Condenada una exedil del PP de Benitatxell y un constructor por falsificar la firma del interventor del ayuntamiento

El interventor del Ayuntamiento de Poble Nou de Benitatxell (Alicante) descubrió que su firma había sido sistemáticamente falsificada en documentos del consistorio destinados a pedir el aplazamiento del pago de deudas de un constructor ante varias entidades bancarias. El funcionario se convirtió así en el primer denunciante protegido por la Agencia Valenciana Antifraude.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a la exedil del PP Nieves García a dos años, tres meses y un día de prisión y a inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años por un delito continuado de falsedad en documento oficial. El constructor Francisco Bolufer ha sido condenado a diez meses y 16 días de prisión. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, reconoce para ambos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Nievas García era, entre 2009 y 2011, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell, entonces por el Partido Popular. Según los hechos probados de la sentencia, García y el empresario, “puestos de común acuerdo, elaboraron una serie de documentos consistentes en tomas de razón de endosos previamente aceptados por entidades bancarias con las que negociaba efectos la mercantil relativos a obras públicas”. La exedil del PP solicitaba a las entidades bancarias el aplazamiento de pagos del constructor “como si se tratara de deudas asumidas por la Corporación local”.

La condenada no tenía las competencias delegadas en materia de obras públicas y, además, los documentos contaban con la firma falsificada del secretario interventor del Ayuntamiento, Jesús Ángel Castro, según han acreditado los informes periciales. “La finalidad de esos documentos”, según la sentencia, “no podía ser otra que la de obtener una demora en la reclamación que podía efectuar la entidad bancaria correspondiente frente al deudor”. Con esta “maniobra”, abunda el fallo, el dueño de Obras y Excavaciones Bolufer Llobell SL “obtenía tiempo para poder abonar más tarde a las entidades bancarias las cantidades que adeudaba”. 

La pericial caligráfica ha acreditado que la firma del interventor fue falsificada, tal como ha insistido el funcionario, que ejerce la acusación particular. Los documentos, tanto los de tomas de razón de endosos como los escritos de aplazamiento, “incurren en falsedad”. O bien porque la firma fue falsificada o bien porque no se correspondían con contratos adjudicados todavía por el ayuntamiento.

Varios funcionarios del consistorio declararon como testigos que los documentos “presentan características que no son reconocidas como documentos propios de la Corporación”. El interventor Jesús Ángel Castro puso cuatro denuncias ante la Fiscalía al considerar que se estaban negociando endosos falsos y luego denunció la falsificación de su firma.

“No era función de la teniente de alcalde realizar ni firmar los escritos de aplazamiento”, denunció el interventor, cuya acusación ha ejercido el letrado Joan Bertomeu. Uno de los documentos, según declaró, fue firmado cuando estaba en el hospital. Además, en la factura del teléfono oficial de la entonces edil del PP figuraban decenas de llamadas con el constructor condenado.

Nieves García declaró que firmaba los documentos “sin leerlos” (“le traían el montoncito de varias cosas”, dijo). “Lo manifestado no es creíble”, reza la sentencia, que recuerda que ninguno de los funcionarios que declararon como testigos reconoció haber confeccionado los documentos (incluso aseguraron que, por el formato, “no eran habituales en esa época”.

“De seguirse el procedimiento administrativo adecuado, para tomar razón de un endoso, se requería la comprobación por el interventor del expediente de la obra, su adjudicación y la aprobación o presentación de la factura o certificación correspondiente”, recuerdan los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante.

La mujer conocía al empresario porque era vecino de Benitatxell y adjudicatario del ayuntamiento. El constructor Francisco Bolufer aseguró que mantenía una relación estrictamente profesional con la edil. Bolufer negó haber falsificado la firma del interventor y haber cobrado por obras no adjudicadas.

“Aunque no conste quién era la persona que materialmente realizó las falsificaciones”, los dos condenados “tuvieron participación en los hechos”, algo de lo que “no existe margen de duda”. La exedil y el empresario han sido absueltos de los delitos de estafa agravada (“no se ha practicado prueba suficiente” que lo acredite, dice la sentencia) y de prevaricación (los documentos falsificados “no son sino meras peticiones dirigidas a una entidad bancaria que no vinculan ni al ayuntamiento ni a terceros”). Además, el fallo rechaza el pago de una indemnización en concepto de daño moral que solicitaba el interventor.

La exedil condenada ingresó después en Independientes de la Marina Alta, el grupo que permitió, junto a un tránsfuga del PP, una moción de censura por la que fueron expulsados de Compromís sus concejales Miguel Ángel García, Jorge Pascual Fuertes y María Teresa Roldán, que hoy en día gobiernan con la formación Más Benitatxell. De hecho, tal como destaca la sentencia, el consistorio, que ejercía la acusación particular, retiró su acusación apartándose del procedimiento.