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3 años de inhabilitación para el alcalde-constructor que se daba licencias a su empresa

Francisco Javier Pérez Trigueros

Toni Cuquerella

El exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros (PP), ha sido condenado a una multa de 6.000 euros e inhabilitación para ejercer cargo público durante tres años por un delito de negociaciones prohibidas. Según el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante) ha condenado al exalcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros, a una multa de 6.000 euros e inhabilitación para cargo público durante tres años por un delito de negociaciones prohibidas.

La sentencia explica que Pérez Trigueros administraba la empresa de construcción Procamper SL que obtuvo varias licencias emitidas por el área de Urbanismo del mismo Ayuntamiento que dirigía. En la resolución se reconoce que el exalcalde dictó un decreto por el que delegó las competencias de los servicios de obras y urbanismo en uno de los concejales de la Corporación, pero que pese a ello, según la magistrada, mantenía “la competencia originaria y con ello el control de la materia, en este caso, la delegación en materia de urbanismo”. La jueza añade que al seguir manteniendo el control de la competencia, “se mantenía como titular originario de la misma”.

Pérez Trigueros constituyó junto a su mujer dicha empresa en el año 2000 y en junio de 2003 accedió a la alcaldía de la localidad, cargo que ejerció durante tres legislaturas hasta 2015. De este modo compatibilizó ambas tareas y como responsable de la constructora se dirigió a sí mismo como alcalde del municipio, cinco solicitudes para el desarrollo de distintas obras. Esas peticiones derivaron en la concesión de respectivas licencias firmadas por el entonces concejal de Urbanismo de Callosa, en quien Pérez había delegado las competencias en esta materia.

La juez María Calvo Errando considera que Pérez era “plenamente consciente de la incompatibilidad” entre ambos cargos, el privado y el público, y simplemente efectuó el decreto de delegación de competencias en materia de Urbanismo para “evitar la sanción penal”.

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