Desalojada una familia con cinco menores en Valencia

Espi, María y los niños, la familia amenazada de desalojo.

El titular es común. La noticia también lo es. Y, por supuesto, sus personajes. Cada cual ocupa su sitio sin moverse ni un milímetro. Sobre la escasa superficie del piso ocupado en el 19 de la calle Vidal de Blanes, en la puerta 8, convergen la familia vulnerable (madre, hija y cinco menores, dos de ellos con retraso severo), el agente judicial y el abogado y procurador de la propietaria. Pasan unos minutos de las 11.00 horas. El lanzamiento (así se llama el acto jurídico de sacar a la gente de las casas) estaba previsto a las 10:45. El representante del juzgado, el de Instrucción número 18 en este caso, se excusa: “Venimos de otro desalojo muy desagradable, con violencia y policía”. Pero Espíritu Santo, Espi, y su hija, María, son mujeres pacíficas. El funcionario, con 14 de años de experiencia a diario en lanzamientos, lo agradece con un gesto. Y cuando le explican que hay cinco niños, parece conmoverse. “¿Dónde están?”. Los muchachos se han quedado tan quietos que parecen adheridos a una pared del salón. Desde allí asoman Manuel y José, los mayores, con 12 y 11 años. A su lado, Diego, 4: y Damián, uno más, pero dos y medio menos por un retraso psicomotor. La última es Azahara, dos ojos muy grandes, una boquita entreabierta y un cúmulo de expedientes médicos detallando el avance de su macrocefalia en contraste con la hipotonía que le resta masa muscular de las extremidades.

“Esto es lamentable. Más si hay niños”, se queja el agente judicial. “Voy a ver qué se puede hacer”. Con dos zancadas alcanza el pasillo y descuelga el teléfono. “¿Me da fecha para mañana o pasado? ¿Mañana a las 10.45?”. A María y Espiles han denegado el ingreso mínimo por no tener padrón, la renta valenciana podría tardarles unos ocho meses, la vivienda social entre cinco y diez años de listas de espera. Pero su desalojo se producirá en menos de 24 horas. “Deberíamos haberlo hecho hoy, pero por los niños y la situación actual, el juez ha dicho que mañana”, sostiene el agente judicial, magnánimo.   

Detrás, a unos metros, abogado y procurador encarnan esa actitud distante y estricta que exige su papel. “¡Esto es un libertinaje!”, protesta uno. “Cuando una persona entra en un sitio que no tiene contrato y no es suyo, ¿qué trato merece? Ninguno”, sentencia el otro. Y ninguno es ninguno. Y mucho menos posibilidad de alquiler social. “Mi clienta ya no se fía de nadie”, zanja Raúl Martínez, incómodo ante la presencia de periodistas: “Ojalá le ocupen a usted la casa y ya veremos qué escribe”. No es el único ojalá. Vicenta, puerta con puerta, teme que la vivienda vuelva a cerrarse. “Ojalá les dejen quedarse. Aquí ha habido de todo lo peor y lo único bueno estas mujeres. ¿Quién será el próximo que dé una patada en la puerta? A ellas las conozco, a los que vengan no”. Espi y María cuentan que, en junio de 2019, pagaron 500€ por la casa a sus inquilinos. “Nos dijeron que era de un banco”. Cuando llegó una carta de desahucio a uno de tantos ocupantes anteriores, supieron que tenía dueña. En los mensajes cruzados con el procurador Raúl Martínez se aprecia el interés por negociar un alquiler al menos desde el 6 de agosto. La última respuesta de Martínez es del 10 de septiembre: “Ahora creo que es tarde. Servicios Sociales debe buscaros con urgencia otra vivienda, insistirles”.

Desde esta instancia, los Servicios Sociales, se emitió en septiembre un informe de vulnerabilidad que el juez, en contra de lo que suele ser habitual, no ha tenido en cuenta. Es allí, en la oficina de Natzaret, donde se representa el último acto de esta función de peones inmóviles. María agacha la cabeza cuando el técnico le dice que no hay nada para ella ni su madre ni los cinco niños. “Te podemos ayudar para entrar en una vivienda, pero como no tienes ningún ingreso, me lo van a denegar” y “Podría ofrecerte una pensión, pero como solo es una semana, no vale la pena”. Su personaje es de manual: receloso, admonitorio, esquivo. “Me dijiste que ibas a conseguir una vivienda por tu cuenta”, receloso. “Depositas toda la dificultad sobre el Ayuntamiento”, admonitorio. “Lo mejor es que te vayas a casa de tu abuela”, esquivo. Pero la abuela de María, que es la madre de Espi, los echó de la vivienda hace algún tiempo y no quiere saber nada de su situación. Así se lo explica al técnico, que solo parece reaccionar cuando María le amenaza con contar el caso a la televisión y le advierte que le acompaña un periodista. “Voy a llamar a la Sección, buscamos una solución y te llamo a las dos o dos y media”, se inquieta.

A las 13.30 María regresa a casa. Diego se le lanza a los brazos con el poder que le da su pijama de Spiderman. “¿Buenas noticias?”, pregunta Espi. “En Servicios Sociales han dicho que nos van a ayudar”, responde María. A las 14.00 cuece el agua para los macarrones. Y  a las 14.30 aúlla la cafetera y los niños lamen el palo de sus polos baratos. Diego, Spiderman, ha derribado los colchones y castiga sus muelles en un salto de arácnido imposible hacia el techo. Azahara sigue siendo toda ojos redondos y boca pequeña. José y Manuel miran el móvil, pero hoy no se toca. Son las 15.00 y la llamada debe estar al caer. Y aunque se demore, 15.30 y 16.00, seguro que suena, porque a veces las ayudas se retrasan, se complican, pero seguro que llega aunque sean las 17.00, las 17.30, las 18.30 y Spiderman se duerma de tanto salto y oscurezca por última vez en el salón y se cuele esa luz muy blanca de las farolas y el teléfono nunca, nunca más, vuelva a sonar.

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