El código postal es un determinante para el futuro socioeconómico de las personas. Condiciona la educación, la renta, la salud, el acceso a servicios básicos. Condiciona el desarrollo de la vida y el bienestar. “Hoy la principal variable espacial que explica las desigualdades es la segregación residencial y es un factor determinante en su reproducción”, apunta Oriol Nel·lo, geógrafo especializado en estudios urbanos y miembro del Institut d'Estudis Catalans.
El fenómeno es “estructural, creciente y de ámbito metropolitano”. Los grupos con características similares tienden a concentrarse en el espacio, con el precio de la vivienda como principal condicionante. La gente elige dónde vive por diversas razones, pero quienes acumulan mayor poder adquisitivo tienen mayor capacidad de elección. Lo hacen por arriba y lo hacen por abajo; barrios ricos, barrios pobres. En los países occidentales se está produciendo un proceso de polarización espacial, que tiene generalmente carácter urbano-metropolitano, pero que también está afectando a municipios enteros.
La relación entre segregación y desigualdad está mediada por diversos aspectos, apunta el geógrafo, que fue secretario autonómico de Planificación Territorial de la Generalitat de Catalunya. Entre ellos, que “el aumento de la segregación no se plasma de inmediato sobre la desigualdad, hay un retraso de casi una década”. O que “si se dan procesos de gentrificación en los que grupos acomodados entran en áreas vulnerables, durante un tiempo conviven, hasta que el aumento de precios los expulsa”. Y además, las políticas urbanas, que no siempre reducen la segregación, como en el caso de Francia (que al construir los grandes barrios de vivienda asequible han concentrado a la población con menor capacidad adquisitiva), recalca el profesor.
Nel·lo coordina el trabajo Efecto Barrio, publicado por Tirant Lo Blanch, un volumen que analiza cómo la segregación residencial incide en la desigualdad de la ciudadanía en diversos ámbitos y cómo contribuye a reproducirla y acrecentarla. Junto a Ismael Blanco, director del Institut de Govern i Polítiques Públiques de Catalunya y Ricard Gomà, director del Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, ambos autores de varias publicaciones en la misma editorial, analizan los efectos de la segregación espacial y plantean políticas públicas para mitigarlas, en un seminario organizado por la Facultad de Geografía de la Universitat de València y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.
La tendencia que aprecian los tres expertos es autodestructiva, el pez que se muerde la cola: los espacios que concentran la población con más necesidades tienen menos capacidad de respuesta. Los datos indican que la población vulnerable reside en municipios que cuentan con ingresos per cápita más bajos: tienen menos recursos porque su base fiscal es más reducida. La secesión de los ricos no solo implica que las clases pudientes vivan en entornos aislados de la pobreza, con mejores servicios, sino que llevan consigo sus recursos, que son necesarios para mitigar la desigualdad. Quienes tienen capacidad para pagar más impuestos no residen en los lugares donde esa recaudación hace más falta.
Incluso es desigual la distribución de las infraestructuras sociales, apunta Blanco, tomando el término de Eric Klinenberg que define los espacios en los que tejer relaciones sociales y comunitarias (una biblioteca, un parque, un centro cívico). Estos espacios son relevantes para tejer alianzas ciudadanas, movimientos sociales y prácticas colectivas de denuncia, que condicionan la capacidad de respuesta de los barrios, influenciada por la identidad, los vínculos sociales, la cooperación o la inversión pública. Es decir: un lugar en el que los vecinos no se conocen, ni tienen arraigo, ni lugares en los que conocerse, ve reducidos sus movimientos de resistencia ciudadana ante la vulneración de derechos. “La segregación delimita las políticas de igualdad, debilita los lazos sociales, residualiza los servicios públicos y la acción colectiva”, añade Gomà, que aboga por unas políticas públicas de “mixtura igualitaria”, un contrato social vinculado a nuevas realidades.
Por ello, los tres autores coinciden en la aplicación de políticas que superen el municipio como ámbito, actuando a escala metropolitana, e insisten en las políticas predistributivas, dado que la relación entre Estado de Bienestar y desigualdades “no es simple ni sencilla”, las políticas redistributivas “no actúan sobre las relaciones de poder” e implican más corrección que previsión. Para mitigar los mecanismos de segregación urbana los tres expertos coinciden en que es necesario reforzar la política de vivienda social y la regulación de precios, pero también actuar a una escala supramunicipal. “Es necesario un plan estatal de de barrios vulnerables que dote a comunidades autónomas y ayuntamientos de recursos y les inste a actuar”, subrayan, mientras recalcan la necesidad de “extender las políticas de rehabilitación y las de vivienda a todos los barrios”, combinadas con servicios e infraestructuras públicas de calidad, desde educación infantil universalizada hasta refuerzo de los vínculos sociales.
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