Consejo de administración del Puerto: dudas razonables

Si este viernes se reúne el Consejo de Administración del puerto de València, puede que tenga que decidir, entre otros asuntos, uno de capital importancia: la continuación del expediente para la ampliación del Puerto.

“Doce hombres sin piedad” es el título de una película, recientemente ofrecida por TVE, que cuenta la historia de los miembros de un jurado popular que se reúnen para reflexionar y dictar sentencia, que ha de ser por unanimidad, sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato. Lo que se presenta como una reunión de trámite -a la mayoría les parece que las pruebas y testimonios aportados durante el juicio son concluyentes para condenar al acusado- se convierte en un interesante debate porque alguien, un miembro del Jurado (magistral Henri Fonda) plantea algunas dudas razonables, muestra detalles que habían pasado desapercibidos, y pide al resto de compañeros que reflexionen y no tengan tanta prisa por acabar. Si no la han visto, no se la pierdan.

No he podido evitar relacionar esta magnífica película con el tema que nos ocupa, sobra decir que sin parecido alguno con el fondo del conflicto portuario. Me gustaría situar la cámara en una de esas reuniones del Consejo de la APV para ver cómo reaccionan sus miembros frente a una decisión que no se trata, en absoluto, de un mero trámite.

En este caso, las dudas razonables para tomar una decisión que hasta hace poco parecía incuestionable (la ampliación es buena para el Puerto y en consecuencia, para València y nuestra 'región') , lo son de diversa índole y nuestro colectivo 'Terra Crítica' las ha expuesto con detalle. He aquí una síntesis.

Sobre los impactos actuales y futuros del puerto en el empleo y la economía regional

Existen pruebas claras de que el Puerto, en sus recientes ampliaciones, no ha tenido en cuenta los costes externos que ha generado (contaminación sónica y del aire, impacto en las playas, desaparición de zona de huerta en La Punta, en la red metropolitana de carreteras, en Natzaret…). La mayoría de estos impactos son irreversibles. Por otra parte, existen indicadores claros de que el papel del puerto en la economía local y regional no es, en absoluto, tan relevante como fue en otros tiempos.

Las incertidumbres que planean sobre el futuro del transporte marítimo (cambios en las rutas interoceánicas, progresiva automatización de los trabajos portuarios, endurecimiento de la legislación contra las emisiones…) no están en consonancia con las certezas que se apuntan como beneficios para el empleo y la economía locales a tan largo plazo.

Sobre la ampliación y su anexo de nuevo acceso norte terrestre

Insistimos en que los costes de todo tipo de estos dos proyectos son muy superiores a los supuestos beneficios para el interés general. Un análisis previo bien realizado - y no una evaluación ambiental a posteriori- habría llevado, con toda probabilidad y siguiendo el principio de precaución, a rechazar cualquier nueva ampliación de estas dimensiones. Un grave error inicial no puede llevar ahora a concatenar otros errores similares o mayores

Sobre los impactos de la ampliación en la dinámica del litoral y el paisaje

Las evidencias sobre los efectos negativos persisten, y las dudas sobre el futuro están bien documentadas. El entorno litoral, incluidos los fondos marinos, en especial el Parque Natural de la Albufera, no puede soportar más afecciones.

Sobre la validez del Estudio de Impacto Ambiental

Hay motivos suficientes para considerar que el estudio de 2006 no consideró todas las posibles afecciones de las obras, y en cualquier caso, las variaciones en 2018 del proyecto inicial exigen una actualización por considerarse sustanciales, como así lo ha entendido también el Secretario del Ayuntamiento de València en su reciente informe.

Así que se trata de un proyecto que implica derrochar recursos naturales y presupuestarios para beneficio de negocios privados que dejan muy poco margen a la economía local... y sí muchos problemas sociales y ambientales. Lo que exige, como mínimo, abrir un debate profundo y transparente.

PD. Un apunte sobre el gobierno del Puerto

Creemos que es el momento de modificar la norma estatal -la ley de Puertos- para dar más protagonismo a los ayuntamientos afectados, y a formular un nuevo marco para evitar que los puertos no configuren un territorio al margen de las normas urbanísticas de los municipios.

Joan Olmos es doctor ingeniero de caminos y profesor titular de Urbanismo