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Las defensas del 'caso Alquería' renuncian a que declaren de testigos el presidente de la Diputación y la consellera Rosa Pérez

Los acusados del 'caso Alquería'.

Lucas Marco

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Las defensas de los acusados en el juicio del 'caso Alqueria' han renunciado a que declaren 12 testigos que estaban previstos en el calendario de sesiones. El juicio se alarga hasta el próximo 17 de noviembre y la renuncia aligera el abultado calendario de declaraciones. Ni las acusaciones populares, que ejercen la entidad Acción Cívica contra la Corrupción y el PP, ni la Fiscalía Anticorrupción se han opuesto a que los testigos, entre ellos la anterior cúpula de la Diputación de Valencia y su actual presidente, no desfilen ante el tribunal.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga a 14 cargos del PSPV-PSOE y de Compromís por las contrataciones supuestamente irregulares en la empresa pública Divalterra.

Así, ni Toni Gaspar, actual presidente de la institución provincial, ni Rosa Pérez Garijo, consellera de Transparencia de la Generalitat Valenciana, declararán en la Sala Tirant II de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Tampoco el exdirigente socialista José Manuel Orengo, actualmente en la empresa privada, la senadora socialista Mercedes Berenguer Llorens, la exdiputada provincial de Compromís Pilar Moncho, o el ex portavoz de Ciudadanos en la institución provincial José Enrique Aguar. El nuevo cronograma también excluye a Pau Pérez Lledó, inicialmente acusado en el 'caso Alquería' y contra quien la Fiscalía retiró la acusación.

En el calendario definitivo, se mantienen como testigos propuestos por las defensas el exdiputado provincial Pablo Seguí, actualmente asesor en la Presidencia de la Generalitat Valenciana y Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputación de Valencia.

Las últimas sesiones del juicio del 'caso Alquería', antes de la exposición de las conclusiones, incluye la declaración como testigos peritos de varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y de un funcionario de la Intervención General del Estado.

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