaban destinadas a promover ni facilitar el consumo de drogas sino a transmitir una serie de recomendaciones para reducir los riesgos.