Oltra no se conforma en los presupuestos con menos del 50% que el Gobierno ha de dar por ley a la dependencia
Compromís no renunciará a incluir las aportaciones que el Gobierno ha de hacer por ley al sistema de atención a la dependencia en los presupuestos de la Generalitat Valenciana del año que viene. La intención del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y del mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ambos socialistas, de renunciar para cuadrar las cuentas a incluir en los ingresos el 50% del coste de la atención a la dependencia que debería asumir y que nunca ha llegado a destinar el Gobierno no es aceptable para la coalición que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra, responsable precisamente de esa área.
Este próximo jueves debe presentar el Consell un proyecto de presupuestos de crecimiento cero que seguirán incluyendo la denominada “partida reivindicativa” de 1.325 millones de euros, para reclamar lo que la Generalitat Valenciana deja de recibir a causa del caducado modelo de financiación autonómica, así como la deuda del Fondo de Garantía Asistencial (Foga) que afecta a sanidad. Pero en principio renuncian a consignar más del 20% de los ingresos de la Administración central para la dependencia. Algo que Oltra y su coalición consideran “irrenunciable”.
En el choque entre los socialistas y Compromís por este asunto, los valencianistas reiteraron este lunes que no van a hacerse atrás. Y ponen cifras a la “deuda histórica” de más de 1.000 millones de euros que el Gobierno ha acumulado en la cofinanciación de la atención a la dependencia desde que en 2015 empezó a funcionar el Pacto del Botánico.
Según los datos del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que encabeza Mónica Oltra, el gasto total en la atención a la dependencia fue en 2015 de 541 millones de euros, de los que el Gobierno central solo aportó 66,4, lo que supuso el 12,28%, muy lejos de la mitad que exige la ley. Esa proporción se ha mantenido todos los años. Así, en 2016, el gasto fue de 619,9 millones y el Gobierno solo aportó 80 millones (un 12,93%); en 2017, fue de 630 millones y la Administración central envió 76,3 millones (12,12%), y en 2018, fueron 678,4 millones con la misma aportación del Gobierno, 76,3 millones (un 11,20%). En total, entre 2015 y 2018 la Administración central dejó de aportar 935,3 millones a un coste de la atención la dependencia que superó los 2.469 millones, sin contar la deuda acumulada durante el ejercicio de 2019.
La postura de Compromís no se reduce a una cuestión simbólica, ya que, en el caso de que los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2019 no incluyan los cerca de 360 millones que debería aportar el Gobierno, y reduzcan la previsión de ingresos por ese asunto al 20%, “el 30% restante habrá que detraerlo de otras partidas”, explican desde la coalición valencianista. Y supondrá, de facto, un recorte en el gasto.
En el pulso que se ha suscitado entre los socios del Pacto del Botánico, Compromís les toma la palabra a Ximo Puig, cuando aseguró en las Corts Valencianes el pasado 24 de octubre que los presupuestos del año que viene serían de “recuperación, consolidación y extensión de derechos”, y a Vicent Soler, que los calificó de “tan reivindicativos como el primer día”.
Por eso, señalan desde la coalición: “Dado que serán unos presupuestos de recuperación, consolidación y extensión de derechos, y tan reivindicativos como el primer día, consideramos que hay partidas de las que el Botànic ha hecho bandera como la cofinanciación de la atención a la Dependencia al 50%, como marca la propia ley, que hay que seguir manteniendo como previsión de ingresos”.
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