Los afectados por el Castor solicitan al juzgado de Vinaròs que los investigados depositen una fianza de 1.000 millones
La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) solicita al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs que los investigados por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gasdepositen una fianza de 1.000 millones de euros. La desorbitante cantidad responde a la estimación de indemnización para cada uno de los residentesde la zona donde se sienten y sufren los seísmos desde 2013. El área de influencia abarca las localidades de Benicarló, Ulldecona, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Vinaròs, con una población total de 86.284 habitantes, a cada uno de los cuales le correspondería 12.000 euros, de acuerdo a los cálculos del propio colectivo, constituido en marzo y que se ha personado en la causa penal.
Según la reclamación presentada el 29 de junio, las empresas Escal UGS SL (entidad concesionaria del proyecto), ACS Actividades de Construcción y Servicios SA (socio al 66,67% de Escal), Castor Limited Partnership o CLP (socio al 33,33% de la entidad concesionaria) y Dundee Energy Limited (propietaria del 73,7% de Castor Limited Partnershio), así como el Gobierno español, tendrán que aportar a partes iguales el multimillonario depósito en el juzgado al responder de manera solidaria.
Desde Aplaca existe la sospecha de que Escal UGS, que debería hacer frente a hipotéticas indemnizaciones en el supuesto de una sentencia condenatoria, terminará por declararse insolvente a consecuencia de un vacío patrimonial. Así, la asociación ha constatado un reciente cambio de domicilio social de la empresa, habiendo además desaparecido la página web.
Los abogados del colectivo prevén que la solicitud presentada ante el juzgado de Vinaròs se admitirá a trámite antes de agosto. Otra cosa bien distinta será que el instructor de la causa acepte la reclamación.
En el escrito formulado por Aplaca se hace referencia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2016 (Sala de lo Civil, sección primera, ROJ 1420/2016), en el caso del hundimiento en Italia del buque Costa Concordia. En aquel procedimiento, una asociación de víctimasdemandó en nombre de sus adherentes a los responsables del hundimiento, reclamando para algunos de ellos indemnizaciones por daños corporales y para todos ellos una compensación por perjuicio moral.
