La EMT aprueba su convenio colectivo, mientras a FGV se le atraganta la negociación
Cara y cruz en las negociaciones de las condiciones laborales de los trabajadores de las dos principales empresas públicas de transporte de la Comunitat Valenciana.
Mientras en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, dependiente del Ayuntamiento, ha logrado sacar adelante su convenio colectivo tras un más de un año de negociación en el que pese a las amenazas de huelga, finalmente no se hizo efectivo ningún paro, en el caso de FGV, dependiente de la Generalitat Valenciana, el inicio de las negociaciones se vio interrumpido por la huelga que generó alteraciones en el servicio en forma de paros entre septiembre y diciembre.
Y es que, en el caso de la entidad que gestiona Metrovalencia y el Tram, las reuniones del que será el XIII Convenio se retomaron el pasado 17 de enero, una vez se desconvocaron las mencionadas huelgas.
El convenio vigente que se mantiene prorrogado se firmó en febrero de 2016 y venció el 31 de diciembre del mismo año.
El acuerdo llegó tras cinco años sin convenio colectivo, lo que pone de relieve las dificultades y la conflictividad existente para sacar adelante grandes acuerdos en una empresa pública con 1.500 trabajadores y siete organizaciones sindicales entre Alicante y València (UGT, CCOO, SF-IV, SIF, SCF, SEMAF y CGT).
Las negociaciones que ahora se retoman para el nuevo convenio tampoco se antojan sencillas y mucho menos rápidas. Según fuentes sindicales consultadas, las dos principales exigencias de los trabajadores serán la recuperación del personal y del 10% de masa salarial que perdieron tras el traumático Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ejecutado en el año 2012 que supuso 300 despidos, cuyas consecuencias aún está pagando la entidad en forma sobre todo de falta de personal y, en consecuencia, de un servicio muy mermado.
Acuerdo en la EMT
La mayoría de trabajadores de EMT València votó la semana pasada a favor del preacuerdo del Convenio Colectivo firmado por la dirección de empresa junto a cuatro de las cinco secciones sindicales.
De esta forma, la empresa pública tendrá un nuevo texto que regule las relaciones laborales, algo que no se lograba desde el año 2012 cuando se firmó un acuerdo que supuso una bajada salarial de más del 7%.
Además, se trata de la primera vez que el convenio regula subidas en el salario desde el año 2009 y que entronca con el deseo de la dirección gerencia de que los trabajadores y trabajadoras recuperen el dinero que perdieron en el laudo arbitral de 2012.
Un total de 1.227 personas de las cerca de 1.600 convocadas a la votación se acercaron este viernes a las urnas dispuestas en las cocheras y en las oficinas centrales. De ellas, 651 (un 51%) dijeron sí al convenio y 583 votaron en contra del preacuerdo. Después de su aprobación, el Consejo de Administración deberá dar el visto bueno.
Tras más de un año de negociaciones, y después de que los trabajadores rechazasen hasta tres veces secundar las convocatorias de huelgas, la plantilla ha dado el visto bueno a este nuevo nuevo texto que reúne todas las normativas que se mantenían en la empresa, algunas incluso del año 1946 y que contiene subidas salariales, entre otros beneficios.
El nuevo convenio colectivo estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019 y gracias a él, el colectivo de trabajadores recupera todo lo que se perdió con el anterior gobierno y se garantizan las subidas salariales durante su vigencia.
Además, los trabajadores consiguen otras mejoras como asegurar más tiempo de descanso en los finales de recorrido, incrementos en días festivos y en los permisos retribuidos, entre otras.
El concejal de movilidad sostenible, Giuseppe Grezzi, hacomentado al respecto que “con este nuevo convenio, los trabajadores recuperan lo que perdieron en la etapa anterior y además consiguen una norma mucho más beneficiosa para sus condiciones laborales y que les da una seguridad para los próximos años”.
