Los grupos parlamentarios deberán justificar ante la Intervención de las Corts Valencianes cada euro público que gasten de la subvención

La Sindicatura de Comptes llevaba un lustro advirtiendo a las Corts Valencianes de la falta de control en la contabilidad y en la justificación de las subvenciones de los grupos parlamentarios. La Agencia Valenciana Antifraude también reprochó a la cámara que las cuentas de los grupos no fuesen fiscalizadas de manera independiente.

El Parlamento autonómico por fin ha aprobado, según publica este lunes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, las normas que regulan la justificación de los gastos. Hasta ahora cada grupo parlamentario justificaba en mayor o menor medida sus gastos, sin tener la obligación de entrar al detalle de cada pago y en el portal de transparencia apenas había rastro de esta contabilidad opaca. Ahora, cada grupo estará obligado a justificar ante la Intervención cada euro que abone.

Las subvenciones asignadas a los grupos (una fija idéntica para todos y otra variable en función del número de diputados) son finalistas para los gastos corrientes necesarios para la realización de sus funciones parlamentarias y, en ningún caso, pueden destinarse a financiar la adquisición de bienes de inversión. Cada grupo parlamentarios deberá detallar el convenio suscrito con su respectivo partido político con la aportación que hagan y las funciones o servicios que desarrolle la formación, incluyendo el importe. Además, deberán justificar el destino final que el partido ha dado a los fondos. La memoria será remitida por el portavoz de cada grupo a la Mesa de las Corts Valencianes, que la remitirá a la Intervención de la cámara autonómica.

Los grupos deberán aportar sus cuentas anuales, incluyendo el balance, la cuenta de resultados y la memoria anual. Además, a diferencia de lo previsto hasta ahora, tendrán que consignar los documentos originales que justifiquen cualquier pago realizado con cargo al presupuesto del Parlamento, con el detalle que permita conocer su destinatario individualizado, así como el concepto o el motivo que dio lugar al abono.

Los gastos de personal se justificarán con las nóminas y las retenciones fiscales mientras que los gastos en adquisición de bienes, servicios y suministros deberán ser justificados con una factura, si se trata de un contrato menor, o con el comprobante de ingreso en la Agencia Tributaria si el gasto conlleva retención fiscal. En materia de dietas, estarán obligados a aportar una liquidación mensual firmada por cada diputado que las haya percibido y detallando el motivo de la actividad parlamentaria y detalles como la fecha, la hora y el kilometraje.

Así, la Intervención de la cámara autonómica se encargará de comprobar el destino de las subvenciones asignadas a los grupos parlamentarios. Tal como hacía hasta ahora pero con mucho mayor nivel de detalle, al estar obligados a justificar cada euro público gastado. En el plazo máximo de seis meses, la Intervención llevará a cabo las actuaciones de control financiero para que la Mesa valide las cuentas.

La norma prevé la posibilidad de que la Intervención solicite el reintegro de la totalidad o de parte de la subvención asignada. En ese caso, la Mesa, tras analizar las alegaciones y los informes de de la Intervención y de la Asesoría Jurídica, adoptará un acuerdo para solicitar el reintegro total o parcial de la subvención. Todo ello sin perjuicio del control externo por parte de la Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, al que todos los partidos remiten sus cuentas anuales consolidadas, con el detalle de los ingresos y gastos.

La norma ha tardado más de un lustro en aprobarse, pese a las reiteradas advertencias de la Sindicatura de Comptes que en cada informe anual sobre la cámara autonómica lamentaba la falta de control interno. La comisión técnica integrada por todos los partidos políticos elevó a la Comisión de Gobierno Interior de la Mesa de las Corts Valencianes la propuesta consensuada tras numerosas reuniones y que ha sido finalmente aprobada por unanimidad.