Las barreras para alquilar un piso universitario en Valencia: “Encuentras habitaciones por 300 euros y no sabes si vas a poder vivir en alguna”

Meri es una estudiante del doble grado en Logopedia y Psicología de la Universidad Católica de Valencia (UCV). En su cuarto año de carrera, ha tenido que cambiar distintas veces de piso. Explica que solía recurrir a las redes sociales y a grupos de Whatsapp para encontrar una habitación asequible: “Buscaba a través de Twitter, pero la gente solía tardar en responder o ya habían encontrado a otros compañeros. En el grupo me ocurría lo mismo”.

La estudiante de la UCV también añade que cuando aparece una oferta de un piso económico, la gente tiende a aglutinarse sobre ese: “La mayoría de veces no he tenido la oportunidad de ver los pisos. Solo pude ver uno y no sabía cierto si iba a ser para mí porque compites con otros estudiantes. Suelo buscar dónde voy a residir el próximo curso entre abril y mayo. Actualmente, los precios son inalcanzables. Un alquiler a 300 euros siendo estudiante es inacceptable, y más, cuando no tienes una vía económica independiente, sino que son tus padres los que deben costearlo todo. He tenido la suerte de encontrar una habitación barata por experiencias de algunos familiares”.

Con ello, aboga por que las universidades creen alguna plataforma en la que los estudiantes publiquen anuncios sobre habitaciones libres y exista una oferta más amplia. La Universitat Politècnica de Valencia (UPV) ya dispone de este sistema. Los precios, sin incluir los gastos, superan los 200 euros mensuales.

Ainhoa T. y Jordi Castelló también coinciden en su experiencia a la hora de encontrar una vivienda para poder cursar sus estudios de Filología Catalana en la Universitat de València. Sus domicilios habituales se encuentran a más de una hora y media en transporte público.

“Cuando vine por primera vez a Valencia, no sabía si el precio del piso que había encontrado era caro o barato. Prioricé que estuviera cerca de la facultad. Después de vivir varios años aquí, sé que pagar 325 euros al mes es vergonzoso”, explica Ainhoa, y añade que, desde hace dos años, tuvo que recurrir a una vivienda más barata, más pequeña y más alejada del núcleo universitario que encontró a través de un portal inmobiliario“.

Jordi Castelló manifiesta que todos los estudiantes, pese a su falta de experiencia a la hora de buscar piso el primer año, han tenido que acudir a varias inmobiliarias, que les metían presión para que la vivienda se alquilara lo más pronto posible: “En 2021 el precio de arrendamiento no había subido excesivamente, pero las agencias te decían que podría venir otro grupo y quitarte tu oportunidad”. En ese momento, la Ley de Vivienda ni siquiera se había debatido en las Cámaras, y los honorarios corrían a cargo del inquilino.

“El pasado verano tuve que empezar de nuevo la búsqueda de pisos porque la propietaria necesitaba su vivienda por razones de causa mayor. Nos avisó en julio y eso se convirtió en un caos porque la gente suele tener los contratos cerrados. Tuve que buscar a través de varias vías. Los que encontraba estaban bastante lejos de la facultad”. Con ello, subraya que para el próximo curso tendrá que buscar de nuevo otra residencia.

Los dos denuncian que la ayuda económica que reciben, la conocida como Beca MEC, es insuficiente, a pesar de que este año el presupuesto aprobado para estudios postobligatorios ha alcanzado los 2.520 millones de euros, y la cuantía de la residencia ha ascendido de 1.600 a los 2.500 euros.

“Te ves obligada a vivir en sitios pequeños, compartiendo piso con cuatro personas y un baño. Ni siquiera puedes escoger los barrios. Yo voy a seguir en el que estoy porque no tengo más opciones ni libertad de elección. Me parece indignante que 300 euros mensuales sea la cifra mínima para un estudiante que no tiene la posibilidad de trabajar y se sustenta a base de becas, y a veces hay quienes no las reciben”, destaca Ainhoa.

El sesgo del índice de precios

En ocho días, la Ley de Vivienda cumplirá 10 meses desde su entrada en vigor. Esta es la primera legislación española que reconoce el derecho a la vivienda e introduce una medida estrella: la regulación de los precios de los alquileres en zonas tensionadas mediante un índice de precios estatal.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado la resolución en la que hace oficial el Índice de referencia del precio del alquiler, mediante el cual se limita el precio de los contratos de alquiler. Catalunya es la única comunidad autónoma que ha reconocido las zonas residenciales tensionadas.

Esta herramienta, que pretende que el inquilino no dedique gran parte de sus ingresos a un domicilio, no puede aplicarse en otras autonomías. Es decir, el arrendatario no tiene por qué seguir el índice si no se considera gran tenedor.

En Valencia, según el índice del área metropolitana, la media de una residencia unifamiliar (mismos miembros familiares o estudiantes) se sitúa en 560 euros y 65 m². Si concretamos, los distritos más demandados por los universitarios, y los más cercanos a los campus (Blasco Ibáñez, Tarongers y el de la UPV) superan la cifra media total de la ciudad.

Durante la pasada legislatura, el grupo municipal Compromís decidió comunicar a la conselleria su deseo de convertir Valencia en una zona tensionada, pero tras las elecciones celebradas el 28M, y la victoria del PP, junto a su entrada en el gobierno con Vox, el trámite no salió adelante.

El pasado enero, la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, cambió su perspectiva acerca de la declaración de zonas tensionadas en el área metropolitana y dejó lugar a una hipotética implantación de esta medida. En sus declaraciones, manifestaba que iba a haber cooperación con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tras ello, Catalá retomó el discurso apoyado en su grupo municipal sobre la construcción de vivienda para generar más oferta, y tildó la propuesta del índice de precios como una “iniciativa intervencionista y puntual” que no solucionaría el problema real.

Este diario se ha puesto en contacto con fuentes municipales para conocer si se está trabajando en la posibilidad de limitar los precios del alquiler, pero no ha habido respuesta.