La Sindicatura de Comptes alerta de la falta de transparencia en los gastos de las Corts Valencianes
La transparencia de las Corts Valencianes es un asunto que trae de cabeza a su presidente, Enric Morera, desde inicios de la legislatura pasada. Los grupos parlamentarios rechazan sistemáticamente en la comisión de gobierno interior cambiar la fórmula de fiscalización, pese a los informes de la Sindicatura de Comptes que reiteran año tras año la falta de transparencia en el control de las subvenciones. La sindicatura explica en sus conclusiones que la opacidad le dificulta el control, razón de ser del ente.
En el informe de fiscalización de 2019, recién llegado al Parlamento autonómico, la Sindicatura hace la siguiente recomendación: “Requerir la ficha de terceros y la validación de poderes que prevén las bases de ejecución del presupuesto para el pago de subvenciones a los grupos parlamentarios”.
El síndic Vicent Cucarella pone el foco en las subvenciones a los grupos parlamentarios, de 3,7 millones de euros durante 2019 y les recuerda sus deberes como responsables públicos: “La normativa interna de las Corts Valencianes requiere que los grupos parlamentarios llevan una contabilidad específica y rinden anualmente unas cuentas, aunque excluye estas cuentas del régimen de control interno y fiscalización por parte de la Intervención. Esta situación representa una limitación al alcance de nuestra auditoría, porque los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones no tienen la documentación necesaria que nos permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si hay un posible derecho de cobro de las Cortes en concepto de subvenciones concedidas no justificadas”. Eso sí, matiza, las subvenciones para aparcamiento y para los diputados no adscritos sí que están sujetos al control interno de la institución.
Además, el informe del organismo que encabeza Cucarella señala que el Parlamento autonómico “no dispone de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Esta situación representa una limitación al alcance de nuestra auditoría, por lo cual no podemos opinar sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos”, es decir, otro bache a su trabajo.
La Sindicatura no es el único organismo que se ha pronunciado sobre esta cuestión. Ya en 2019 el director de la Agencia Antifraude valenciana, Joan Llinares, afeó a los parlamentarios la falta de transparencia con una cita de la filósofa Victoria Camps: “Los protagonistas visibles de la vida pública tienen un deber de ejemplaridad, coherente con los valores que dan sentido a las sociedades democráticas”. En las memorias anuales de Antifraude, el director suele recordar a los diputados sus obligaciones: las subvenciones parlamentarias quedan excluidas de la Ley General de Subvenciones, “y por tanto, sin regulación sobre en qué se pueden gastar o cómo justificar, ni sujetas a fiscalización”, por lo que debería fiscalizarlas la propia Cámara.
El reglamento de las Corts Valencianes indica que los grupos deben tener la información disponible para cuando el parlamento se lo solicite, pero la ley no les obliga a presentar todas las facturas. La fiscalización de las cuentas de los partidos es obligatoria y la realiza el Tribunal de Cuentas, lo que deja prácticamente a voluntad el nivel de transparencia al que cada grupo quiera llegar con sus facturas en estos organismos.
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