El asesor contratado por el líder del PP valenciano: “Mi condena fue una cacería política del fiscal anticorrupción”

Javier Pérez Trigueros, el exalcalde de Callosa de Segura condenado por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que el líder del PP valenciano ha fichado de asesor en la Diputación de Alicante, ha salido al paso de las críticas a su contratación del grupo socialista en la institución provincial. El nuevo asesor de Carlos Mazón defiende que su condena fue una “cacería política” por parte del fiscal anticorrupción de Alicante, Pablo Romero. “Lo afirmo así de claro”, señala Pérez Trigueros, quien lamenta que su condena a tres años de inhabilitación, que devino firme en 2020, se haya convertido en una suerte de “cadena perpetua”.

“Pablo Romero iba a por mi por unas declaraciones que hice en su contra en Radio Orihuela”, sostiene el exalcalde 'popular' de Callosa de Segura en referencia al fiscal anticorrupción que pilotó junto con Felipe Briones las acusaciones del 'caso Brugal'.

A pesar de que un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional reseñaba los indicios de “presuntas entregas de dinero” al entonces político 'popular' por parte del empresario Ángel Fenoll, Pérez Trigueros fue absuelto en la pieza sobre la contrata de basuras del 'caso Brugal'.

El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, criticó el reciente nombramiento del exprimer edil 'popular' como un “premio con un sueldo público”. Francés considera “evidente” que el nuevo asesor de Carlos Mazón se dedicará a “trabajar de cara a la campaña electoral PP y no en el seno de la corporación provincial”.

El exedil de Callosa de Segura entre 2003 y 2015 ha pasado a poco más de cinco meses para las próximas elecciones autonómicas y municipales a convertirse en personal eventual de la institución provincial con un sueldo bruto superior a los 44.000 euros anuales.

Javier Pérez Trigueros fue condenado por la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante) a tres años de inhabilitación, además de una multa, por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La sentencia considera probado que su empresa Procamper SL obtuvo varias licencias emitidas por el área de Urbanismo del mismo ayuntamiento que gobernaba.

El exalcalde popular no comparte la argumentación de la jueza. Pérez Trigueros tenía un solar de 187 metros cuadrados junto a un socio, destinado a edificar ocho viviendas mediante la empresa que había creado con su esposa en 2000. “Tenía delegadas todas las competencias en materia de Obras y Urbanismo, incluida la firma y la concesión de licencias, desde el mismo día en que tomé posesión como alcalde en 2003”, asegura. La siguiente legislatura delegó las competencias en otro edil.

“Tenía 13 de 17 concejales”

“La secretaria del ayuntamiento me dijo, en todo momento, que yo podía hacer una obra como cualquier ciudadano (cumpliendo mis plazos y pagando mis tasas) y no tenía porqué pedir ninguna compatibilidad”, relata el asesor de la Diputación de Alicante. “De haber sabido que tenía que pedir compatibilidad al pleno, tenía 13 de 17 concejales y no hubiera tenido problema en hacerlo”, agrega.

La sentencia argumentaba que el entonces alcalde mantenía “la competencia originaria y con ello el control de la materia, en este caso, la delegación en materia de urbanismo”. La jueza sostenía que al seguir manteniendo el control de la competencia, “se mantenía como titular originario de la misma”.

El condenado se muestra muy crítico con el fallo: “La jueza dijo que delegué las competencias de Urbanismo en 2007 porque sabía que iba a hacer la obra en 2008, cuando está demostrado que las delegué ya en 2003 y, en 2007, solamente las delegué en otro concejal”, dice Pérez Trigueros.

La sentencia consideraba que el entonces alcalde era “plenamente consciente de la incompatibilidad” entre ambos cargos (el privado y el público) y simplemente efectuó el decreto de delegación de competencias en materia de Urbanismo para “evitar la sanción penal”.