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Cuestión de fechas

Antonio Estañ

La dimisión de 17 miembros de la ejecutiva del PSOE para impedir que Pedro Sánchez convocara un congreso que, o bien intentara -al fin- formar un gobierno alternativo al PP, o bien tratara de reforzarse de cara a unas hipotéticas terceras elecciones; ha traído símiles para todos los gustos y generaciones: desde los idus de marzo y la caída de un César a manos de quienes antes le aplaudían por tornarse un “insensato sin escrúpulos” (sic) , hasta el asesinato de (spoiler) Jon Nieve al que sus compañeros de guardia traicionan por haber querido pactar con los salvajes, algo entendido por éstos como la mayor deslealtad y traición.

Decía Richelieu que la lealtad en política es “simplemente una cuestión de fechas”, esta frase tan lapidaria y aparentemente cínica nos habla de una forma de entender la política como la gestión del poder, decisiones que se toman para conservarlo y cómo éstas son consideradas a lo largo del tiempo, según el paso de las fechas.

El 15M de 2011 abrió una brecha en nuestro sistema político, una brecha que para el PSOE, unida a la crisis de la socialdemocracia europea, le llevaba a una tensión irresoluble: ser leal al régimen del 78 manteniendo su correlación de fuerzas y, a la vez, ser capaz de plantear una alternativa distinta al PP. Esta brecha, aparte de aflorar la cuestión generacional, puso de manifiesto una serie de cuestiones no resueltas históricamente por nuestro país que la arquitectura del 78 no era capaz de solucionar: La cuestión social, la cuestión territorial y, algo que condensaba las dos: la cuestión democrática.

El 11 de junio de 2015 Ximo Puig firmó, en nombre del PSPV, junto con Compromis, Podem y la sociedad valenciana, el Acord del Botànic; el acuerdo que después de unos días de pugnas por el reparto de poder, le convirtió en President de la Generalitat, el primero tras 20 años de mayorías del PP. Un pacto que cuenta con, entre otros, el punto 5.1. que habla de “exigir al estado, a través de acciones políticas, una financiación adecuada para poder garantizar los servicios públicos, así como el reconocimiento de la deuda histórica.”

Un elemento del discurso de Ximo Puig en este “problema valenciano” ha sido la necesidad de tener un gobierno amigo en Madrid, algo que es rigurosamente cierto: la lacra de la corrupción popular y la losa de su mala gestión, que se han convertido en fetiche, son ampliamente superadas en coste económico por la infrafinanciación que impide que una comunidad, que ha decidido pasar página, tenga los servicios públicos que su gente merece.

El 19 de mayo de 2016, Pedro Sánchez visitó al presidente de la Generalitat tras haberse negado a aceptar la “entesa” valenciana, un acuerdo propuesto para evitar que el senado volviera a contar con mayoría conservadora y que mostraba la convicción federalista de Puig, así como sus esfuerzos por consolidar el pacto de gobierno durante el ciclo electoral. Un ciclo que se resistía a acabarse, al por no poder resolver esta contradicción cada vez más acuciante, y donde Pedro Sánchez entendió que su supervivencia pasaba por surfear el impulso de cambio de su militancia frente a las mismas voces que inicialmente lo apadrinaron y que, con Felipe Gonzalez a la cabeza, apostaban por favorecer una abstención al gobierno de Mariano Rajoy.

El 28 de septiembre, esta tensión que atenaza al PSOE desde mayo de 2011 estalló y Ximo Puig formó parte de los 17 miembros de la ejecutiva que, con su dimisión, cerraron la puerta a la posible creación de un gobierno alternativo que tratara de resolver la desigualdad social y de poner remedio a la crisis territorial por una vía democrática.

El 28 de septiembre, aunque declare que sigue en “el no” al PP y mantenga firme sus principios, su compromiso con la consecución de un gobierno amigo en Madrid quedó debilitado al obstaculizar la posibilidad de un gobierno a nivel estatal bastante similar al que aquí preside, evitando que gobierne el partido que nos infrafinancia y chantajea.

El 28 de septiembre, Puig dimitió, y eligió esa fecha y no otra; no lo hizo después de los resultados del 26J tras la fallida entesa, ni mucho menos él ni sus compañeros dimitieron ante escándalos de su partido como los ERE, el cambio del artículo 135, no dimitió al oír a Felipe González decir “a pesar de lo que hicimos en el País Vasco”. Puig dimitió junto al resto de sus compañeros, ante, según él, la imposibilidad de formar un gobierno bueno para España y bueno para los valencianos y valencianas.

Esta decisión de unir su destino a gente como Susana Diaz o Fernández Vara, hacen difícil de entender cómo casa con su vocación federalista, la reivindicación del corredor mediterráneo o decisiones valientes y necesarias como ha sido la normalización de las relaciones con Cataluña. Si Pedro negó la entesa, no parece que compañeros de viaje como Susana, que gobierna con Ciudadanos, o García-Page, que señala desde La Mancha el problema catalán, tengan una visión más federal.

El próximo 5 de octubre, Puig había anunciado su deseo de encabezar una reivindicación en Madrid por una financiación justa; hoy, las contradicciones de un partido y todo un sistema político incapaz de ofrecer soluciones a la realidad social y territorial de nuestro país han saltado por los aires.

La lealtad en política,a veces, es simplemente cuestión de fechas, ellas nos dirán si estas contradicciones, también presentes en el PSPV, se resuelven en favor de sus ciudadanos o de sus alianzas internas, que seamos capaces de salir de ellas con un proyecto nuevo en clave social y política, para el País Valenciano y para España.

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