¿Hacen falta 19 jefes para recuperar la memoria democrática?
La plantilla propuesta para el funcionamiento del futuro Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas incluye 19 jefaturas sobre una plantilla total de 23 puestos de trabajo. Concretamente son una subdirección general, seis jefaturas de servicio, seis jefaturas de sección, cinco jefaturas de equipo y una jefatura de negociado, por tres auxiliares de gestión y un subalterno.
La Conselleria de Hacienda, en su informe preceptivo, ha puesto condiciones a esta estructura tras señalar que “podría inferirse que la mayor parte de las funciones” del organismo se realizarán “en forma externalizada” e indicar que la documentación aportada “no detalla cuáles serán las funciones de cada uno de los seis servicios”.
Advierte también el informe del director general de Presupuestos, José Moreno, de que “los gastos de personal ascenderán a más de la mitad de los gastos totales del organismo cuando se encuentre a pleno rendimiento, y si se cumplen las expectativas puestas de manifiesto en la Memoria Económica, a partir del decimotercer año de funcionamiento del Instituto dichos gastos representarían casi el 85% de los costes totales”.
¿Hacen falta 19 jefes y un presupuesto de 2,1 a 2,3 millones de euros anuales, cuando esté en pleno funcionamiento el instituto, para la “identificación, la reparación y reconocimiento” de las víctimas de la represión durante la Guerra Civil y el franquismo y el “fomento y divulgación” de la memoria democrática de los valencianos?
El director general de Reformas Democráticas de la Generalitat Valenciana, José García Añón, explica que el instituto se inspira en organismos similares existentes en Andalucía y el País Vasco y también en Cataluña. “Se trata de una coordinación complicada”, indica sobre la necesidad de implicar recursos de patrimonio, cultura, arqueología, medicina legal o incluso jurídicos en la tarea de localización, exhumación e identificación de víctimas. “No se puede hacer en uno o dos años”, recalca.
La futura Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana, en tramitación parlamentaria, una norma impulsada desde la Conselleria de Justicia que dirige la fiscal Gabriela Bravo, responde a una de las exigencias del Pacto del Botánico firmado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos y responde a una larga reivindicación de los grupos y asociaciones que han batallado por la recuperación de la memoria histórica.
Su principal característica, según el director general, es que, a diferencia de la ley estatal de 2007, parte de “un planteamiento transversal”, amplía el concepto de víctima a personas y colectivos que hayan sufrido efectos físicos pero también en sus derechos fundamentales desde la Guerra Civil hasta la entrada en vigor de la Constitución, obliga a crear un censo y atribuye a la Generalitat las funciones de “localización, exhumación e identificación de restos de las víctimas desaparecidas”. Para hacerlo posible crea el Instituto de la Memoria Democrática, de manera que la actuación en ese terreno, como comenta García Añón, no dependa únicamente de la voluntad política y se evite que “cuando cambie el gobierno, se acabe todo”.
El Instituto también tendrá funciones en la catalogación de los lugares de la memoria histórica, la retirada de vestigios de la Guerra Civil y de símbolos de la dictadura y el establecimiento de sanciones para casos de incumplimiento. La localización de fosas, la identificación de víctimas y su exhumación son sus tareas más complicadas.
Una expectativa de 7.600 identificaciones de víctimas
En base a los datos de Vicent Gabarda en sus libros sobre los fusilados en el País Valenciano y sobre la represión en la retaguardia republicana, así como del historiador Paul Preston en su estudio sobre “el holocausto español”, en el conjunto del territorio valenciano hubo 4.922 víctimas de la represión franquista y 4.880 de la represión en zona republicana. De las 10.880 personas desaparecidas que se estiman en conjunto entre víctimas directas e indirectas, habría que restar un 30% de “imposible rescate”, lo que sitúa la tarea del futuro Instituto en un “universo de 7.616 identificaciones”.
La mayoría de esas identificaciones dependerán de la exhumación de unas 300 fosas comunes conocidas gracias a los trabajos de los grupos por la recuperación de la memoria histórica (184 fosas en Valencia, 71 en Castellón y 44 en Alicante). De ellas, 166 fosas son de víctimas de la represión franquista, 85 de víctimas en la retaguardia republicana y 46 recogen víctimas de ambos bandos. “De la conocidas, hay un alto porcentaje de fosas no localizadas, no intervenidas o intervenidas parcialmente”, destaca la dirección general.
“De la memoria económica aportada se desprende”, indica el informe de Hacienda sobre el proyecto de ley, “que la puesta en marcha del nuevo instituto se va a realizar de forma progresiva, ya que para el primer año será suficiente con la creación de los puestos correspondientes a la subdirección general, dos jefaturas de servicio, la jefatura de negociado y dos auxiliares de gestión”.
Y advierte, antes de recordar que hay que cumplir la “regla de gasto” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de que “en todo caso, el incremento en los gastos de personal que para la Generalitat suponga la puesta en marcha del Instituto deberá ser necesariamente compensado con bajas equivalentes en otras consignaciones presupuestarias para gastos de personal, en cumplimiento de la normativa básica del Estado, sin perjuicio de las adscripciones de puestos de trabajo que pudieran realizarse con cargo a otros departamentos de la Generalitat”.
En otras palabras, si hay que aceptar esa estructura, hágase con traslados de funcionarios, sin hacer crecer la plantilla y controlando el coste del futuro Instituto. La valenciana es una Administración escaldada de los abusos que en las empresas y organismos del sector público ha heredado de la época del PP.
