El Gobierno valenciano gasta 4,7 millones en alarmas antiokupa para sus VPP pese a solo detectar 172 casos en 12.000 inspecciones

La Generalitat Valenciana, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), anunció el pasado 18 de enero la adjudicación de un servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público para evitar la ocupación ilegal de estos inmuebles.

El importe del contrato ha sido de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años y está distribuido en dos lotes: uno para la provincia de Alicante con 150 alarmas y otro conjunto para las provincias de Valencia y Castellón con otras 150. Un total de seis empresas presentaron ofertas a esta licitación.

Durante 2025, la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad ha intensificado las medidas para evitar la ocupación irregular de sus viviendas. Una de estas acciones ha sido la licitación de sistemas de seguridad e instalación de alarmas individuales sin conexión al suministro eléctrico.

La directora general de la EVHA, Estefanía Martínez, ha reconocido que unos de los problemas más importantes que afectan al parque público de la Generalitat es el asalto y ocupación ilegal de sus viviendas. “Estas ocupaciones impiden la rehabilitación y posterior adjudicación de viviendas a familias con necesidades que sí respetan la legalidad”.

Sin embargo, de las estadísticas recogidas en el informe de Auditoría Operativa sobre Vivienda de Protección Pública de la Generalitat Valenciana, elaborado por la Sindicatura de Comtes, no se desprende que se trate, ni mucho menos, de un gran problema. Entre otros aspectos, el documento aborda esta cuestión con datos de inspecciones de la propia administración autonómica durante los años 2023 y 2024.

Según el informe, “durante el periodo fiscalizado se ha constatado la existencia de labores de inspección destinadas a verificar el uso de las viviendas de protección pública como residencia habitual”. En el ejercicio 2023 se hizo “un total de 12.357 inspecciones, de las cuales 4.248 se efectuaron con medios propios de la Consellería y 8.109 a través del servicio de mediación en comunidades vecinales”. Como resultado de estas actuaciones “se iniciaron 226 expedientes por ocupaciones ilegales”. En el ejercicio 2024 “se llevaron a cabo 12.474 inspecciones, con una distribución similar, 4.275 con medios propios y 8.199 por mediación, que han dado lugar a 172 expedientes por ocupaciones ilegales”.

El análisis de los resultados pose de manifiesto que “la tasa de apertura de expedientes por ocupación ilegal sobre el total de inspecciones fue del 1,83% en 2023 y del 1,38% en 2024, lo cual refleja una disminución de 0,45 puntos porcentuales, equivaliendo a una reducción relativa del 24,61% en los casos detectados”.

Si se contrasta este volumen de inspecciones con la dimensión del parque público de viviendas autonómico, que es de 14.404 en 2023 y 14.282 en 2024, “se obtiene una ratio equivalente a 0,86 inspecciones por vivienda en 2023 y 0,87 en 2024, lo cual muestra que el esfuerzo inspector ha sido elevado en términos cuantitativos”.

El fiasco de las oficinas antiocupas

Las cifras que pone de relieve el informe de la sindicatura sobre el parque público van en la misma línea de las que se se desprenden de otras fuentes referidas a todo tipo de inmuebles y constatan que no existe un problema estructural de ocupación de viviendas, o dicho de otra forma, que la ocupación ilegal no es ni de lejos uno de los grandes problemas de la vivienda, mucho menos del auge de los precios, por lo residual de los casos.

El Ministerio de Interior apenas registró en el año 2024 un total de 876 denuncias por usurpación de inmuebles en toda la provincia de Valencia, que cuenta con un total de 1,4 millones de casas construidas según el último dato del INE de 2021. Pero es que la Policía Local de València a mediados del pasado año tenía registrados un centenar de casos. El comisario principal Fernando Giménez Oñate, responsable de la División Territorial Operativa de este cuerpo, ya afirmó que “el delito de usurpación no se da apenas en primeras viviendas, sino que más bien se produce en casas vacías de grandes tenedores o en viviendas heredadas en las que no se ha producido un acuerdo”.

A mediados del pasado mes de noviembre, la oficina antiocupación del Ayuntamiento de Valencia, a medida estrella de PP y Vox en materia de vivienda y un anuncio electoral harto repetido por la alcaldesa María José Catalá, apenas había atendido dos consultas al mes desde su puesta en marcha el 16 de junio del pasado año.

En abril del pasado año, el fiscal superior, José Francisco Ortiz, afirmó a preguntas del diputado de Compromís, Jesús Pla, que los casos de usurpación “numéricamente se ha reducido” y advirtió de “la alarma social” que se está generando cuando trasciende algún caso concreto y “parece que tiene más motivación”.

Según los datos de la memoria que presentó, en 2023 se abrieron en la fiscalía provincial de Castellón 142 diligencias por usurpación, un 15,5% menos que en 2022, y en la de Valencia fueron un total de 575, un 9,6% menos que el año anterior. La fiscalía de Alicante, sin embargo, no hacía referencia a este apartado, aunque por las palabras de Ortiz las cifras se mantuvieron estables. La Comunitat Valenciana cuenta con unos 3,3 millones de viviendas construidas.

Pese a todo, la Generalitat Valenciana anunció más medidas para frenar la ocupación. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en junio del pasado año un Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas. Mazón explicó que esta medida contempla la creación de una oficina de atención a las víctimas de ocupación, que comenzará a funcionar en las próximas semanas, y “que contará con un sistema de atención telefónica para la asistencia inmediata a través del teléfono 012”.