Una jueza investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante tras una denuncia de Manos Limpias
La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha incoado este miércoles diligencias previas para investigar la adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
La magistrada ha adoptado esta decisión tras recibir por reparto una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada la pasada semana por el pseudosindicato Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejala popular de Urbanismo, Rocío Gómez; la directora general María Pérez-Hickman, y otros empleados municipales.
Manos Limpias también denunció al jefe del servicio de Viviendas y Protección Oficial del consistorio; al notario José María Izaguirre, fedatario de las escrituras de adjudicación de los pisos y con dos hijos agraciados con viviendas, y a la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. También denunció a cuatro directivos de la cooperativa impulsora de las viviendas.
El abogado José María Bueno Manzanares, que ejerce la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en la causa de la dana, figura en la denuncia de las viviendas de protección pública como “letrado director” de Manos Limpias.
Como ha venido informando elDiario.es, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, los dos hijos y un sobrino de la funcionaria y directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habrían adquirido cuatro inmuebles de este residencial. El escándalo también forzó la dimisión del jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio y excoordinador de Ciudadanos, Miguel Ángel Sánchez.
La instructora ha ordenado recabar los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante en virtud de diversas denuncias formuladas ante esa institución a fin de unificar en el procedimiento judicial todas las acciones legales en torno a los mismos hechos para tener un conocimiento íntegro y darles la correspondiente tramitación procesal.
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