La Comunidad Valenciana y Murcia impulsan un acuerdo de reforma del sistema de financiación
Los responsables de Hacienda en la Comunidad Valenciana y Murcia han suscrito este lunes una declaración conjunta sobre las bases que deberían orquestar el nuevo sistema de financiación autonómica.
Ambos gobiernos esperan que pronto se una Cataluña a esta reivindicación y que el nuevo modelo se apruebe este año, por vigencia de cinco ejercicios. Vicent Soler y Andrés Carrillo, responsables valenciano y murciano respectivamente, han concluido que “este debate ha durado mucho tiempo” y que “es un problema que afecta a todos. No hay excusa posible para no atajarlo”.
Esta declaración conjunta incluye una recomendación para todas las autonomías: dla reforma no debe abordarse como “un debate de territorios, sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del estado del bienestar con independencia del territorio donde vivan”. Tampoco debe suponer un conflicto entre regiones, añade el texto.
El manifiesto apuesta por “proporcionar una financiación suficiente para que las comunidades puedan prestar todos los servicios públicos de las que son responsables, con unos niveles de calidad adecuados sin incurrir en déficit”.
Soler, por su parte, ha defendido la necesidad de construir un sistema que equipare los recursos a las distintas regiones, “por lo que no es admisible que existan diferencias en la financiación por habitante para gestionar el mismo nivel de competencias”.
Igualmente, consideran que este sistema de financiación “debe aportar estabilidad a la financiación de la sanidad, educación y servicios sociales y debe existir, por tanto, una garantía dinámica de evolución que impida que los ciclos económicos disminuyan los recursos necesarios para la prestación de tales servicios”.
Carrillo ha recordado que a partir del Pacto de Toledo el sistema de pensiones está “blindado”, mientras que sanidad, educación y servicios sociales, los otros tres pilares del Estado del Bienestar, “no lo están y son competencias transferidas a las comunidades y esto hay que hacerlo también”.
El punto quinto del manifiesto dice que “se debe asegurar el principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades”, así como que el nuevo modelo “sea sencillo, transparente y predecible y permitir la planificación a medio-largo plazo, porque permitirá la consolidación fiscal en las comunidades”.
Los gobiernos de sendas regiones han manifestado por la preocupación por los ciudadanos y, por ende, las administraciones locales. “Su calidad de vida depende de los servicios que presten unas y otras y en esta lógica de una distinción equitativa respecto de las responsabilidades de cada una de las administraciones, la necesaria complicidad con las administraciones locales es imprescindible”, indica.
El último punto pasa porque “se aborde la problemática derivada de los déficit presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica y que se han reducido en un nivel de deuda difícilmente abordable”. “Debe ser tratada y solucionada como un problema de Estado”, ha advertido Soler.
