Compromís estudia impugnar el rescate de Castor
Compromís ha encargado estudios jurídicos para impugnar los actos administrativos que han dado lugar al rescate de la concesión de la planta de gas Castor, con el fin de depurar “responsabilidades económicas y políticas”.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones.
El diputado de Compromís en Les Corts Josep Maria Pañella ha asegurado hoy que su grupo no consentirá que los usuarios “paguen 1.350 millones de euros más los intereses” por “una clara negligencia y por un servicio que no se les prestará”, y ha añadido que “es y será una estafa que se cobre a los usuarios de gas por un servicio que no se les prestará, el almacenaje o transporte de gas o por una instalación construida que no tiene licencia de actividad”.
Además, ha dicho, hay que tener en cuenta el daño medioambiental producido, y el social, “después de más de 500 seísmos ante Vinaròs”, mientras que el Gobierno deberá explicar por qué la administración pudo dar permiso para esa instalación “sin los pertinentes informes geológicos y sísmicos”.
Pañella se ha preguntado por el coste del desmantelamiento de la planta Castor y su temporalidad, ya que no debería quedarse como “un monumento a la corrupción financiera para justificar la estafa”.
“Deberían pagarlo Zapatero, Camps, Soria...”
La eurodiputada de EU, Marina Albiol, ha asegurado este viernes que los 1.350 millones de compensación a la empresa promotora Escal UGS por la hibernación del proyecto Castor, frente a la costa de Castellón, deberían pagarlos “Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación”.
Según Albiol, la compensación “no la deberían pagar los ciudadanos en la factura del gas”, sino aquellas personas que permitieron que se construyera el almacén “para beneficiar a Florentino Pérez sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer”.
La compensación será abonada por Enagás, que se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo de gas, al tiempo que el sistema gasista resarcirá anualmente a esta empresa durante un periodo de 30 años por el importe desembolsado.
El Gobierno podría exigir responsabilidades
El Gobierno se ha reservado la posibilidad de exigir responsabilidades a los promotores del proyecto Castor por su gestión, a pesar de extinguir la concesión de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural.
“La efectividad de la renuncia no implica, en modo alguno, la extinción de la responsabilidad que la actual sociedad titular y sus accionistas deban, en su caso, afrontar por su gestión del proyecto”, recoge el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Ineptitud o desprecio al ciudadano”
Facua-Consumidores en Acción se preguntaba si la actuación del Gobierno anterior en el almacenamiento subterráneo de Castor “fue mala por ineptitud o por desprecio a los ciudadanos” a la hora de impulsar un proyecto con altos “factores de riesgo”, aseguró en declaraciones a Europa Press el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
“Partimos de que se produjo una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior”, ya que el contrato de Castor “acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos”, que asumen “una deuda ilegítima”.
“A partir de esa irresponsabilidad del Gobierno socialista en el modelo de contrato, con elevados riesgos para el ciudadano, la empresa estaba muy tranquila ante un negocio garantizado”, aseguró Sánchez, para quien los 1.350 millones de euros de la compensación a los promotores del proyecto “ponen de manifiesto una forma irresponsable de gobernar que solo trae prejuicios especialmente graves al conjunto de los ciudadanos en la coyuntura actual de crisis económica”.
Facua también reclama que se investiguen las “condiciones y los factores” en el momento de la firma del contrato, así como “a las personas que tomaron las decisiones, a los responsables o irresponsables políticos del Gobierno anterior que estuvieron implicados en la firma de un contrato de tanto riesgo para los ciudadanos”.
