La singularidad valenciana en Sumar

La configuración final del acuerdo para la participación de Compromís en la plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con un nombre diferenciado en las circunscripciones valencianas (Compromís-Sumar), una agenda de temas específicos y un estatus de cierta autonomía parlamentaria, no es consecuencia de una revancha ante el mal ambiente causado por la autodestrucción de Podemos. Contribuyó sin duda al huraño planteamiento de la negociación el malestar derivado del comportamiento de unos dirigentes, imbuidos de la incontinencia verbal de Pablo Iglesias y alentados por figuras como Irene Montero (que arremetió en València contra Ximo Puig y contra Joan Baldoví como si no hubiese un mañana), que se dedicaron en la reciente campaña de las elecciones autonómicas a repartir leña a unos socios del Pacto del Botánico en cuyo gobierno, paradójicamente, se encontraban muy cómodos los representantes de esa formación.

No, la resaca por la deriva que ha llevado a la cúpula de Podemos a convertir ciertas “guerras culturales” en auténticas parodias, faltas de inteligencia y sobriedad, con lo que se ha jibarizado su base electoral, solo ha tensado el contexto de un asunto de más calado, el de la plurinacionalidad. O de forma más precisa, el problema de cómo gestionar y articular la plurinacionalidad en el movimiento unitario de las izquierdas en España. Por muchas razones, la Comunitat Valenciana sintetiza esa encrucijada y es bueno que Sumar no eluda la cuestión debido a su complejidad.

En primer lugar, contra las rutinas mediáticas y mentales, conviene recordar que Compromís no es una “confluencia”, ni tiene intención alguna de serlo. Se equivocarán quienes piensen otra cosa. Cuando Podemos irrumpió en la política, la coalición valencianista, liderada por Mónica Oltra, ya existía, ejercía una oposición feroz en la calle y en el parlamento a la corrupta derecha de aquel momento y era una fuerza presente en los municipios y las comarcas. Una fuerza de “obediencia valenciana”, cuyo énfasis central se pone en la defensa y profundización del autogobierno, sin ningún interés en disolverse organizativamente en plataforma estatal alguna, aunque se haya mostrado siempre abierta a formar alianzas (con Podemos en dos elecciones generales, con otras formaciones de ámbito autonómico en las elecciones al Parlamento Europeo o con Más País en el Congreso, por ejemplo).

La invisibilidad habitual de la política valenciana, bajo el fuego cruzado de los exabruptos centralistas y las estridencias independentistas, propicia tópicos y tergiversaciones en muchos casos interesadas. Por ejemplo, el PP se ha empeñado en acusar al socialista Ximo Puig por sus políticas culturales, lingüísticas y educativas de haber estado impulsando un “procés” encubierto supuestamente similar al de Puigdemont. Nada más lejos de la realidad. Puig es un federalista convencido (no solo de boquilla, como la mayoría en el PSOE) afín al valencianismo cívico, un movimiento de alcance transversal y posiciones progresistas que, por otra parte, solo en sectores muy minoritarios se identifica con posturas independentistas. Eso ocurre por razones sociológicas y también históricas, ya que, a diferencia de Catalunya, que fue independiente al menos hasta que en el siglo XII se produjo con Ramon Berenguer IV la unión dinástica con Aragón, el Reino de València nunca lo fue, dado que lo fundó Jaume I en el siglo XIII con leyes propias y gobierno diferenciado, eso sí, pero dentro de la estructura confederal de la Corona de Aragón. Ese autogobierno a partir de una realidad “nacional” próxima a Catalunya y Balears, con los que el País Valenciano comparte lengua y cultura, dentro de una estructura “estatal” mayor, fue arrasado en el siglo XVIII por la victoria del centralismo borbónico, que acabó con las instituciones y libertades derivadas de los Furs. Así las cosas, la profundización del autogobierno recuperado con la democracia, en el horizonte de una deseable evolución federalista del actual Estado de las Autonomías, delimita el universo ideológico de Compromís, pero también encaja con la visión de un Estado plurinacional que las izquierdas españolas, y aquí incluyo al PSOE, tarde o temprano tendrán que articular con cierta claridad.

La victoria de la derecha en la Comunitat Valenciana y en Balears, también en Aragón, ha sido una mala noticia para el conjunto de la izquierda en España, pero es una noticia aún peor para cualquier política que pretenda desbloquear el Estado y encarrilar la crisis abierta en Catalunya por el independentismo unilateralista, encapsulado como quedará por unas comunidades vecinas gobernadas por el PP y Vox. En la agenda valenciana que Compromís ha pactado con Sumar figuran la reforma del injusto sistema de financiación autonómica con la consiguiente devolución de la deuda histórica que ha causado, la distribución de inversiones acorde con el peso poblacional de los territorios, la recuperación del derecho civil que la Constitución sí que reconoció a otras nacionalidades, el impulso al corredor ferroviario mediterráneo o la mejora de la red de trenes de Cercanías. No parecen cosas muy disparatadas. El disparate vendrá ahora con la derecha y la ultraderecha. El PP valenciano ya ha reiterado que hará una “ley de señas de identidad” como la que dejó aprobada antes de perder el poder en 2015 y que la nueva mayoría del Pacto del Botánico se apresuró a derogar: una norma censora que destila un obsceno anticatalanismo. Habrá que empezar a poner los pies en la tierra de nuevo. Los valencianistas, la gente progresista de este país en general, la conocen bien, en su virulencia y su irracionalidad. Esa sí que es una “guerra cultural”.