El pleno de la Cámara de Castelló ratifica el despido de la trabajadora que denunció al secretario general por corrupción

Jesús Ramos, a la izquierda de la imagen.

“¿Lo ratificamos? ¿Sí? ¿Vale? Queda ratificado”. Cinco segundos. Lo que tardan en leerse las cuatro frases anteriores duró la validación en el pleno, el principal órgano de la Cámara de Comercio de Castelló, del despido de la trabajadora que denunció al secretario general, Jesús Ramos Estall, por un presunto caso de corrupción. La votación no fue secreta, ni tan siquiera a mano alzada. Se interpretó, por parte de la presidenta, Dolores Guillamón, que el silencio petrificado de una treintena de empresarios, más mudos aún tras las mascarillas, certificaba la decisión adoptada por el comité ejecutivo, presidido por Ramos, el pasado 30 de enero. Tampoco hubo desacuerdos ni requerimientos de más información. Más de 30 años de antigüedad en la corporación se ventilaron como un trámite más.

Una situación excepcional con un solo precedente, con vasos comunicantes. El 9 de noviembre de 2016, la Cámara también despidió a María Jesús Arenós, secretaria general a la que sustituyó en funciones el propio Ramos, quién había llegado a la institución en julio de 2014 como asesor externo. La razón formal que se ofreció es casi idéntica a la actual: un uso incorrecto del ordenador portátil facilitado por la empresa. El fondo, sin embargo, contaba con más matices. Ese mismo mes de noviembre, Arenós había enviado un burofax a la Cámara alertando de posibles irregularidades en la contratación de empresas relacionadas con Ramos. Era el clímax en el enfrentamiento interno entre Ramos y Arenós, con un ERE de por medio que afectó al marido de la exsecretaria general. Tras su salida, ésta denunció a su sucesor a la Sindicatura de Cuentas y en los juzgados, pero todas las demandas fueron archivadas.

La historia se repite con variaciones. Ramos, reforzado internamente, fue nombrado secretario general el 27 de noviembre de 2017 y consiguió que la conselleria, como órgano tutelar, le autorizara a compatibilizar su trabajo en la Cámara con el de sus empresas. Es así como se convirtió en el primer secretario de cámaras de España a tiempo parcial (tres horas diarias), sin exclusividad y con un sueldo de 60.000€ anuales. En mitad de esta situación de preeminencia, las empresas de Ramos fueron logrando los principales contratos de la Cámara. Cuando esto sucedía, el secretario, como máximo valedor de la legalidad y presidente de la mesa de contrataciones, se desligaba momentáneamente de esta mesa para que sus empresas pudieran beneficiarse. Es así como, desde 2016 las mercantiles Adade Castellón SL y Jesús Ramos Abogados SL, cuya administración comparten Ramos y su esposa, María Soledad Miravet, obtuvieron cuatro contratos valorados en 348.500€

Esta situación fue denunciada por la trabajadora recientemente despedida, quien se negó a firmar la adjudicación del último contrato, de 156.000€, al pensar que podría vulnerar la ley valenciana de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. Tras sentirse presionada, puso los hechos en conocimiento primero de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que le otorgó estatuto de protección, y, al poco, de la brigada provincial de la policía judicial. El asunto fue admitido a trámite el pasado mes de febrero en el juzgado de instrucción número 5 de Castellón, donde se investiga a Ramos y Miravet por los presuntos delitos de prevaricación y corrupción.

Atacar a la institución

La supuesta utilización privada del ordenador de la Cámara fue una de las siete razones esgrimidas por Ramos en el pleno para justificar el despido. “Era la responsable de toda la materia de contratación”, explicó el secretario, quien también aludió a errores en el contenido y la forma de contrataciones, al uso de claves bancarias “incluso desde su domicilio para realizar pagos de la Cámara”, el desembolso de un programa informático durante diez años e “irregularidades” en unos concursos de fondos Feder en 2017 y 2018 que habrían supuesto pérdidas de 115.433€ a la corporación.

Estos aspectos se dirimirán el próximo 9 de septiembre durante el juicio que se celebrará en el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón, ya que la empleada ha demandado a la Cámara, a Ramos y a Guillamón por despido improcedente. Un litigio del que Ramos dio cuenta al pleno, pero no así en cuanto al grueso de la causa penal que se sigue en su contra. “El tema de la denuncia de Instrucción está paralizado”, aseguró de pasada, obviando no solo que sigue en marcha, sino que el fiscal ha solicitado la declaración de causa compleja.

No es el único dato a medias o erróneo que se manifestó durante el pleno. Con el primer punto se aprobó el acta del anterior, el 28 de noviembre de 2019, donde se asegura que Antifraude resolvía que se diese traslado a todos los miembros del pleno que la empleada gozaba del estatuto de la persona denunciante, algo que en ningún momento se comunicó, tal y como constató este diario, presente en aquella sesión. Y tampoco, como prosigue el acta, que la empleada “decidió acudir a presentar una denuncia ante la Policía Nacional” para evitar el archivo del expediente de Antifraude, “por lo que cautelarmente y hasta que se resuelva dicha denuncia se ha otorgado el estatuto de protección”. Según fuentes de AVA, esta prerrogativa se dispensa con independencia de cualquier tipo de acción policial y judicial, ya que esta agencia sigue su propio criterio a la hora de efectuar las investigaciones.

El pleno finalizó con la propuesta de uno de sus miembros, Antonio Vallet, de Invabe SL, de declarar al periodista de Eldiario.es “persona non grata”, lo que rechazó Ramos, aunque puntualizó acto seguido: “A resultas de que si ataca o no ataca a la institución, pues como el pleno es soberano en cada pleno, que pueda ser privado o público”. Poco antes, había advertido con el estudio de “sanciones legales”. Ramos y Guillamón acusaron a este medio de no contrastar la información, pese a no haber atenido ni sus llamadas ni mensajes antes de pleno, ni la petición de explicaciones durante el mismo y al final. “Lo siento pero no. Me voy a tomar una cerveza”, denegó Guillamón. Y Ramos sentención con un “No te esperes, que yo contigo no voy a hablar” el último intento de contar con su punto de vista.

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29 de julio de 2020 - 22:30 h

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