CV Opinión cintillo

Bienestar mal repartido, o sea desigualdad

Manifestación por la reforma de la financiación autonómica en València.

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No suele ocurrir que en una manifestación coincidan todas las formaciones parlamentarias a excepción de la extrema derecha. En las tres manifestaciones celebradas en las capitales valencianas este sábado confluyeron el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, fuerzas que componen el Gobierno del Pacto del Botánico, con el PP y Ciudadanos, que están en la oposición, para reclamar al Gobierno de España una financiación autonómica justa. Convocadas por una plataforma que agrupa a los partidos y también a los sindicatos y la patronal, las manifestaciones, en una de las cuales participó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, son la expresión de una reivindicación que viene de lejos y que responde a razones muy fundadas.

La Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas las administraciones autonómicas con el actual modelo, caducado desde 2014. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) le puso cifras recientemente. Hay una distancia de más de 700 euros por habitante entre la financiación que recibe la comunidad de régimen común más beneficiada por el modelo, que es Cantabria, con 3.321 euros per cápita, y la más perjudicada, que es la Comunidad Valenciana, con 2.618 euros. Cuatro comunidades están por debajo de la media, de 2.833 euros por habitante:  la Comunidad Valenciana (a 215 euros de distancia), Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha. La particularidad es que la economía valenciana, pese a ello, es además contribuyente neta al sistema.

Nadie discute esos datos, pero todos se pertrechan para defender sus intereses en la futura negociación de un nuevo modelo. Y mientras pasa el tiempo, la Generalitat Valenciana, a la que asiste la Administración central con mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico, acumula un tipo de endeudamiento que se ha calificado como “deuda histórica”. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido en más de una ocasión que se trata de algo a corregir y aseguró a Compromís que presentará este mes de noviembre un primer esquema de la propuesta de nueva financiación. El presidente del Gobierno, a su vez, reiteró en el reciente congreso del PSPV celebrado en Benidorm la necesidad de reformar el sistema y prometió que compensará el déficit de recursos en las cuentas valencianas mientras esa reforma llega.

Noviembre se ha convertido, por ello, en una frontera política para empezar a resolver un problema que, tanto o más que al Estado Autonómico, afecta de lleno al Estado de Bienestar, ya que estamos hablando de la financiación adecuada -la “financiación justa” como se reclamó en las calles de Valencia, Alicante y Castellón- de los servicios públicos fundamentales que prestan las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Si en la política española hubiera más “estadistas”, habría poco que discutir sobre este asunto y los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, asumirían su responsabilidad en un acuerdo que, además de la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, exige una mayoría cualificada para su aprobación en el Congreso de los Diputados. El tacticismo y la polarización son los principales enemigos de esa tarea, que implica un replanteamiento general del reparto de recursos entre la Administración central y el conjunto de las administraciones autonómicas a favor de estas últimas, para que ninguna comunidad pierda financiación en términos absolutos. 

Un aspecto central de la política a estas alturas del siglo XXI es el grado de desigualdad entre los ciudadanos que está dispuesta a soportar una democracia. Se trata de una brecha que define la calidad real del sistema democrático en cada sociedad. Lo ha destacado Thomas Piketty en referencia a las desigualdades económicas y de renta. Pero la desigualdad no solo tiene una dimensión social, sino también territorial, y no solo afecta a los ingresos privados, sino también a las políticas públicas. España debe preservar la igualdad entre sus ciudadanos mientras protege la diversidad y el autogobierno de sus territorios. Se han acabado las excusas para seguir aplazando una reforma que es de justicia y que afecta al núcleo de la convivencia. Toca mover ficha.

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