La hora de la población ajustada

El próximo mes de noviembre, cuando casi se cumplirán siete años de que caducó, ha confirmado en sede parlamentaria la ministra de Hacienda que el Gobierno presentará el documento para la reforma del sistema de financiación autonómica. “No será lo que quiere cada uno de los territorios, pero hemos de ser capaces de tener una mirada amplia que permita llegar al acuerdo”, señaló María Jesús Montero en el Congreso en respuesta a una interpelación del diputado de Compromís Joan Baldoví. 

La víspera, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, y su homólogo andaluz, el popular Juanma Moreno Bonilla, firmaron en Sevilla una alianza para reclamar la reforma con varios planteamientos básicos: que el modelo surja de una nueva asignación vertical de recursos del Estado; es decir, que la financiación autonómica gane terreno frente a la cantidad de dinero destinado a la administración general y se dote de más fondos al conjunto de las comunidades; que se haga un reparto horizontal suficiente para cubrir los servicios públicos fundamentales y equitativo entre todas las autonomías, y que se habilite un fondo transitorio de compensación para las comunidades más perjudicadas por el actual sistema, como la valenciana y la andaluza.

Una de las novedades de la intervención de la titular de Hacienda fue su disposición a abordar el problema del endeudamiento acumulado estos últimos años por los gobiernos que han sufrido la infrafinanciación de un sistema que debió haberse renovado en 2015, lo que se conoce como “deuda histórica”.

El hecho de que gobiernos de signo político diverso, como la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, coincidan en sus reivindicaciones sobre este asunto y se alíen para defenderlas ha abierto la veda para que otros ejecutivos autonómicos busquen alianzas distintas en defensa de sus intereses. Los presidentes socialistas castellano-manchego, Emiliano García-Page, y aragonés, Javier Lambán, reaccionaron en ese sentido y, desde Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo ya ha sugerido que quiere reunir a Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja y Cantabria.

Hay algo, sin embargo, que parece claro. El nuevo sistema no puede ser un remiendo del que ha generado diferencias que hacen que la Comunidad Valenciana, la más perjudicada entre las de régimen común, reciba por habitante 703 euros menos que Cantabria, la más beneficiada, y 215 euros menos que la media, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). 

El reparto tiene que reequilibrarse en relación a la población. Dicho de otra manera, los recursos deben ser similares para competencias homogéneas, es decir, aquellas, como la educación, la sanidad y la protección social, que a diferencia del resto (por ejemplo, fomento del empleo, economía, cultura, prisiones, seguridad ciudadana o vivienda), comparten todas la autonomías. Una cama de hospital ha de estar financiada con recursos equivalentes en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Extremadura o en Cantabria. El núcleo del Estado del bienestar no puede soportar diferencias de trato como las existentes.

En definitiva, el nuevo modelo no puede seguir arrastrando las asimetrías del statu quo, en buena medida heredadas de las diferencias notables en las dotaciones originarias de servicios cuando se asumieron las competencias, que se han perpetuado en la atribución de fondos y que socavan la equidad del mecanismo. 

Y ahí es donde emerge la población frente a otros factores de referencia en el centro del nuevo sistema, con las correcciones que corresponda aplicar según el concepto de “población ajustada”. Un concepto que tiene en cuenta que los costes por habitante de los servicios públicos fundamentales son mayores en las zonas más envejecidas o más extensas, o con más personas protegidas (por ejemplo, por la cobertura de la dependencia), o en las islas. El debate del nuevo modelo girará en buena medida alrededor de la fórmula concreta de ese cálculo de la población de un territorio ponderada según sus necesidades y especificidades.

El Gobierno ya ha adelantado el ensayo de ese procedimiento en la asignación del fondo extraordinario de 13.500 millones de euros destinado a las comunidades autónomas para hacer frente a la pandemia de COVID-19.  Se ha aplicado en esa transferencia el criterio de la población ajustada frente al del peso relativo del PIB porque la mayoría de las comunidades lo prefirieron.

La propuesta de la comisión de expertos nombrada en su día por las Corts Valencianes para el nuevo modelo de financiación autonómica plantea: “Suficiencia, autonomía tributaria, cálculo objetivo de las necesidades, nivelación horizontal y eliminación del statu quo”. Y propone un sistema más sencillo basado en tres grandes apartados: fondo básico de financiación, fondo de nivelación vertical y fondo complementario de financiación. El fondo básico de financiación es el núcleo del modelo.

Se trata de una concepción que, a grandes rasgos, comparten la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía, Murcia e incluso Catalunya, pese a que se queda al margen porque el independentismo insiste en la negociación bilateral con el Gobierno. El conjunto de comunidades perjudicadas por el actual sistema se concentra en el arco mediterráneo. Y no hay un color político uniforme en ese espacio geográfico, como no lo hay en el resto de la península.

La alianza de Ximo Puig y Juanma Moreno, al frente de gobiernos de coalición del PSOE con Compromís y Unidas Podemos y del PP con Ciudadanos (y Vox en el parlamento), ha descolocado a las direcciones de sus partidos, roto un tabú en un ambiente de polarización extrema y causado cierta perplejidad en el Gobierno, que se ve obligado a dejar atrás cualquier tentación (apuntada por la ministra Nadia Calviño en una visita reciente a València) de aplazar una vez más la reforma del sistema de financiación autonómica.

Será una empresa compleja, como reconoció la ministra Montero al apelar a un PP que hace del bloqueo institucional su táctica para que se sume al diálogo y la negociación, dado que la aprobación del nuevo modelo tiene un doble escenario. Pasa por un acuerdo territorial en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre las comunidades y por una mayoría cualificada en el Congreso que debe aprobarlo en forma de ley. Veremos.